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El robo de salario afecta más a trabajadores en industrias donde se concentra la mano de obra inmigrante

Autor: Univision

Este reportaje fue publicado en colaboración con el Center for Public Integrity, Univision y The Associated Press.

Audelia Molina, una inmigrante mexicana, ganaba 10 centavos por cada prenda que cortaba en una fábrica de Los Ángeles, la capital estadounidense del ensamblaje de ropa. Su salario era tan miserable que empezó a trabajar 11 horas por día para incrementar su producción. Cuando pidió un aumento de sueldo, un supervisor se lo negó; por lo que, en julio de 2017, renunció. Recurrió entonces a un abogado especializado en derechos laborales para que la ayudara a presentar una denuncia por sueldos no pagados ante la oficina del Comisionado del Trabajo de California.

Un año después, el estado descubrió que a Molina se le pagó, en promedio, $199 dólares a la semana, lo que violó la ley de horas extras y las regulaciones que estipulan que los trabajadores a destajo deben ganar al menos el salario mínimo estatal de $10.50 dólares por hora. Pero el empleador de Molina no le pagó los casi $23,000 dólares que le debía, sin incluir los honorarios de los abogados. Su mejor opción fue solicitar ayuda de un fondo estatal para trabajadores de la costura estafados, un mecanismo excepcional de protección que California financia con las tasas de registro de empresas.

A Molina le tomó dos años más recibir su cheque. Su antiguo empleador aún no ha reembolsado al fondo estatal, como se exige.

Molina, quien reside en California desde hace 30 años, quedó atrapada en un ciclo tóxico con siglos de antigüedad: los inmigrantes realizan algunos de los trabajos peor remunerados y más duros de Estados Unidos, y se encuentran entre los más perjudicados por los empleadores que no les pagan justamente. Incluso aunque cuenten con apoyo para presentar una demanda o un reclamo —ante una agencia laboral estatal, como hizo Molina, o ante el Departamento del Trabajo de Estados Unidos— a menudo llegan a un acuerdo por menos dinero para recibirlo antes, o deben esperar mientras los casos se alargan.

“Pagan lo que ellos quieran pagar”, dice Molina, quien ahora tiene 58 años, refiriéndose en general a los peores empleadores de las maquiladoras de ropa que ha tenido a lo largo de los años. “Lo que les interesa”, dijo, “es que el trabajo se haga, y rápido”.

Al igual que los ciudadanos estadounidenses, cualquier persona que no sea ciudadana y cuyo trabajo esté cubierto por la Ley de Normas Laborales Justas tiene derecho a que se le paguen las horas extras después de 40 horas y el salario mínimo por hora. Pero no es raro que los trabajadores inmigrantes, indocumentados o no, enfrenten intimidación por parte de los empleadores cuando hacen valer sus derechos, lo cual es ilegal.

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos, que opera en todos los estados, no les pregunta a las víctimas de presuntos robos de salarios si son inmigrantes. La agencia estipula claramente que las denuncias se revisan independientemente del estatus migratorio de los trabajadores. Sin embargo, un análisis del Center for Public Integrity de los datos del Departamento del Trabajo y de la Oficina del Censo de Estados Unidos reveló que las industrias con mayores porcentajes de trabajadores nacidos en el extranjero tenían mayores tasas de robo de salarios.

A nivel nacional, el 16% de los trabajadores estadounidenses son nacidos en el extranjero. En cambio, el 42% de los trabajadores en las fábricas de prendas de vestir son inmigrantes. Es uno de los porcentajes más altos de empleados inmigrantes del país. El análisis del Center for Public Integrity también reveló que la industria de la maquila de ropa tenía la segunda tasa más alta de casos de incumplimientos de salarios federales en los últimos 15 años.

Otras industrias con un número importante de trabajadores inmigrantes y problemas de robo de salarios incluyen a la agricultura, el mantenimiento de edificios, la hostelería, restaurantes y otros servicios alimentarios. En algunas regiones, los inmigrantes y los problemas salariales también se concentran en la construcción, los asilos de ancianos, los almacenes y los lavaderos de autos.

La AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales), la mayor organización sindical estadounidense, ha dicho desde hace mucho tiempo que es crucial que se apruebe una vía de legalización para millones de trabajadores indocumentados, con el fin de reducir el robo salarial que perjudica a todos los empleados. Tras años de estancamiento, los demócratas que ahora controlan el Congreso intentan con dificultad impulsar propuestas de regularización para algunos de los indocumentados, la mayoría de los cuales llevan años aquí, con fuertes lazos familiares y profundamente arraigados en las economías locales.

“La inmigración es integral al crecimiento económico de la nación”, según reveló un influyente informe de la Academia Nacional de Ciencias en 2016, que examinó estudios realizados sobre trabajadores documentados e indocumentados.

“Si la economía estadounidense crece y necesita más trabajadores tanto para sustituir a los que se jubilan como para crear nuevas empresas e industrias, la principal fuente de trabajo serán los inmigrantes de primera y segunda generación”, indicó el reporte.

En Los Ángeles, nadie niega que haya trabajadores indocumentados entre los 45,000 inmigrantes latinos y asiáticos que cosen las mismas prendas que luego terminan en tiendas de lujo y otros comercios minoristas. Cuando comenzó la pandemia el año pasado, algunos trabajadores de las fábricas de ropa comenzaron a producir mascarillas y otros equipos de protección cruciales. Unos 300 trabajadores contrajeron el coronavirus en una fábrica, Los Angeles Apparel, y seis murieron.

“La pandemia puso de manifiesto el problema de la gran cantidad de trabajadores inmigrantes, especialmente de indocumentados, que eran trabajadores esenciales”, dijo Víctor Narro, director de proyectos del Centro Laboral de la Universidad de California en Los Ángeles. “¿Qué vamos a hacer ahora por ellos?”

Narro apoya un camino hacia el estatus legal — así como un proyecto de ley que el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 27 de septiembre, que prohibirá el pago a destajo para los trabajadores de la costura, a menos que sea adicional a un salario por hora y parte de un contrato de negociación colectiva. El personal del Garment Worker Center (Centro de Trabajadores de Costura), una organización sin fines de lucro en Los Ángeles en la que Molina aprendió sobre sus derechos laborales, presionó durante años a favor del proyecto de ley.

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El personal del centro dice que los reclamos salariales que han ayudado a presentar mostraban un salario promedio de unos $5 dólares por hora — una cifra que no está ni cerca de los umbrales legales. La ley, en vigor a partir de 2022, también amplía la responsabilidad por robo de salarios a los minoristas que hagan contratos con las fábricas.

Narro espera que haya más reformas que agilicen el cobro de los salarios no pagados para que se haga justicia de entrada y luego se continúen las mejoras en el sistema.

Un siglo de explotación de los inmigrantes

La lucha por una remuneración justa en California evoca una época de principios del siglo XX, cuando trabajadores de la costura procedentes de Europa lucharon por unas protecciones que acabaron consagrándose en la Ley de Normas Laborales Justas de 1938.

Los inmigrantes trabajaban en condiciones peligrosas que llevaron al incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, en 1911. Las llamas envolvieron un edificio y murieron 146 personas, 125 de ellas mujeres y niñas inmigrantes. Indignados, los trabajadores lucharon por leyes de seguridad y de trabajo infantil y le dieron ímpetu a la implementación de un salario mínimo nacional. Sin embargo, cuando se aprobaron las regulaciones, la inmigración estaba disminuyendo rápidamente, reducida por políticas nativistas, con cuotas y exclusiones.

Para 1970, con el levantamiento de las políticas nativistas, la inmigración legal volvió a crecer. Pero entre 1990 y 2007, la población indocumentada se triplicó. Esto creó un grupo sin precedentes de casi 11 millones de personas que son más vulnerables a los abusos en el lugar de trabajo — y que trabajan en comunidades de costa a costa.

Este agosto, debido a presuntos abusos, funcionarios laborales estadounidenses obtuvieron una orden preliminar que le prohíbe al propietario de una panadería de Danbury, Connecticut, “tomar represalias, emprender cualquier acción adversa o amenazar con emprender cualquier acción adversa” contra los empleados. El Departamento del Trabajo alega que el propietario de Padaminas NY Bakery les dijo a los trabajadores que los despediría o denunciaría ante agentes de inmigración si hablaban con funcionarios laborales que estaban investigando las prácticas de empleo de la panadería. El personal colgó cuando se le contactó por teléfono para que comentara sobre las acusaciones.

