El miércoles 10 de abril, los eurodiputados adoptaron la reforma de la política migratoria de la Unión Europea, resultado de un difícil compromiso sobre un tema que lleva años alimentando tensiones y divisiones entre los 27 Estados miembros. El plan fortalece los controles de las llegadas a las fronteras del bloque y establece un sistema de solidaridad entre los Estados miembros. Organizaciones de Derechos Humanos expresaron su preocupación por la “detención de familias con niños” y la “criminalización” de los exiliados.
El miércoles 10 de abril, los eurodiputados aprobaron la profunda reforma de la política migratoria de la Unión Europea, fruto de un difícil compromiso sobre un tema que lleva años alimentando tensiones y divisiones entre los 27 Estados miembros.
El Parlamento Europeo votó a favor de los diez textos que componen este “Pacto sobre Migración y Asilo” durante una sesión plenaria en Bruselas que se vio brevemente interrumpida por las protestas de activistas contrarios a la reforma.
“Hemos hecho historia”, dijo una encantada Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. “Llevamos más de diez años trabajando en esto. Pero hemos cumplido nuestra palabra”.
Limita la inmigración irregular y por fin supone un alivio para los países especialmente afectados
“Un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Ese es el camino europeo”, reaccionó en X la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que saludó el “paso enorme para Europa”.
El canciller alemán, Olaf Scholz, se hizo eco de sus palabras, calificándolo de “paso histórico esencial” que “limita la inmigración irregular y por fin supone un alivio para los países especialmente afectados”.
“Gracias por haber tenido el valor de llegar a un compromiso”, dijo la Comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, calificándolo de “gran éxito”.
Este “Pacto sobre Migración y Asilo” endurece los controles de las llegadas a las fronteras del bloque y establece un sistema de solidaridad entre los Estados miembros.
La eurodiputada francesa Fabienne Keller afirmó que votar en contra del pacto es “dar una victoria a la extrema derecha europea. “Este pacto no lo resolverá todo, pero es un paso adelante, un paso de gigante”, añadió la legisladora, ponente de uno de los reglamentos clave sobre procedimientos de asilo.
La revisión de las normas se basa en una propuesta de la Comisión presentada en septiembre de 2020 tras el fracaso de un intento previo de reforma a raíz de la crisis de refugiados de 2015-2016.
Los alcances de la reforma migratoria
La reforma fue objeto de un acuerdo político en diciembre y se aprobó en febrero en la comisión parlamentaria, con el objetivo de su adopción definitiva antes de las elecciones europeas de junio. Sin embargo, los distintos ponentes de estos textos expresaron el martes su preocupación por el resultado de la votación.
Paralelamente a esta reforma, que no se aplicará hasta 2026, la UE está aumentando el número de acuerdos con los países de origen y tránsito de exiliados (Túnez, Mauritania, Egipto) en un intento de reducir el número de llegadas a sus fronteras.
La UE se enfrenta a un aumento de las solicitudes de asilo, cuyo número alcanzó los 1,14 millones en 2023, el nivel más alto desde 2016, según la Agencia Europea de Asilo. También aumentan las entradas “irregulares” en la UE, que llegarán a 380.000 en 2023, según Frontex.
La reforma introduce un “control” obligatorio de los migrantes que llegan a las fronteras de la UE, mediante su registro en la base de datos común Eurodac.
Se prevé un “procedimiento fronterizo” para los que estadísticamente tengan menos probabilidades de que se les conceda asilo: serán retenidos en centros mientras se examina su caso de forma acelerada, con el objetivo de devolver más rápidamente a los solicitantes de asilo rechazados.
Unas 161 organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Comité Internacional de Rescate y Oxfam, habían pedido a los eurodiputados que rechazaran el Pacto, expresando su preocupación por la “detención de familias con niños” y la “criminalización” de los exiliados.
“Derrumbe de valores”
Las mismas quejas se expresaron en la izquierda del espectro político. “Es un quiebre de valores”, denunció el político francés de Los Verdes Mounir Satouri. En la extrema derecha, en cambio, las nuevas normas se consideran insuficientemente restrictivas.
El martes, la Comisaria europea Ylva Johansson, impulsora de la propuesta del Pacto, denunció a “las fuerzas políticas que quieren que la inmigración sea un tema tóxico imposible de gestionar”.
Se mantendrá, con algunos ajustes, la norma actual según la cual el primer país al que un inmigrante entra en la UE es responsable de su solicitud de asilo. Pero para ayudar a los países a los que llega un gran número de exiliados, como Italia, Grecia y España, se ha establecido un sistema de solidaridad obligatoria.
Los demás Estados miembros deben contribuir haciéndose cargo de los solicitantes de asilo (reubicaciones) o aportando una contribución -financiera o material- al país bajo presión migratoria. Se trata de un intento de superar la oposición de Hungría y Polonia a cualquier cuota de refugiados, aunque estos dos países sigan siendo hostiles a la reforma.
Tras la votación, el Pacto aún debe ser aprobado formalmente por los Estados miembros. La Comisión Europea presentará un plan de aplicación antes de junio. Aún quedan muchas preguntas por responder, lo que aumenta la incertidumbre sobre cómo funcionará el sistema.
Con AFP
Este artículo fue adaptado de su original en francés
