Fue publicado por la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas o por sus siglas en inglés Ondcp, en un documento titulado “Statement of Drug Policy Priorities”. Esta viene con una agenda que incluye sanciones económicas extras contra países y actores que no colaboren con los esfuerzos para combatir el narcotráfico.
Las políticas. Este documento reconoce que el problema de drogas es global y advierte que Estados Unidos no dudará en ejercer su poder económico en contra de aquellos que no cumplan con su responsabilidad.
La estrategia se basa es 6 prioridades clave:
- Reducir las muertes por sobredosis, con especial atención al fentanilo.
- Asegurar las cadenas globales de suministro contra el tráfico de drogas.
- Frenar el flujo de drogas en las fronteras estadounidenses.
- Prevenir el consumo, especialmente entre jóvenes.
- Ampliar el acceso a tratamientos para la adicción.
- Innovar en investigación y datos para mejorar las estrategias.
Mediante estas políticas, la administración de Donald Trump envía un mensaje: la colaboración es obligatoria y la inacción tendrá costos.
¿Por qué es clave? El mensaje resuena especialmente en Colombia, justo cuando se acerca la certificación antinarcóticos prevista para septiembre. En un informe reciente, el gobierno de Estados Unidos ya había advertido sobre el aumento de cultivos de coca y recomendó más inversión en desarrollo rural, así como una mayor erradicación en los territorios.
Colombia ya ha hecho una avanzada diplomática y política con Estados Unidos para evitar una descertificación. El país lleva décadas sin ser descertificado. La última vez ocurrió en el gobierno de Ernesto Samper porque narcotraficantes dieron plata a su campaña. Tres décadas después, las consecuencias de una descertificación son menos tangibles.
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