El choque entre el Gobierno y las comunidades autónomas por la reubicación de menores migrantes vuelve a protagonizar la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. En la primera reunión tras ponerse en marcha los mecanismos para la reubicación en la Península de los menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla se están visibilizando también las diferencias respecto al plan del Gobierno sobre los centros tutelados, que busca fijar unos criterios comunes y reducir las ratios, priorizando las casas de acogida. El siguiente paso en este proceso. Euskadi ha dejado clara su oposición al decreto que prepara el Gobierno, según trasladan fuentes presenciales en el encuentro.
Su presión, que se suma a las comunidades del PP, ha llevado al ministerio a retirar este punto del orden del día, según fuentes del departamento que dirige Sira Rego. “Queremos dejar claro que no estamos de acuerdo”, hizo constar en acta Euskadi para trasladar al ministerio que no sería solo una cuestión de forma, sino que tendría que ver también “con la confianza”.
Comunidades autónomas como Galicia han presentado una serie de alegaciones contra el plan del Ejecutivo que van desde la “invasión competencial” hasta al impacto sobre “la sostenibilidad del sistema de protección”, pasando por el impacto económico o la contradicción de reclamar la desinstitucionalización del modelo mientras cuando un total de 15 comunidades deben crear un total de 6.000 nuevas plazas de acogimiento tras el reparto de menores migrantes.
A pesar de retirarse este punto del orden del día, desde el ministerio avanzan que el trámite seguirá su curso, al tiempo que lamentan que el PP niegue el diálogo institucional y esté instalado en el boicot y en el bloqueo. Además de Galicia, la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía han presentado alegaciones, lo cual es para el Ejecutivo una contradicción porque “mientras participan en el debate enviando sus aportaciones, en la Conferencia se niegan a debatir sobre ello”.
Las mismas fuentes ministeriales lamentan “la nula voluntad del PP por mejorar los sistemas de acogida y compartir propuestas en este sentido en la Conferencia Sectorial”. El real decreto pretende marcar a las comunidades autónomas unos protocolos comunes en sus respectivos sistemas de acogida de menores tutelados.
Se trata de estandarizar el sistema con exigencias de mínimos en lo referente al tipo de centros, infraestructuras e itinerarios formativos, pero sobre todo para rebajar las ratios sobre el número de menores y trabajadores sociales asignados. Uno de los objetivos es acabar con lo que se denominan “macrocentros”, pero también establecer unos mínimos “para elevar la calidad del sistema”.
Nuevas transferencias
La intención pasa por incluir un régimen sancionador para las comunidades autónomas que no se adecuen a los nuevos protocolos o vulneren la obligación de informar al Estado sobre las inspecciones, que seguirá recayendo en las comunidades. Por ello, se establecerán también mecanismos de coordinación entre administraciones.
En lo que se presume un acuerdo según avanzan diferentes fuentes, aunque con un sí crítico de las comunidades del PP, tiene que ver con la aprobación de una nueva transferencia de 13 millones de euros a Canarias Ceuta y Melilla. Territorios todos ellos declarados en situación de contingencia migratoria. Unas transferencias que se suman a los 22 millones que ya se acordaron en la Conferencia sectorial telemática celebrada el pasado mes de septiembre.
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