La Corte Superior del condado Santa Cruz (Arizona), Thomas Fink, desestimó el martes los cargos por homicidio en segundo grado contra George Allan Kelly, el ranchero de 75 años acusado de la muerte de un inmigrante mexicano en un predio de su propiedad, ubicada en la frontera entre Arizona y el mexicano Estado de Sonora. Los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2023, cuando el mexicano Gabriel Cuén Buitimea huía con otros migrantes de la Patrulla Fronteriza, y resultó impactado por el rifle AK-47 de Kelly. El acusado también enfrentaba un cargo de asalto agravado en contra de un inmigrante hondureño que formaba parte del grupo y testificó contra el estadounidense en el fallido juicio.
La decisión judicial cierra cualquier posibilidad de reabrir la causa contra el estadounidense que disparó contra un grupo de inmigrantes en un momento donde los cruces ilegales en la frontera ha encendido el debate electoral rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre. El juez indicó que las evidencias presentadas por la fiscalía no son concluyentes y hacen poco probable que puedan producir una sentencia en el futuro.
El Gobierno de México ha lamentado la decisión que deja a Kelly como un hombre libre y sin castigo. La cancillería ha emitido un comunicado en el que exhorta a las autoridades del condado de Santa Cruz “a continuar las investigaciones y evitar así que el lamentable asesinato de un connacional quede impune”.
El pasado mes de abril, el mismo juez anuló el primer juicio contra Kelly después de que los ocho miembros del jurado no llegaran un acuerdo tras dos días de deliberaciones. Los fiscales tuvieron entre sus opciones acusar a Kelly, quien enfrentaba una acusación de homicidio en segundo grado, de otros delitos menos graves, pero decidieron desechar el caso. “Debido a las circunstancias únicas y los retos que rodean este caso es que la Fiscalía del Condado de Santa Cruz ha decidido no buscar un nuevo juicio”, leyó Kimberley Hunley, una de las encargadas de la acusación.
La fiscalía trató de probar durante el juicio que Kelly disparó intencionalmente contra el grupo de migrantes que cruzaron por sus tierras, sin ningún tipo de advertencia. También destacaron las inconsistencias en el relato de los hechos por parte del acusado. Según este, después de disparar a los inmigrantes, llamó a agentes de la Patrulla Fronteriza y confesó que había disparado porque estos lo hicieron primero. Sin embargo, las autoridades no encontraron evidencia alguna de que Cuén Buitimea ni sus acompañantes estuvieran armados. Ninguna bala o casquillo fue encontrada cerca de la casa de los Kelly.
El testimonio del ranchero cambió conforme recibió asesoría de sus abogadas, Brenna Larkin y Kathy Lowthorp. Estas lograron que el jurado les restara importancia a las primeras declaraciones de su cliente. “La policía no escuchó correctamente lo que Allan les dijo y no les importaba, de todas maneras ya habían decidido que era culpable”, señalaron. La defensa también impulsó la narrativa de que Kelly disparó para tratar de intimidar a por lo menos seis o siete hombres que se encontraban en sus tierras. La bala que mató al mexicano nunca fue encontrada, por lo que la defensa argumentó que traficantes en la zona pudieron haberlos atacado para robarles “su mercancía”. Esto a pesar de que en el lugar no se encontraron armas ni drogas.
Tras el fallo del juez, una de las abogadas de Kelly, Brenna Larkin, expresó en un comunicado que su cliente y su esposa estaban muy contentos con la decisión, pero la misma significa un duro golpe para los familiares de Cuén Buitimea (dos de sus hijas recibieron acompañamiento de la cancillería mexicana durante el juicio), así como un revés en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
