El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde este jueves para que el Gobierno deporte hacia Sudán del Sur a un grupo de inmigrantes que llevan varias semanas en una base militar en Yibuti. Se trata de ocho hombres, la mayoría de origen latino y asiático, que aterrizaron en esa pequeña nación africana luego de que un juez federal asegurara que, con este caso, la Administración Trump había violado una orden emitida por él, que bloqueaba la expulsión de migrantes hacia terceros países sin previo aviso ni oportunidad de que defendieran sus derechos humanos.
Sin embargo, ahora el máximo tribunal permitió que estos hombres sean enviados a Sudán del Sur, un territorio que actualmente atraviesa una de las crisis humanitarias más alarmantes del mundo, marcada por la violencia armada y los desplazamientos masivos.
El 23 de junio pasado, el Tribunal Supremo había respondido a una solicitud que realizó el presidente en mayo, pidiendo autorización para deportar a personas indocumentadas hacia países distintos al suyo. La decisión de la corte al respecto fue suspender la orden del juez Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts.
Luego, el Departamento de Justicia solicitó que el Supremo aclarara que dicha decisión también aplicaba para los ocho inmigrantes varados en Yibuti, pues Murphy había expresado que, a pesar de que su orden primaria había quedado sin efecto, todavía continuaba vigente su fallo sobre los migrantes varados. “Mantiene su plena vigencia”, dijo Murphy sobre este tema. La expresión fue tomada por el Departamento de Justicia como un “acto de desafío ilegal”, que ha frenado los “intentos legales de finalizar la largamente demorada expulsión de esos extranjeros a Sudán del Sur” y ha interrumpido las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
En su resolución, el alto tribunal ordenó al magistrado Murphy que deje de aplicar cualquier medida que impida este tipo de deportaciones, incluyendo una orden correctiva emitida el 21 de mayo, que protegía a los varados en Yibuti. Con esto, la máxima corte del país dejó claro que tanto esa orden como la original dictada el 18 de abril, la cual obligaba al Gobierno a dar entrevistas de miedo creíble antes de expulsar a los migrantes, quedaban sin efecto.
La jueza liberal Sonia Sotomayor criticó la decisión de este jueves, asegurando que la máxima autoridad judicial del país está a disposición del actual Gobierno. “La orden de hoy aclara solo una cosa: los demás litigantes deben seguir las reglas, pero la Administración tiene al Tribunal Supremo en marcación rápida”, manifestó Sotomayor. El 23 de junio, la magistrada también había emitido opiniones en contra de la decisión tomada, al calificarla como un abuso de poder flagrante que dejaba expuestas a “miles de personas al riesgo de tortura o muerte”.
Por otra parte, la jueza liberal Elena Kagan coincidió con el voto de la mayoría este jueves. “No veo cómo un tribunal de distrito puede obligar al cumplimiento de una orden que este tribunal ha suspendido”, aseguró.
