El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe procesar “de forma expedita” a los niños migrantes que se encuentran retenidos por la Patrullla Fronteriza en campamentos en la frontera entre Estados Unidos y México, según ordenó la jueza federal Dolly M. Gee al gobierno federal.
El dictamen del el miércoles por la noche, indica además que los menores deben ser ubicados en instalaciones “seguras y limpias”, aun cuando no hayan sido procesados.
El caso se resolvió luego de que la jueza evaluara una demanda presentada por organizaciones en nombre de decenas de niños —con o sin familia— que se han acumulado por meses en un campamento improvisado a la intemperie en el poblado fronterizo de Jacumba, en California.
Gee exigió a las autoridades federales frenar el envío de menores de edad a este tipo de campamentos o mantenerlos en ellos fuera del tiempo razonable que les tome trasladarlos a otras instalaciones: “Este comportamiento es un retraso innecesario”, concluyó la jueza de la corte de distrito del centro de California. Reiteró que los menores que se encuentran en estos campamentos están en custodia legal de DHS, tal como ocurrió en un caso previo en 2020, cuando se definió que las autoridades federales tienen responsabilidad de proteger a los menores cuando están bajo su control físico.
Las autoridades federales han argumentado que los inmigrantes no están bajo su autoridad porque no han sido procesados. Pero en la orden se describe a funcionarios de inmigración que dicen a las personas recluidas en el campamento que deben quedarse en él “a menos de que quieran ser deportados o que quieran perder su oportunidad de ser procesados”. Cuentan que cada vez que algún inmigrante quiere salir —ya sea a comprar comida fuera o a cualquier otra cosa— deben obtener permiso de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Y, si salen del área, son devueltos por los funcionarios, que los observan con la ayuda de cámaras, se lee.
En su decisión, la jueza se basó en el Acuerdo Flores, que desde 1997 estableció estándares mínimos para el tratamiento, albergue y liberación de los niños inmigrantes detenidos y la entrega a sus cuidadores. Por eso ordenó que la Patrulla Fronteriza mantuviera un récord y la información de los menores que permanecieran bajo su custodia por más de 72 horas, el tiempo máximo que establece este reglamento, incluyendo a aquellos que se encuentren con sus familias. Exigió a las autoridades federales que presenten un reporte con estos datos para el 10 de mayo de 2024.
Univision Noticias visitó estos campamentos en Jacumba, en diciembre. En este video puedes escuchar los testimonios de los inmigrantes allí retenidos y de voluntarios. Ellos hablan de las condiciones en las que se encuentran y de cómo las carpas que los resguardan, así como el agua y la comida, han sido donadas por organizaciones presentes en el área desde hace meses:
Lo que vimos en los inéditos campamentos al aire libre para inmigrantes en California
En la orden de la jueza Gee hay más de una decena de testimonios —de voluntarios y de migrantes en Jacumba— en los que se muestran las condiciones en que están albergados los inmigrantes en este campamento al aire libre.
“Muchos declarantes cuentan que han visto a migrantes, incluídos niños, sufriendo de heridas importantes o con serios problemas médicos”, se lee. Entre ellos, un niño de 12 años con fiebre de 103 grados o un niño de 13 años que murió como consecuencia de las heridas que sufrió tras un accidente automovilístico. Aseguran que si los voluntarios que brindan atención médica no se encuentran en el terreno, son los miembros de la Patrulla Fronteriza presentes quienes deciden “de forma unilateral” si los menores reciben atención médica o no.
Y aunque la Patrulla fronteriza provee baños móviles y estaciones de aseo, voluntarios aseguran que no siempre están bien mantenidas.
“Es una victoria tremenda para los niños en estos campamentos de detención al aire libre, pero sigue siendo una tragedia que una corte tenga que ordenarle al gobierno que haga lo que la decencia humana básica y la ley exigen claramente”, señaló Neha Desai, la directora de Inmigración del Centro Nacional de Legislación Juvenil, una de las organizaciones que presentó la demanda.
