El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE UU (CBP) ha anulado discretamente varias políticas internas destinadas a proteger a algunas de las personas más vulnerables bajo su custodia, como mujeres embarazadas, niños, ancianos y personas con enfermedades graves.
La decisión, expuesta en un memorando fechado el 5 de mayo y firmado por el comisario en funciones Pete Flores, elimina cuatro políticas de la era Biden promulgadas en los últimos tres años. Estas políticas estaban destinadas a abordar los fracasos de larga data de CBP para proporcionar una atención adecuada a los detenidos que están en mayor riesgo, fallos que, en algunos casos, han resultado fatales.
Por debajo de la mesa
El memorando del 5 de mayo se distribuyó internamente a los altos mandos de la agencia, pero no se anunció públicamente.
La CBP justificó el retroceso afirmando en el memorando (titulado ‘Rescission of Legacy Policies Related to Care and Custody’ -Rescisión de las políticas heredadas relacionadas con el cuidado y la custodia- que las políticas eran “obsoletas” y “desalineadas” con las actuales prioridades de aplicación de la agencia.
En conjunto, las políticas ahora derogadas establecían normas para los detenidos con mayores necesidades médicas, exigiendo, por ejemplo, el acceso al agua y los alimentos para las personas embarazadas, garantizando la privacidad de las madres lactantes, y ordenando que los pañales y la fórmula no caducados se almacenaran en las instalaciones de detención. También dieron instrucciones a los agentes para que procesaran a las personas en situación de riesgo lo más rápidamente posible a fin de limitar el tiempo de detención.
Cultura de crueldad
“Es atroz y no es más que una extensión de la cultura de crueldad que la administración está intentando perpetrar”, denuncia Sarah Mehta, subdirectora de asuntos gubernamentales de la División de Igualdad de la ACLU. Rescatar las políticas, “es una declaración condenatoria sobre la forma en que esta administración piensa y se preocupa por las personas con niños pequeños”, opina.
La CBP no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de WIRED.
La CBP, una de las mayores agencias policiales del mundo, es la principal responsable de detener a las personas que cruzan la frontera estadounidense sin autorización. Mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) supervisa la detención a largo plazo y los procedimientos de deportación, la CBP se encarga de las primeras fases de la custodia, cuando los inmigrantes son retenidos y procesados en instalaciones de corta duración que han suscitado reiteradas críticas por la deficiente atención médica y el hacinamiento.
En enero, el Comité Judicial del Senado publicó un informe condenatorio que revelaba disfunciones en las operaciones médicas de la CBP. La investigación reveló una escasez crónica de personal, un uso inadecuado de los sistemas de historiales médicos y orientaciones vagas o inexistentes para el tratamiento de niños, mujeres embarazadas y otras personas con necesidades médicas complejas.
Solicitud de ayuda ignorada
El informe fue motivado por la muerte de Anadith Danay Reyes Álvarez, de 8 años, que falleció en mayo de 2023 en una instalación del CBP en Harlingen, Texas. La niña panameña, que tenía un historial conocido de problemas cardíacos y anemia falciforme, al parecer suplicó ayuda junto con su madre. Ambas fueron ignoradas. Murió bajo custodia, sus últimas horas transcurrieron en un centro cuyo personal no estaba equipado, y al parecer no estaba dispuesto, a proporcionarle cuidados críticos.
“Justo la semana pasada, en cartas a la administración Trump, planteé serias preocupaciones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el trato humano de las personas detenidas, particularmente a la luz de los repetidos informes de maltrato de detenidos y atención médica inadecuada”, señala a WIRED el senador estadounidense Dick Durbin, ex presidente del Comité Judicial del Senado y actual miembro de alto rango. “En lugar de tomar medidas para corregir el curso, la administración Trump rescindió varias políticas internas destinadas a proteger a algunas de las personas más vulnerables bajo custodia de la CBP, incluidas mujeres embarazadas, niños, ancianos y personas con afecciones médicas graves. Esto es inaceptable. Somos una nación de valores, y estos valores deben estar representados en el cuidado de las personas vulnerables bajo la custodia de nuestro gobierno.”
Las reversiones de políticas han llegado a definir las tácticas de inmigración de la administración Trump, desde intentos de revocar el estatus de 500,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que viven legalmente en los Estados Unidos, hasta la purga de visas de estudiante. En enero, un día después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional revirtió una política de la era Biden que prohibía a los agentes del ICE y la CBP detener a personas en “áreas protegidas”, incluidas escuelas, lugares de culto y hospitales.
A medida que el número de personas detenidas por el ICE ha aumentado (alcanzando aproximadamente 47,928 en abril, según el Transactional Records Access Clearinghouse) las detenciones en la frontera sur de EE UU han disminuido drásticamente, cayendo a niveles no vistos en décadas.
La CBP indica que su personal continuará siguiendo normas más amplias bajo los Estándares Nacionales de Transporte, Escolta, Detención y Búsqueda (TEDS), y permanecerá obligado por el acuerdo Flores, que requiere que los niños reciban habitaciones seguras e higiénicas. La administración Trump ha argumentado anteriormente que el acuerdo original no requiere que a los niños se les permita dormir o lavarse con jabón.
Artículo originalmente publicado en WIRED. Adaptado por Mauricio Serfatty Godoy.
