La administración del presidente Donald Trump planea llevar las acciones en contra de migrantes indocumentados a las prisiones de Estados Unidos.
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ) informó que emitió solicitudes a los alguaciles de varios condados importantes de California, incluyendo Los Ángeles y San Francisco, para que proporcionen listas de todos los prisioneros de sus cárceles que no sean ciudadanos estadunidenses.
Entre los datos solicitados también se encuentran los delitos por los que fueron arrestados, su condena y la de liberación programada.
Estados Unidos asegura que busca priorizar deportación de delincuentes
Según detalló el Departamento de Justicia, las solicitudes tienen como objetivo ayudar a las autoridades federales de inmigración a priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados que cometieron delitos tras entrar ilegalmente a Estados Unidos.
”Si bien todo indocumentado, por definición, viola la ley federal, quienes cometen delitos posteriormente demuestran que representan un riesgo mayor para la seguridad de nuestra nación”, señaló el un comunicado.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que expulsar los migrantes sin documentación y que sean delincuentes es la máxima prioridad de la administración actual.
“Espero cooperar con los alguaciles de los condados de California para cumplir con nuestra responsabilidad compartida de mantener a los californianos y a todos los estadunidenses seguros y a salvo”.
El Departamento de Justicia señaló que esperan que se proporcione voluntariamente la información solicitada. Sin embargo, de ser necesario, advirtió que “utilizarán todos los medios disponibles para obtener los datos, incluyendo citaciones u otros procesos obligatorios”.
El pedido se suma a la batalla del gobierno de Trump contra California y sus leyes estatales y locales de santuario de inmigrantes, con recortes de presupuesto y operativos migratorios que han azotado la región metropolitana de Los Ángeles, desde el pasado 6 junio.
El DOJ ya ha demandado a la ciudad de Los Ángeles por su política santuario, que impide que se usen recursos propios para la aplicación de las leyes migratorias.
Sheriff de Los Ángeles responde
Poco después del anuncio del Departamento de Justicia, el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, informó que su departamento no podrá compartir la información solicitada por la administración de Trump sin una orden judicial.
En conferencia de prensa, señaló que esto responde a la Resolución 54 del Senado de California y la política del condado de Los Ángeles de 2020, que prohíben a las fuerzas policiales locales cooperar con agencias federales de migración, a excepción de circunstancias muy específicas.
“Solo transferiremos a una persona a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) si se nos presenta una orden judicial federal firmada por un juez. Esto es coherente con la ley de California y la política del condado”, dijo Luna.
¿Por qué California no coopera con ICE?
Desde hace varios años, California se ha convertido en un “estado santuario”, lo que significa que ha adoptado políticas que limitan la colaboración entre autoridades locales y agencias federales de inmigración como ICE.
Esta postura se basa en una serie de leyes estatales que buscan proteger a los migrantes, incluso si están en situación irregular, de ser detenidos o deportados únicamente por motivos migratorios.
Una de las más relevantes es la Ley SB 54, también conocida como California Values Act, que entró en vigor en 2018. Esta norma prohíbe que las policías locales y estatales compartan información con ICE o retengan a personas únicamente por solicitudes de detención migratoria (conocidas como “detainers”) sin una orden judicial.
En otras palabras, si una persona es arrestada por un delito y cumple su condena, no puede ser entregada automáticamente a ICE a menos que existan circunstancias específicas autorizadas por la ley.
El argumento de los legisladores estatales es que estas políticas fortalecen la confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades locales, al permitir que las personas reporten delitos o colaboren con investigaciones sin temor a ser deportadas.
Por el contrario, ICE y otros sectores del gobierno federal han criticado estas medidas, argumentando que obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias y ponen en riesgo la seguridad pública.
RMV.
