Una legisladora estatal republicana de Florida que fundó Latinas for Trump condenó los arrestos migratorios masivos llevados a cabo por la administración en todo el estado, a pesar de la campaña de meses del presidente en la que prometió la mayor “operación de deportación masiva” en la historia de Estados Unidos.
“Esto no es lo que votamos”, declaró el sábado la senadora estatal Ileana García en un comunicado. “Siempre he apoyado a Trump, en las buenas y en las malas. Sin embargo, esto es inaceptable e inhumano”.
García afirmó que sus padres, refugiados cubanos, “son ahora tan estadounidenses, si no más, que Stephen Miller”, uno de los principales arquitectos de la agenda antiinmigración de Trump, quien ha exigido 3.000 detenciones diarias de inmigrantes.
“Entiendo la importancia de deportar a criminales extranjeros, pero lo que estamos presenciando son medidas arbitrarias para perseguir a personas que están cumpliendo con sus audiencias de inmigración, en muchos casos, con solicitudes creíbles de temor a la persecución. Todo ello impulsado por un deseo, al estilo de Miller, de alcanzar una meta de deportación impuesta artificialmente”, escribió.
“Esto socava el sentido de equidad y justicia que el pueblo estadounidense valora”, añadió.
Sus declaraciones se producen tras una serie de detenciones de inmigrantes en lugares de trabajo y tribunales de todo el país, que han generado indignación generalizada y desatado protestas contra el gobierno, al que acusan de perseguir a personas que estaban cumpliendo con la ley.
Sin embargo, sus declaraciones, provenientes de una legisladora del área de Miami con una larga relación con el presidente, parecen pasar por alto las reiteradas promesas de campaña de Trump sobre una “operación de deportación masiva” y los años de advertencias por parte de defensores de los inmigrantes, que alertaron precisamente sobre escenarios como los que ahora se están viviendo en todo el país.
García respaldó a Trump desde su primera campaña en 2016 y fundó Latinas for Trump con el objetivo de reunir el apoyo de mujeres hispanas en torno al entonces candidato.
Además, se desempeñó como vocera del Departamento de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump.
Durante su campaña de 2024, Trump reiteró su promesa de combatir lo que describe como una “invasión” de inmigrantes indocumentados que, según él, están “envenenando la sangre de nuestro país”. Y para justificar una represión severa que podría afectar a millones de familias, recurrió a narrativas centradas en crímenes violentos.
Trump prometió en repetidas ocasiones arrestar, detener y deportar a las personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal, como parte central de su agenda para el “primer día” de gobierno. Hace casi dos años, anunció por primera vez su intención de llevar a cabo “la mayor operación de deportación interna en la historia del país”.
En septiembre de 2023, durante un acto en Iowa, intensificó su retórica: “Millones y millones de inmigrantes ilegales, sin control ni aprobación, están cruzando nuestra frontera en estampida, incluyendo hordas de criminales, terroristas, traficantes de personas, traficantes de niños, miembros de pandillas y presos que han escapado de sus cárceles, manicomios e instituciones mentales”.
“En realidad es peor que eso”, añadió. “Esto es una invasión y soy el único candidato que, desde el primer día, sabe exactamente cómo detenerla”.
Durante su mandato, el presidente eliminó una política migratoria que restringía las detenciones en lugares sensibles como tribunales, centros de trabajo, escuelas, hospitales y templos religiosos, así como en eventos como funerales, bodas y manifestaciones públicas.
Funcionarios de Seguridad Nacional también revocaron las protecciones humanitarias para cerca de un millón de personas con estatus legal temporal, incluidos miles de venezolanos y cubanos, comunidades con fuerte presencia en Florida cuyo respaldo fue clave para la victoria de Trump en las elecciones de 2024.
Ahora, miles de personas de esas comunidades han perdido su estatus de protección, lo que las expone a una posible expulsión inmediata de Estados Unidos.
En una encuesta reciente a cientos de venezolanos en Florida, el Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida concluyó que cerca del 80 % de los participantes —la mitad de ellos ciudadanos estadounidenses con derecho a voto— considera injusta la decisión del gobierno de eliminar el estatus de protección temporal para los venezolanos.
Las críticas públicas de una de las aliadas de Trump desde hace años se conocieron un día después de que otro legislador republicano de Florida expresara su rechazo a la política migratoria de la administración.
La representante estatal republicana Elvira Salazar afirmó que las personas que enfrentan el complejo sistema migratorio del país, incluidas aquellas con solicitudes de asilo pendientes o peticiones de residencia permanente, merecen poder completar el proceso legal.
La legisladora estatal cubano-estadounidense afirmó que tiene el “corazón roto” por la “incertidumbre” que afecta a su distrito.
Salazar afirmó que las detenciones en los juzgados y la eliminación del estatus de protección temporal para decenas de miles de inmigrantes “ponen en peligro” el deber de garantías procesales que toda democracia debe garantizar.
Tras asumir el cargo, el presidente firmó una orden ejecutiva que autoriza los procedimientos de deportación exprés para inmigrantes que no puedan probar una residencia continua en Estados Unidos durante más de dos años.
Este proceso de “expulsión acelerada”, usado históricamente en la frontera entre Estados Unidos y México, ahora se aplica en todo el país: agentes federales enmascarados esperan a las afueras de los tribunales para arrestar a inmigrantes apenas unos minutos después de que sus casos sean desestimados.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) calificó las detenciones en los juzgados como una “flagrante traición a la equidad básica y a las garantías procesales” para personas que simplemente siguen las normas.
En un comunicado, el grupo denunció que los tribunales de inmigración “están siendo instrumentalizados” y que los jueces se coordinan con el ICE para desestimar los casos y enviar de inmediato a las personas a la vía rápida de deportación, conocida como expulsión acelerada. “Estas personas no son fugitivas”, añadió la organización. “Se trata de personas que, en su mayoría, buscan refugio frente a la tortura en sus países y están actuando conforme a la ley”.
Traducción de Leticia Zampedri
