La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido este lunes a la administración Trump cancelar las protecciones temporales que han autorizado a casi 350.000 venezolanos permanecer en Estados Unidos por razones humanitarias.
La administración Biden creó el estatus de protección para los venezolanos en 2021 y 2023, al considerar que la agitación económica y política bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro hacía que fuera demasiado riesgoso deportar a los migrantes de regreso a su país de origen.
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Trump había pedido la intervención del Tribunal Supremo después de que dos juzgados menores le hubieran prohibido levantar la protección a los mas de 200.000 venezolanos que residen en Estados Unidos. Algunos, que tenían delitos, ya han sido deportados, y el resto tendrá hasta septiembre para irse o solicitar un estatus de residente legal.
El secretario de Seguridad Nacional puede designar a grupos de inmigrantes para que reciban estatus de protección si desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias, pero temporales, generan temores por la seguridad de los migrantes si fueran devueltos a sus países de origen. El programa está previsto que finalice cuando las condiciones mejoren.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, anuló la extensión de Biden en febrero, antes de que entrara en vigor, alegando que los venezolanos eran una carga para los recursos locales y, dado que algunos fueron acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, representaban una amenaza para la seguridad pública.
En febrero, siete migrantes venezolanos y una organización sin fines de lucro demandaron al gobierno de Trump para bloquear la cancelación del estatus de protección para los venezolanos. Un juez federal del norte de California suspendió la acción del presidente Donald Trump, dictaminando que la cancelación del estatus de protección violaba las normas procesales y probablemente se debió a la animosidad racial.
A principios de este mes, la administración Trump pidió al Tribunal Supremo que allanara el camino para deportar a más de 530.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a quienes se les ha permitido permanecer en Estados Unidos mientras se desarrollan los procedimientos de asilo y deportación.
