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Fraude a la Seguridad Social en Zaragoza: 7.242 € de paro por un contrato fantasma de 4 días

Autor: heraldo.es

El Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza empezó a juzgar este lunes a 30 presuntos miembros de una trama que facilitaba contratos fantasma a inmigrantes para regularizar su situación en España o conseguir la presentación por desempleo. La Fiscalía acusa al cerebro de la organización, Eduardo M.C., y a las  nueve personas que figuraban como socios en las empresas tapadera que tramitaban los contratos de tres delitos continuados: uno de falsedad en documento oficial, otro contra la Seguridad Social y un tercero contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Para ellos y los 20 inmigrantes que pagaron por conseguir de forma irregular los papeles que necesitaban el Ministerio Público solicita penas que suman 102 años de prisión.

La gran cantidad de acusados  ha obligado a reservar durante dos semanas la sala de macrojuicios de la Ciudad de la Justicia. Algunos de ellos trataban ayer de pactar una conformidad con la Fiscalía para rebajar su condena previo reconocimiento de los hechos. Sin embargo, las defensas de otros se mostraban dispuestas a defender su inocencia hasta el final.

El presunto fraude salió a la luz en 2014, pero la Policía Nacional y la Seguridad Social consideran que la trama estaba operando ya en 2010. Y al frente de la misma sitúan a Eduardo M. C., titular de la gestoría Zakital, ubicada en la calle Sobrarbe de Zaragoza. Según el Ministerio Público, este promovió la constitución de sociedades mercantiles o aprovechó otras ya constituidas para crear empresas fantasma.

La Fiscalía mantiene que estas empresas eran meras tapaderas, ya que no tenían ningún tipo de actividad. Sin embargo, a su entender, servían al investigado para tramitar los falsos contratos que luego vendía a los inmigrantes. Lo que no se ha podido determinar todavía es cuánto cobraba a estas personas por darles de alta en la Seguridad Social.

Distintas empresas

Como es habitual en este tipo de    delitos, quienes recurrían a esta presunta organización delictiva lo hacían principalmente por dos motivos. O bien les faltaban unas    semanas o meses por cotizar para poder solicitar la prestación por desempleo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o precisaban de un contrato para conseguir la tarjeta de residencia en España.

La casuística es muy variada, pero la Seguridad Social detectó casos bastante llamativos. Por ejemplo, el de Mohamed K., actualmente en paradero desconocido, quien habría pagado un dinero al dueño de la gestoría del Arrabal para que le consiguiera un falso contrato de cuatro días. Los suficientes para poder cobrar después 7.242 euros del paro. Según las pesquisas policiales, se le dio de alta a través de la sociedad Mármoles Cadrete S. L., con domicilio social en la calle de Las Eras de esta localidad.

Como recuerda el Ministerio Público, no fue esta la única sociedad de la que se valieron el supuesto cerebro de la trama y sus acólitos para tramitar el papeleo. Según este, habrían sido hasta siete, con distintos objetos y domicilios sociales.

La Fiscalía atribuye 54 operaciones fraudulentas al gestor y presunto máximo responsable de la organización. Por número de ilícitos, en un segundo escalón de la misma estarían Diego G. U. (10 operaciones), Óscar P.G. (9) y Vladimir O. (4). Estos se enfrentan a penas individuales de siete años de prisión, así como a una serie de multas e indemnizaciones.

Para los inmigrantes que recurrían a ellos, el Ministerio Público      pide condenas de    uno o dos años de cárcel, de ahí que algunos intenten cerrar conformidades que les reduzcan el castigo.

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