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SAN JOSÉ – La fiscalía general de Costa Rica presentó el lunes una acusación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento ilegal de la campaña de 2022 que lo llevó al poder.
Según detalló la fiscalía en un comunicado, la acusación va acompañada de una solicitud ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que se levante la inmunidad de Chaves y se lleve el caso a juicio por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito.
Junto al presidente, también están acusados y se solicita que se levante el fuero al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André, así como a los diputados oficialistas Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero.
La fiscalía señala a estos siete altos funcionarios por haber utilizado un fideicomiso privado y cuentas bancarias privadas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en 2022, en los comicios que llevaron a Chaves a la Presidencia de Costa Rica.
Hasta el momento el gobierno del presidente Chaves no ha emitido una reacción al respecto.
“Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”, dijo la fiscalía en el comunicado.
El juicio sólo se puede llevar a cabo si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia levantan la inmunidad a los siete funcionarios.
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