El juicio político en el Congreso contra el secretario de Seguridad Nacional de EE UU, Alejandro Mayorkas, tardó meses en arrancar y ha terminado en cuestión de solo horas. El Senado recibió los cargos con que la Cámara de Representantes imputaba al responsable de la política migratoria estadounidense el martes y, 24 horas después, ha determinado que la acusación era inconstitucional. El caso ha quedado cancelado, por 51 votos -los del grupo demócrata- frente a los 49 de los republicanos.
Mayorkas estaba acusado por la Cámara de Representantes de dos cargos, dejación de funciones al hacer caso omiso voluntariamente de las leyes federales sobre inmigración, y abuso de la confianza pública por supuestas declaraciones falsas sobre el estado de la seguridad en la frontera. El secretario había rechazado ambas imputaciones.
El proceso en la cámara alta comenzó a primera hora de la tarde con el juramento del centenar de senadores como jurado, como estipula el protocolo. A continuación, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, convocó una votación para declarar inconstitucional el primer cargo por no cumplir el requisito que establece la ley estadounidense para un juicio político: que se trate de un delito de suma gravedad. Los 51 senadores de su partido se pronunciaron a favor. Entre los republicanos, 48 lo hicieron en contra. Una senadora de este grupo, Lisa Murkowski, se abstuvo.
El segundo cargo quedó derrotado de manera similar. En esta votación, la bancada demócrata volvió a pronunciarse al unísono: 51 síes para declararlo inconstitucional. Esta vez, Murkowski se unió al resto de su grupo parlamentario para sumar 49 noes. La tercera votación aprobaba dar por terminado el juicio.
La polarización que el caso suscitaba quedaba en evidencia en las declaraciones de los representantes de los respectivos partidos. Schumer había declarado en su intervención ante los senadores que el impeachment contra Mayorkas, el primero en 150 años contra un miembro del gobierno estadounidense que no fuera el presidente, constituía el juicio político “menos legítimo, menos sustancial y más politizado de la Historia”.
El líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, protestaba por su parte al término del acto por que el Senado no hubiera examinado los cargos y se hubiera pronunciado acerca de si Mayorkas cometió o no los delitos de los que se le acusaba. “Es un precedente desafortunado. Implica que el Senado puede, en la práctica, hacer caso omiso del juicio político que le presente la Cámara de Representantes”, opinaba.
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Los congresistas republicanos habían prometido lanzar el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de la Administración del presidente Joe Biden tras hacerse con la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de 2022. Las divisiones internas y otras prioridades fueron posponiendo esas amenazas.
Finalmente, el relevo al frente de la presidencia de la Cámara en octubre pasado, cuando los republicanos cesaron al hombre que habían nombrado para el cargo apenas nueve meses antes, Kevin McCarthy, y lo reemplazaron por Mike Johnson, y la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos en números record abrieron la puerta para que los diputados que reclamaban la cabeza de Mayorkas se lanzaran a la opción del juicio político.
Un primer intento se saldó en un sonoro fracaso: los republicanos no consiguieron los votos suficientes para aprobar la medida, debido a varias bajas médicas en su bancada y a que tres de sus diputados se alinearon con los demócratas en contra del impeachment. Una semana después, reincorporados algunos enfermos, la moción salía adelante por un solo voto, 214 frente a 213.
Una vez aprobados los cargos, la Cámara tardó dos meses en trasladarlos al Senado, donde siempre estuvo claro que el control demócrata bloquearía el juicio: para haber condenado a Mayorkas hubieran sido necesarios 67 votos. Esto es, los 49 republicanos y 18 del partido rival, algo impensable en un clima político tan polarizado como el actual en Estados Unidos y dada la opinión demócrata de que los cargos no se sostenían.
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