En mayo, funcionarios laborales federales le ordenaron a un contratista del condado de Los Ángeles, California, que producía prendas para la marca Anna Bella, que pagara a 10 empleados un total de $5,846 dólares por salarios atrasados. El departamento también le exigió desembolsar $3,485 dólares por concepto de sanciones por infracciones “dolosas” relacionadas con la contabilidad y los pagos en efectivo a los trabajadores.

Aunque los funcionarios no indagan sobre el estatus migratorio, sus investigaciones los llevan a menudo a empresas que emplean a “mucha gente de color y grandes poblaciones inmigrantes”, señaló, Rubén Rosalez, director regional encargado de leyes de salario y horas para la costa oeste, con sede en California, del Departamento del Trabajo de EEUU.

“Estamos en 2021”, dijo Rosalez. “Para tener un salario mínimo, las violaciones del salario mínimo federal en la industria de la confección deberían ser inauditas. Pero no lo son. En realidad son bastante comunes”.

Las autoridades laborales estadounidenses se encargan de hacer cumplir el salario mínimo federal de $7.25 dólares por hora. Si los estados o las jurisdicciones locales tienen mínimos por hora más altos, su implementación recae sobre funcionarios estatales o locales. Ambos implementan la ley federal de horas extras, que exige el pago de jornada y media por el trabajo de más de 40 horas a la semana.

El salario mínimo local por hora del condado de Los Ángeles pasó a ser de $15 dólares a partir del 1 de julio de este año.

Con la intención de impedir el robo de salarios, el Garment Worker Center pasó años convenciendo a los legisladores de California para que le pusieran fin al pago a destajo en las maquiladoras y ampliaran la responsabilidad de los incumplimientos salariales para incluir a los minoristas. La Cámara de Comercio de California contraatacó. Calificó al proyecto de ley como un “asesino de empleos” y alegó que las empresas de moda huirían del estado en busca de fábricas más baratas en el extranjero y en otros estados. La Cámara también alegó que el pago a destajo es un beneficio para algunos trabajadores.

Pero durante el gobierno del ex presidente Barack Obama, agentes laborales federales investigaron 77 veces en un gran operativo a maquiladoras de ropa de Los Ángeles, y descubrieron infracciones en el 85% de las fábricas bajo revisión y $1.3 millones de dólares en salarios no pagados.

Los funcionarios también investigaron el tiempo y el costo de producción de las prendas y descubrieron que los incentivos para el robo de salarios comenzaban con los precios: como promedio, el precio por prenda que los fabricantes recibían de los minoristas era solo el 73% del precio necesario para poder pagarles a los trabajadores incluso el salario mínimo exigido. En algunos casos, los minoristas pagaban $4 dólares por prenda, en lugar de los $10 dólares necesarios.

La agencia laboral estatal de California es robusta, con personal que revisa las quejas y también realiza investigaciones e inspecciones sorpresa. Los inspectores también colaboran con el Garment Worker Center y otros defensores para identificar empresas sospechosas. Así es como agentes estatales descubrieron recientemente una presunta trama para privar a empleados de restaurantes de horas extras. Trabajadores inmigrantes de una serie de franquicias de Baja Fresh, en la zona de Los Ángeles, se pusieron en contacto con el Restaurant Opportunities Center (Centro de Oportunidades para Restaurantes), un grupo local de defensa. El centro ayudó a los trabajadores, en su mayoría latinos, a prepararse para una investigación de la oficina de la Comisionada del Trabajo.

La investigación culminó en marzo cuando la oficina de la Comisionada del Trabajo emitió una citación a G & D Investments, Inc., que administra varios restaurantes Baja Fresh en la zona de Los Ángeles, así como a siete entidades relacionadas y a sus directores generales. La citación los acusa de hacer rotar a los trabajadores entre restaurantes para que trabajaran dobles turnos, incumpliendo el pago de las horas extras. El comisario dijo que las empresas y sus directores generales les deben a 188 trabajadores un total de más de $375,800 dólares en concepto de salarios mínimos, horas extras, sanciones y daños y perjuicios. Han apelado la citación y se espera una audiencia en breve. Baja Fresh y G & D Investments no devolvieron varias llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico en busca de comentarios.

