La administración de Donald Trump ha revocado alrededor de 80,000 visas de no inmigrante desde su toma de posesión el 20 de enero por delitos que van desde conducir bajo los efectos del alcohol hasta agresión y robo, dijo el miércoles un alto funcionario del Departamento de Estado.
La magnitud de las revocaciones refleja una amplia represión migratoria iniciada cuando Trump asumió el cargo, deportando a un número sin precedentes de migrantes, incluidos algunos que tenían visas válidas.
Desde su llegada al poder, en enero de este año, Donald Trump se ha enfocado en cumplir su promesa de perseguir la migración hacia y en EE.UU., incluyendo en cientos de casos a través de la detención de personas con un estatus legal o a través del fin de programas migratorios establecidos por sus antecesores como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el parole humanitario.
Además, se estima que Washington ha comenzado a realizar un mayor escrutinio de publicaciones de extranjeros en redes sociales, denegando permisos de residencia y visas si encuentra contenido que considere “antisemita” o crítico con Israel.
Tal estadística, dada conocer por medios como Washington Examiner, parece confirmar lo dicho por el vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, quien señaló que la expedición y vigencia de una visa estadounidense “no constituye un derecho, sino un privilegio”, y que puede ser cancelada en cualquier momento por decisión del Gobierno de ese país cuando existan señales de riesgos de seguridad.
En agosto, un portavoz del Departamento de Estado anunció la revocación de más de 6,000 visas de estudiante debido a estancias irregulares y violaciones legales, incluidas algunas relacionadas con el “apoyo al terrorismo”.
Además, se revocaron al menos seis visas a personas que hicieron comentarios en redes sociales sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.
En mayo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció la revocación de visas a cientos, posiblemente miles, de personas, incluidos estudiantes, debido a su participación en actividades contrarias a las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.
Las directivas del Departamento de Estado de este año han ordenado a los diplomáticos estadounidenses en el extranjero que estén alerta ante cualquier solicitante que Washington pueda considerar hostil a Estados Unidos y con un historial de activismo político.
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