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El presidente Donald Trump ha popularizado teorías jurídicas antes consideradas impensables para justificar sus políticas de inmigración.
Poco después de que la Corte Suprema anunciara en abril que estudiaría la congelación a escala nacional de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump por la que se ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el mandatario habló alegremente con los periodistas en el Despacho Oval.
Trump dijo que estaba “muy contento” de que los jueces se ocuparan de la cuestión de la ciudadanía porque había sido “muy malinterpretada”. Dijo que la Decimocuarta Enmienda —que durante mucho tiempo se consideró que concedía la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos— en realidad “trata de la esclavitud”.
“No se trata de que lleguen turistas y toquen un trozo de arena y de repente haya ciudadanía”, dijo Trump, y añadió: “Todo se trata de la esclavitud”.
Durante más de un siglo, la mayoría de los académicos y los tribunales han estado de acuerdo en que, aunque la Decimocuarta Enmienda se añadió a la Constitución después de la Guerra Civil, esta no se trata en su totalidad, de hecho, sobre la esclavitud. Por el contrario, los tribunales han sostenido que la enmienda ampliaba la ciudadanía no solo a los hijos de antiguos esclavos, sino también a los bebés nacidos dentro de las fronteras de Estados Unidos.
La idea de que la enmienda podría no hacerlo se consideró en su día una teoría poco ortodoxa, promovida por un profesor de derecho poco conocido de California llamado John Eastman y sus colegas del Instituto Claremont, un centro de pensamiento conservador, el mismo profesor que más tarde proporcionaría a Trump argumentos jurídicos que este utilizó para intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
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