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Cuando los trabajadores consideraron quejarse, “algunos tuvieron mucho miedo”, dijo la ex empleada Rocío Martínez, de 30 años de edad. Los gerentes a menudo la instaban a trabajar dobles turnos, y a veces hacían comentarios que hacían que los trabajadores se sintieran impotentes, dijo.

“Escuchabas cosas como: ‘No puedes tomar un break. Eres ilegal’”, dijo. “Se decía como si fuera un chiste. Pero en realidad no lo era”.

Robos a las familias inmigrantes

Narro y otros investigadores de la UCLA llevan años escuchando historias como estas.

Múltiples informes del Centro Laboral de la UCLA han advertido desde hace mucho tiempo sobre una “crisis” de robo de salarios que despoja de dinero a las familias inmigrantes de California. Un informe de 2010 calculó que los trabajadores con salarios bajos, en su mayoría inmigrantes, en el condado de Los Ángeles perdieron un promedio de más de $2,000 dólares anuales, lo cual representa más de $26 millones de dólares a la semana.

Las revisiones de las quejas por salarios no pagados pueden tomar meses, incluso años, admiten los funcionarios estatales. El proceso incluye intentos de conciliación, audiencias y apelaciones que pueden terminar en los tribunales. Y al final, algunas empresas simplemente no pagan.

La falta de pago de los empleadores a los trabajadores de la costura era un problema tan enconado hace 20 años que los legisladores californianos crearon el Fondo de Restitución de la Costura, financiado mediante la deducción de $75 dólares de las tasas de registro anuales de cada fabricante. A los empleadores se les notifica que deben reembolsarle al fondo.

Sin embargo, las querellas de los trabajadores se dispararon conforme surgían maquiladoras clandestinas en Los Ángeles, que empezaron a competir por los contratos prometiendo una producción barata. Para 2018, el fondo ya estaba quebrado. Como había cientos de personas esperando los cheques, los legisladores en 2019 transfirieron $16.3 millones de dólares al fondo procedentes de otros tipos de tasas comerciales y fondos generales.

La Comisionada del Trabajo de California, Lilia García-Brower, afirma que el estado tiene que hacer un mejor trabajo.

“Cada día, una persona trabajadora aporta su mano de obra y le roban su salario”, dijo en un acto en Los Ángeles en febrero. Colaborará con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles para obligar a los empleadores a pagar cuando se dicte una sentencia, afirmó.

La oficina de García-Brower cuenta con una Unidad de Ejecución de Sentencias para tomar medidas que presionen a los empleadores para que paguen los salarios adeudados. La oficina también ofrece un folleto en línea que explica cómo los propios trabajadores pueden intentar cobrar su dinero. Las víctimas pueden obtener un derecho de embargo sobre las propiedades del empleador y esperar obtener una parte de los beneficios si algún día se venden. También pueden intentar recurrir a los sheriffs para que embarguen el dinero. Pero ambas opciones, dicen los defensores, requieren muchísimo papeleo y tarifas que a los inmigrantes les es difícil costear.

También hay retos en otros estados

Los inmigrantes pueden encontrarse aún más límites para cobrar los salarios no pagados en otros estados.

En Houston, Texas, el Centro de Trabajadores Fe y Justicia ayuda a los inmigrantes que han sido engañados negociando directamente con sus empleadores. Se calcula que la región metropolitana de Houston alberga a medio millón de residentes indocumentados que realizan toda una serie de trabajos, como la construcción, el lavado en seco, la jardinería y el trabajo en almacenes. Cuando los trabajadores presionan para que se les pague lo que se les debe, algunos empleadores intentan desalentarlos, dijo Jessica Lorena Rangel, gerente del Centro Legal de Consulta Comunitaria del grupo.

“Los empleadores les llenan la mente de cosas; por ejemplo, les dicen: ‘No puedes hacer nada contra mí, tienes que aguantarte por tu estatus. Ni siquiera deberías estar trabajando. Te estoy haciendo un favor'”, dijo Rangel.

