Algunos de los 50 inmigrantes enviados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la isla Martha’s Vineyard, Massachusetts, bajo engaño y sin sus consentimientos, reúnen los requisitos y califican para recibir una visa tipo U, para víctimas de violencia.
Los traslados se registraron en septiembre del año pasado en aviones enviados por órdenes el gobernador DeSantis desde Florida a San Antonio, sur de Texas, y luego con destino a Martha’s Vineyard.
A los inmigrantes les prometieron que en Massachussets recibirían alojamiento, trabajo y atención a sus pedidos de asilo en los tribunales de inmigración. Pero al llegar a la exclusiva isla se hallaron solos y abandonados a su suerte.
Organizaciones locales de ayuda a inmigrantes, al percatarse del traslado engañoso por parte de las autoridades de Florida, fueron en sus ayudas y los ubicaron, primero en refugios de emergencia temporales y poco a poco los fueron instalando y registrando sus nuevas direcciones para que no perdieran sus audiencias judiciales y sus casos de asilo.
La mayoría de los inmigrantes llevados a Massachussets son de origen venezolano. Casi dos años después aquella odisea que formó parte de una dura política migratoria de DeSantis, en abierto desafío a la política migratoria del gobierno federal encabezado por Joe Biden, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) envió a los afectados información sobre los requisitos de la visa U.
De qué se trata la visa U
USCIS explica que el estatus No Inmigrante U (Visa U) está reservado para las víctimas de ciertos crímenes, que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales.
El Congreso creó la visa de No Inmigrante U mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia (incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas) en octubre de 2000, agrega.
La agencia también señaló que la citada ley “está dirigida a fortalecer la capacidad de las agencias del orden público para investigar y procesar judicialmente los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes, a su vez que protege las víctimas de los crímenes que han sufrido abuso mental o físico sustancial producto de dichos crímenes y están dispuestas a ayudar a las autoridades del orden público en la investigación y prosecución de la actividad criminal”.
La ley en cuestión también ayuda a las agencias del orden público a dar mejor servicio a las víctimas de crímenes.
En noviembre del año pasado el Noticiero Univision había anticipado que decenas de migrantes venezolanos que fueron llevados con engaños desde la ciudad de San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, Massachusetts, como parte de la campaña del gobernador DeSantis, tienen derecho a solicitar visas destinadas a víctimas de un delito, según afirmó el sheriff del condado de Bexar, localizado en Texas.
Datos de la visa U
La primera visa U se otorgó en 2007 al inmigrante de origen salvadoreño José Suárez, un residente del área de la Bahía de San Francisco, California, quien fue víctima de robo.
Suárez fue severamente golpeado durante un asalto en San Mateo. Su testimonio permitió a las autoridades capturar al agresor, quien fue juzgado y sentenciado. El inmigrante recibió la protección por colaborar con las autoridades y, a cambio, pudo legalizar su permanencia en Estados Unidos.
USCIS reitera que las visas U están disponibles para víctimas de crímenes que han sido objeto de abuso físico o mental sustancial y que han accedido a ayudar a las agencias del orden público a investigar o procesar dichos delitos.
También ha explicado que, una vez determina ‘buena fe’ en una petición de visa U a favor del peticionario principal, y este reciba la Acción Diferida U y el permiso de trabajo, “evaluará las peticiones de cualquier familiar calificado que viva en Estados Unidos.
La agencia advierte que un miembro de la familia calificado que vive en Estados Unidos no tiene garantía de ser un miembro de ‘buena fe’.
Respecto a cómo se establece la buena fe en una petición, el servicio de inmigración explica que se determina cuando un funcionario encuentra que:
- El peticionario principal presentó correctamente el formulario I-918;
- El peticionario principal incluyó una certificación de aplicación de la ley debidamente completada (Formulario I-918B U (certificación de estatus de no inmigrante);
- El peticionario principal incluyó una declaración personal describiendo los hechos de la victimización; y
- USCIS ha recibido los resultados de los controles de seguridad y antecedentes del peticionario principal basados en biometría.
La espera será interminable
Pero expertos en la ley de inmigración advierten que, si bien ciertos extranjeros califican para recibir la visa U, la espera para recibir oficialmente el estatus de protegido es interminable y bordea los 30 años.
Las esperas por una visa U es el caso más dramático de demoras que se registran en la USCIS, donde hay más de 9 millones de formularios o pedidos de servicios atascados.
La base de datos de la agencia indica que al 31 de diciembre de 2023 tenía 354,487 solicitudes o formularios I-918 (de peticionarios principales de visas U) pendientes de aprobación, más 2,228 peticiones I-918 de familiares inmediatos, todas víctimas de actos de violencia.
La agencia demora en promedio unos 15 meses aprobar un formulario I-918. Una vez concluido este trámite, la víctima de violencia presenta el formulario I-485, de ajuste de estatus a residente legal permanente.
De acuerdo con la cuota anual asignada por el Congreso, un peticionario de visa U debe esperar 35.6 años en recibir el documento.
“Mientras esperan tienen un estatus de inmigrante pendiente de recibir la visa U”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “No tienen un estatus legal permanente, pero entre el primer y segundo año, siu tienen un caso firme, califican para una autorización de empleo (EAD)”, agrega.
Gálvez, sin embargo, advierte que durante la espera de la visa “no pueden cometer delitos porque pueden perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos y ser deportados”.
Corte permite demandas
A finales de marzo una corte federal de distrito de Boston, Massachussets, falló a favor del grupo de inmigrantes que en 2022 fue trasladado en avión desde Texas a Martha’s Vineyard.
El fallo, de 77 páginas, permitió a los inmigrantes (la mayoría venezolanos) y sus abogados, demandar a las empresas privadas responsables de ayudar a actores estatales a lo que consideran una violación de los derechos de los inmigrantes en situación de vulnerabilidad mediante planes ilegales y fraudulentos.
En el dictamen, los argumentos contra todos los demás acusados en la operación fueron desestimados por el tribunal. Pero la sentencia aclara que “la desestimación es ‘sin perjuicio’, lo que significa que los reclamos pueden reafirmarse y restablecerse en cualquier momento.
La demanda fue presentada por el grupo de migrantes afectados que recibe apoyo de la denominada Alianza Américas, una coalición de 53 organizaciones lideradas por inmigrantes que luchan por políticas equitativas en 18 estados, y Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Civiles, LCR por sus siglas en inglés).
Según se lee en la demanda, el tribunal federal de Boston permitió que abogados de la LCR y abogados probono que defienden a los inmigrantes afectados por el traslado “procedan de inmediato con demandas legales contra la compañía aérea, Vertol Systems”.
Vertol fue contratada por el Estado de Florida para realizar vuelos de inmigrantes que el gobierno federal había permitido entrar al país una vez pasaron la primera fase de un proceso de asilo. A su vez, remitió sus casos a un tribunal de inmigración para que un juez resolviera sus futuros en Estados Unidos.
