El invierno demográfico está afectando a países desarrollados y a países en vías de desarrollo seriamente. A muchos les está afectando de forma sencillamente irreversible. Como se ha visto en China, la demografía es como un transatlántico que gira muy lentamente.
Los ejemplos son muchos. Así, el Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social de Japón calcula que la población disminuirá desde los 126 millones actuales a 88 para 2065. Rusia pasará de 145 millones a 100 en 2050. Otros, como México, van encaminados a una pirámide poblacional diabólica.
España vive, por su parte, una situación de no reemplazo desde hace años [menos de 2,1 hijos por mujer, la tasa mínima para mantener una población]. Un eventual giro al reemplazo se producirá, en el mejor de los casos, a muy largo plazo. Este invierno demográfico va a generar serios problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones, no solo por la entrada de los baby boomers con menos cotizantes, sino por la creciente longevidad de los jubilados y la demanda de servicios médicos públicos. En Japón existe un importante conflicto político generacional entre una tercera edad muy longeva con buenas pensiones y los jóvenes financiadores de esas pensiones, que ven un panorama negro para su jubilación.
España debe definir una política de inmigración. Es quizás el problema más serio que tiene el país; es una cuestión de Estado, y no a largo plazo, sino a corto plazo, y por razones imperativas: la financiación de las pensiones, la mayor longevidad de la población, la creciente demanda de servicios médicos y una normativa laboral de incentivos perversos que, desde antes de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, mantiene a España con unos índices de paro permanentemente superiores a los países de su entorno.
Demográficamente, España tiene también una característica migratoria interior muy singular: la España vacía. Este fenómeno hace insostenibles los servicios públicos locales. A medida que disminuye la población, servicios básicos como la educación, la salud, el transporte o las infraestructuras se vuelven insostenibles y están en riesgo de desaparición en áreas rurales. Esto puede provocar la falta de acceso a servicios esenciales para los residentes restantes, migraciones, presión de precios sobre la vivienda en los núcleos de población medios y grandes, sin perjuicio de la pérdida de patrimonio cultural y la falta de transmisión intergeneracional de conocimientos y prácticas.
«Los socialdemócratas suecos acaban de hacer autocrítica y hablan de multiculturalismo fallido»
Hemos visto diferentes modelos de inmigración en los últimos años. Así está el caso de Portugal, con un sistema básicamente económico, de visa y exención fiscal a cambio de inversión. Dicho modelo ha sido recientemente cancelado.
Hemos visto también el caso de Suecia, donde los socialdemócratas acaban de hacer autocrítica en un informe interno que da un giro de 180 grados sobre los postulados anteriores. El documento habla de sociedades paralelas y multiculturalismo fallido y admite que las fronteras abiertas generan guetos y criminalidad.
Otros países afrontan el problema con políticas muy afinadas. Canadá tiene, por ejemplo, el Programa Provincial de Nominados, que permite a cada provincia fijar los perfiles de inmigración que se adapten mejor a sus necesidades. A partir de él, se seleccionan a aquellos candidatos que satisfagan esas demandas laborales y económicas locales y aporten en otros sentidos. Otros programas de migración detallan minuciosamente sus necesidades y cubren sus cupos en función de la edad, educación, experiencia laboral, habilidades lingüísticas, etcétera. Y todo ello sin perjuicio de las políticas de refugiados, apátridas, desplazados o reagrupamiento familiar.
He buscado cuál es la política oficial española de inmigración y, aparte de referencias a la normativa ad hoc, no encuentro un documento en el que se establezcan las necesidades a corto medio y largo plazo o se recojan las preferencias migratorias o la experiencia previa con diferentes grupos sociales y por origen. El Ministerio de Inclusión de Seguridad Social y de Migración se limita a decir que se encarga de «desarrollar la política de migración diseñada por el Gobierno».
«España debe dirigir su inmigración hacia los países hispanos»
Mi impresión es que España simplemente no tiene política migratoria, más allá de otorgar la nacionalidad a descendientes de españoles y algunos tratados internacionales aislados. Es urgente definir una política migratoria, porque una concepción defectuosa puede tener consecuencias muy serias. En Francia, los inmigrantes de tercera generación continúan sin integrarse en la sociedad.
Después del baño de realismo de Suecia, España debe dirigir su inmigración hacia los países hispanos con los que compartimos religión, idioma y valores. Es, en definitiva, una inmigración de poco rozamiento, que no requiere programas de adaptación o educación y es, en suma, de integración rápida. Esa es una política seria, realista y alejada del universalismo que tanto lamenta Suecia hoy.
Y aparte de regular la inmigración general, como hace Canadá, me pregunto si no tendría sentido tener a profesores chilenos o colombianos, con estancias cortas medias y largas en universidades españolas. Mientras que las universidades inglesas y americanas importan mucho talento de fuera, nosotros casi no tenemos savia nueva.
España tiene excelentes escuelas de negocios, a las que acuden alumnos de todo el mundo. ¿No sería lógico disponer de un programa específico para estos profesionales?
Pero no, no hay una política de inmigración. Por no haber, no hay ni una política para obtener el NIE, que sigue siendo un lío y exige concertar citas previas y hacer colas a las seis de la mañana en comisarías remotas.
Y puestos a tener gestos solidarios, se podrían habilitar cupos para países especialmente necesitados, como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Mientras tanto, vemos que el Gobierno se plantea ceder competencias de inmigración a Cataluña. Vivir para ver.
