LONDRES, 15 abr (Reuters) – El Parlamento británico está a punto de aprobar una ley que el primer ministro, Rishi Sunak, espera que allane el camino para que el Gobierno envíe a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen a Reino Unido sin permiso.
El pasado noviembre, el Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal esta política, pero Sunak afirma que la nueva redacción anula cualquier duda legal y cumplirá así su promesa de detener la llegada de personas a través del canal de la Mancha en pateras.
A continuación se ofrecen detalles sobre el plan y la cuestión migratoria:
¿POR QUÉ LA INMIGRACIÓN ES UN PROBLEMA EN REINO UNIDO?
Recuperar el control de las fronteras británicas y poner fin a la libre circulación de personas en el país fue uno de los principales factores que llevaron a votar en 2016 a favor de que Reino Unido abandonara la Unión Europea. Las encuestas muestran que sigue siendo uno de los temas más importantes para los votantes.
Las cifras oficiales sitúan la migración neta anual al Reino Unido en 2022 en la cifra récord de 745.000 personas, y Sunak ha establecido una serie de medidas para reducir la migración legal en 300.000 personas.
También ha prometido poner fin al peligroso viaje de 32 kilómetros a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Más de 29.000 personas llegaron por esta vía el año pasado, después de que en 2022 se alcanzara la cifra récord de 45.775 migrantes. En lo que va de año (hasta el 10 de abril), se han detectado más de 5.500 personas, un ritmo similar al de 2022.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE RUANDA?
El plan, acordado en abril de 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, envía a Ruanda, a unos 6.400 kilómetros de distancia, a cualquier persona que haya llegado ilegalmente a Reino Unido después del 1 de enero de 2022.
Sin embargo, el primer vuelo de deportación, en junio de 2022, fue bloqueado por jueces europeos. El Tribunal Supremo del Reino Unido ratificó entonces una sentencia que declaraba ilegal el plan porque los inmigrantes corrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen o a otros donde correrían peligro de sufrir malos tratos.
A pesar de que no se han producido deportaciones, Reino Unido ya ha pagado a Ruanda más de 200 millones de libras (304 millones de dólares), y reasentar a unos 300 refugiados podría costar más de 600 millones de libras. Tampoco está claro cuántas personas puede acoger Ruanda.
¿POR QUÉ LA POLÍTICA DE RUANDA ES TAN IMPORTANTE PARA SUNAK?
Tras convertirse en primer ministro en 2022, Sunak hizo de su promesa de “detener las pateras” una de sus cinco principales prioridades.
Reino Unido gasta actualmente más de 3.000 millones de libras al año en tramitar solicitudes de asilo, y el coste de alojar a los migrantes que esperan una decisión en hoteles y otros alojamientos asciende a unos 8 millones de libras al día.
Las cifras muestran que quedan por decidir unas 100.000 solicitudes de asilo.
¿QUÉ ES LA LEY SUNAK DE “SEGURIDAD DE RUANDA”?
Para abordar las cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo, Sunak acordó un nuevo tratado con Ruanda que pretende impedir que los solicitantes de asilo deportados allí sean enviados a otro lugar que no sea Reino Unido.
Su propuesta de ley, que según el Gobierno podría no ser compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, afirma que Ruanda es un país seguro.
No aplica algunos artículos de la Ley de Derechos Humanos británica y determina que solo los ministros decidirán si acatan o no cualquier requerimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Sin embargo, la ley ha provocado críticas generalizadas, desde miembros del propio Partido Conservador de Sunak hasta el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas. Una vez aprobada, Sunak ha declarado que los vuelos a Ruanda comenzarán a mediados de año.
¿DESPEGARÁN LOS VUELOS DE DEPORTACIÓN A RUANDA?
Para algunos miembros del partido de Sunak, la nueva ley no va lo suficientemente lejos como para impedir que los solicitantes de asilo puedan recurrir su deportación.
La legislación implica que, aunque los tribunales británicos no podrán considerar si Ruanda es un país seguro, casos individuales podrían seguir considerándose de pleno derecho, aunque con fundamentos muy restringidos.
El TEDH podría volver a dictar órdenes para bloquear los vuelos de deportación, aunque el tribunal ha modificado sus normas para que las órdenes judiciales solo se dicten en “circunstancias excepcionales”. Su presidente ha dicho que Reino Unido tiene la obligación legal de cumplir sus sentencias.
Los sindicatos han afirmado que los ministros necesitarían que el Parlamento modificara el código de la función pública si quiere que el personal del Gobierno ignore las sentencias del TEDH si así se lo ordenan los ministros. De lo contrario, advierten de que podrían emprender acciones legales.
¿Y OTROS PAÍSES?
Muchas naciones europeas, como Alemania, han reforzado sus controles fronterizos para hacer frente a los problemas de inmigración, mientras que los parlamentarios europeos aprobaron la semana pasada un sistema migratorio renovado para reducir la inmigración no deseada.
Dinamarca también ha firmado un acuerdo similar con Ruanda, pero aún no ha enviado allí a ningún inmigrante, e Italia ha anunciado planes para construir centros de acogida en Albania.
Israel desechó un acuerdo similar con Ruanda después de cinco años, y el Tribunal Supremo israelí lo declaró ilegal porque Ruanda no había cumplido las garantías que había dado.
(1 $=0,7891 libras)
(Edición de Elizabeth Piper, Angus MacSwan y Andrew Heavens; editado en español por Tomás Cobos)
