El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, ha solicitado una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para discutir la creciente presión migratoria en la ciudad autónoma. La reunión se espera que tenga lugar durante la próxima visita de Saiz a Ceuta, su primera a la ciudad.
Vivas tiene la intención de instar al gobierno de Pedro Sánchez a adoptar “medidas urgentes estructurales legales y operativas de Estado” para manejar el “incremento exponencial” de la migración a la ciudad desde febrero, sin depender de Marruecos.
Según Europa Press, la Ciudad Autónoma han expresado su preocupación por la necesidad de medidas específicas para Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la UE en África. Advierten que la situación actual podría llevar a una emergencia humanitaria y un colapso, especialmente con respecto a los menores extranjeros no acompañados.
Según el último balance del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de marzo llegaron a Ceuta 743 inmigrantes irregulares, un aumento del 312,8% en comparación con el mismo periodo de 2023. Solo el pasado Martes Santo, otro medio centenar logró llegar a pesar del temporal de poniente.
El Gobierno autonómico de Ceuta ve la situación como “doblemente preocupante” debido al cambio de actitud de las Fuerzas de Seguridad del Reino alauita. Durante un mes y medio, se negaron a aceptar el retorno inmediato de sus nacionales mayores de edad interceptados intentando acceder irregularmente a la ciudad. Aunque a mediados de marzo volvieron a hacerlo, esta política ha llevado al CETI al límite de su capacidad máxima operativa.
Paralelamente, el número de niños migrantes solos tutelados por la administración local se ha triplicado desde principios de año, rozando ya los 300. Esto ha obligado a reabrir los alojamientos de emergencia de Piniers, que se pusieron en funcionamiento durante la pandemia y que se clausuraron hace un año.
El Gobierno de Vivas cree que el Estado español debe tener herramientas “efectivas” para contener las entradas irregulares de menores y adultos, independientemente de si Marruecos relaja o no la vigilancia de sus costas. También para “agilizar” las derivaciones hacia otras autonomías de los niños que llegan a la ciudad sin compañía, rechazadas sistemáticamente por las comunidades “con independencia de su color político”.
Desde el Ejecutivo autonómico advierten: “Los inmigrantes se están jugando y perdiendo la vida para llegar a Ceuta en las peores condiciones posibles, y eso es lo primero que debe obligarnos a actuar”. El líder del Gobierno autonómico se reunió a finales de febrero con el ministro del Interior en pleno conflicto con Rabat y ahora espera hacerlo tanto con Saiz como con el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
En la última Conferencia Sectorial de Migraciones, el consejero de Presidencia ceutí, Alberto Gaitán, reivindicó “soluciones eficaces para la situación de la inmigración de menores y adultos, de refuerzo de la frontera, de control de los puntos de entrada más permeables y de agilización de las derivaciones hacia otros territorios a partir del principio constitucional de solidaridad entre regiones”.
El Gobierno de Ceuta planea solicitar financiación europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y de la vía de emergencia del EMAS, como en 2021, cuando percibió cerca de 24 millones de euros para gastos de recepción inmediata y alojamiento posterior de personas migrantes, la educación de los menores que se quedaron en la ciudad y “la adaptación de una nave en el Tarajal como centro de primera acogida para crisis futuras”.