En un año, el grupo recibió más de 540 llamadas en las que se acusaba a empleadores de no pagar al menos $1.36 millones de dólares en salarios. Algunas víctimas recurren a los tribunales para reclamaciones de pequeñas cuantías, dijo Rangel, pero enfrentan problemas similares a los de California para cobrar lo que se les debe. La Comisión Laboral de Texas acepta las reclamaciones. Pero muchos inmigrantes rotan entre obras de construcción y otros lugares de trabajo, y se les considera contratistas independientes que no pueden recurrir a la Comisión.

En Florida, otro estado con gran número de inmigrantes, no hay ningún organismo estatal que se dedique por completo a investigar el robo de salarios o a revisar los reclamos. El departamento de trabajo estatal se eliminó en 2002. Los condados de Alachua, Broward, Hillsborough, Miami-Dade, Pinellas y Osceola tienen ordenanzas antirrobo con distintas versiones de procedimientos de quejas. En Miami-Dade, a los trabajadores se les orienta hacia un servicio que media las disputas por unos $1,800 dólares como promedio, según Gregory Baker, administrador de la Oficina de Protección al Consumidor del condado, donde radica el programa.

“No abogamos por ninguna de las partes”, dijo Baker. Si los empleadores no cumplen un acuerdo, también les corresponde a los trabajadores buscar recursos legales para cobrar.

En Nueva York, los trabajadores no remunerados pueden acogerse a un sistema estatal similar al de California. Pero en el área metropolitana de Nueva York — donde posiblemente haya un millón de indocumentados — el abogado Lou Pechman dijo que los grupos de trabajadores están optando cada vez más por presentar demandas en los tribunales federales.

Pechman representa a conserjes inmigrantes que limpiaron un almacén y centros de distribución de Wayfair en Nueva Jersey el año pasado. Los trabajadores alegan que su empleador, DME Janitorial Services, con sede en Nueva Jersey, les pagaba entre $12 y $16 dólares la hora, sin horas extras aunque trabajaban hasta 90 horas a la semana.

“Los demandantes fueron trabajadores esenciales durante la pandemia, pues garantizaban que las instalaciones que limpiaban estuvieran desinfectadas según los protocolos y requisitos contra el covid-19”, dice la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva Jersey. En una presentación judicial, la empresa niega haber violado las leyes salariales y, entre otras defensas, dice que actuó “de manera apropiada y comercial… [sin] malicia o intención de perjudicar”.

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“Solo está diciendo la verdad”

En California, las experiencias de los trabajadores de las fábricas de ropa demuestran cuán importantes han sido las organizaciones de defensa para que los inmigrantes ejerzan sus derechos. Después de convertirse en costurera, Audelia Molina rara vez llevaba a casa más de $300 dólares por semana. Hace diez años, una compañera de trabajo la animó a inscribirse en un programa de derechos laborales en el Garment Worker Center.

“Nunca pude estudiar mucho en México”, dijo Molina. “Cuando entré al programa comencé a perder mi nerviosismo, mi vergüenza. Comencé a hablar con más seguridad”.

En 2017, con el apoyo moral de su familia, esta madre de tres hijos ya mayores dejó el trabajo que la llevó a presentar una denuncia. Un año después, testificó en una audiencia de la Comisionada del Trabajo sobre su antiguo empleador, Callaway Fashion, Inc. “Una se dice a sí misma que no hay razón para ponerse nerviosa porque sólo está diciendo la verdad”, dijo.

Un documento de la decisión de la Comisionada del Trabajo dice que Callaway Fashion y su propietario no respondieron a la denuncia ni se presentaron a la audiencia. El estatus corporativo de la empresa fue suspendido por el Departamento de Impuestos Estatales, pero el estado no dice por qué. Para apoyar su caso, Molina presentó notas que había guardado documentando los días y el tiempo trabajados, la producción y las diversas marcas que cosía. Un año después, el funcionario de audiencias le ordenó a la fábrica y a su ejecutivo que le pagaran a Molina más de $39,300 dólares — por horas extras y otras infracciones, así como una cuantiosa indemnización por daños y perjuicios. El funcionario también le ordenó a Callaway que le pagara a Molina más de $21,400 dólares en concepto de honorarios de abogados como castigo adicional — una sanción que el fondo de costura no cubre y que el empleador tampoco ha pagado.

