La Fundación de la Iglesia Protestante de Diyarbakir, establecida en 2019 para servir a los cristianos protestantes en una de las principales ciudades del sureste de Turquía, enfrenta una discriminación abierta por parte del gobierno mientras lucha por adquirir terrenos destinados a edificios religiosos para construir un nuevo centro de culto.
Más de 100 cristianos protestantes asisten a los servicios religiosos en la iglesia de Diyarbakir, lo que requiere un espacio más grande para acomodar a la congregación. Sin embargo, a pesar de las repetidas solicitudes, las autoridades han negado o ignorado continuamente las solicitudes, afirmando que carecen de la autoridad necesaria para aceptar dichas solicitudes, dijo el grupo de defensa legal ADF International.
“La tierra en cuestión ha sido designada específicamente para uso religioso, pero el gobierno está discriminando a la iglesia porque no está asociada con la religión preferida del estado”, dijo la directora de Defensa de la Libertad Religiosa Global del grupo, Kelsey Zorzi. “La persecución sistémica y burocrática no sólo es una violación directa del derecho humano básico a la libertad religiosa sino también de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Turquía. La discriminación debe terminar”.
Actualmente, la fundación se reúne en un espacio reducido e inadecuado para su creciente membresía, lo que desató una batalla legal por un lugar de culto adecuado.
En su lucha por la justicia, la fundación, apoyada por ADF International, está impugnando la decisión del tribunal, que ha sentado un precedente preocupante que impide el establecimiento de nuevas instalaciones religiosas bajo las leyes de planificación urbana existentes.
Orhan Kemal Cengiz, abogado principal en Turquía de ADF International, describió la situación como una infracción crítica de uno de los derechos humanos más fundamentales: la libertad de religión. “Los cristianos enfrentan numerosas barreras legales y prácticas cuando desean establecer un lugar de culto legalmente reconocido en Türkiye”, dijo.
La situación es parte de un patrón de discriminación religiosa en Turquía, donde la creciente islamización y el nacionalismo del gobierno han creado importantes barreras para la minoría cristiana.
La nación de unos 83 millones de habitantes es predominantemente musulmana, y los cristianos suman alrededor de 170.000. Los obstáculos legales y burocráticos se han convertido en un desafío común para los cristianos, que a menudo limitan sus derechos y libertades.
Al menos 185 ministros protestantes de Asuntos Exteriores han sido deportados de Turquía desde 2018 con el pretexto de la seguridad nacional. Estas expulsiones a menudo implican códigos de seguridad confusos como el N-82, utilizado para excluir a personas consideradas amenazas al orden público. En particular, David Byle y los Wilson, una pareja de misioneros, representan sólo algunos de los que han sido obligados a abandonar el país con tales pretextos, con una justificación mínima y un acceso restringido a recursos legales.
En junio, el Tribunal Constitucional de Turquía confirmó la expulsión de nueve trabajadores cristianos extranjeros y dictaminó que el controvertido código de inmigración N-82, que designa a estos individuos como riesgos para la seguridad nacional, estaba dentro de la amplia discreción de las autoridades públicas en materia de inmigración y controles fronterizos.
La disidencia dentro del tribunal, como la opinión expresada por el presidente del Tribunal Constitucional, el juez Zühtü Arslan, sugirió una falta de justificación concreta para estas expulsiones.
La comunidad internacional, incluidos los obispos europeos, ha expresado preocupación por las políticas de Turquía hacia los cristianos, particularmente a la luz de la reciente conversión de la Iglesia de San Salvador en Chora en mezquita. Esta transformación, tras la conversión anterior de la Basílica de Santa Sofía, ha sido criticada como un esfuerzo por borrar la presencia cristiana histórica en el país, socavando la credibilidad de cualquier diálogo interreligioso promovido por las autoridades turcas.