La ley de California ya permite responsabilizar a marcas que contratan directamente con fábricas que han dejado de pagar salarios, de una forma que sea proporcional al trabajo realizado para estas, pero los trabajadores deben aportar pruebas de ese vínculo y del trabajo.

Antes de su audiencia, Molina llegó a un acuerdo con la marca Jasmine Sportswear por $900 dólares y con otras seis marcas por más de $6,600 dólares. Posteriormente, el funcionario de audiencias condenó a Kjen Apparel, Inc. a pagarle más de $4,570 dólares y a Du North Designs, Ltd., a pagarle más de $3,220 dólares.

Matthew DeCarolis, abogado de Molina, dijo que no es inusual que pequeñas fábricas como Callaway ignoren las quejas salariales y cierren abruptamente o se declaren en bancarrota. DeCarolis es abogado del grupo jurídico Bet Tzedek de Los Ángeles, que les ofrece ayuda gratuita a los trabajadores.

“He tenido clientes que son empleados en el sector de la costura”, dijo, “que se presentaron a trabajar y, literalmente de la noche a la mañana, la fábrica había desaparecido, con máquinas y todo”.

El Center for Public Integrity llamó a dos números asociados a Callaway Fashion que han sido desconectados.

Otra trabajadora de la costura de Los Ángeles, una inmigrante guatemalteca, presentó una denuncia porque un supervisor presuntamente la despidió después de una investigación federal de robo de salarios en 2017.

“Yo no fui la persona que se quejó. Lo único que hice fue hablar con los investigadores cuando vinieron a la fábrica”, dijo la empleada, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.

Los agentes federales le hicieron preguntas sobre su horario de trabajo. Y un funcionario la contactó después para decirle que su empleador, Boss Collection, Inc., le debía $4,000 dólares por salarios no pagados por tres meses de trabajo. Los registros federales muestran que a la empresa se le ordenó pagarles un total de $35,000 dólares a 11 trabajadores en 2017.

Después de recibir su cheque de $4,000 dólares, la inmigrante guatemalteca dijo que un supervisor se les enfrentó, a ella y a otras trabajadoras, y les ordenó que cobraran los cheques para luego devolverle el dinero. Ella se negó, pero otras sí aceptaron. La trabajadora fue despedida con un último sueldo de $570 dólares.

“Me fui llorando porque tengo una familia que mantener”, dijo. La empujó y “trató como si fuera un perrito”, señaló la empleada.

Meses después, el personal del Garment Worker Center la ayudó a presentar su propia denuncia ante la Comisionada del Trabajo de California por salarios adicionales no pagados en un período de dos años. Boss Collection nunca respondió a la querella. La empresa cerró en septiembre de 2018, según muestran los registros. Los administradores del edificio donde se encontraba la fábrica no tenían información de contacto ni de la empresa ni de su ejecutivo.

En una audiencia de 2019, la trabajadora testificó sobre su despido y los turnos de 11 horas que soportaba sin descansos. El funcionario de audiencias determinó que Boss Collection le debía más de $92,000 dólares en horas extras y descansos no pagados, daños y perjuicios y otras sanciones e intereses. Antes de la audiencia, la trabajadora llegó a un acuerdo por $4,000 dólares con cada una de las tres marcas, Entro, Mana USA y Ashley USA.

Debido a la incertidumbre sobre quién supervisaba a los trabajadores, al propietario del negocio no se le consideró personalmente responsable. Al igual que Molina, la inmigrante guatemalteca recibió su dinero del fondo de costura — tres años después de presentar su reclamo.

“Gané”, dijo, casi con incredulidad.

Funcionarios laborales intentaron cobrar el reembolso para el fondo de costura. El 21 de enero de 2020, el estado le envió a Boss Collection una carta final de demanda y una notificación de embargo por el caso de la inmigrante guatemalteca. Los funcionarios le enviaron el mismo tipo de documentos a Callaway Fashion, el antiguo empleador de Audelia Molina, el 24 de mayo de 2019.

Hasta ahora, según los funcionarios, el estado no ha recuperado ni un centavo de ninguna de las dos empresas.

Univision tradujo la versión en español de este artículo.

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