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Indígenas de Colombia y Brasil demandan a una cadena de supermercados francesa por la deforestación de la Amazonia

Autor: Silvia Ayuso Naiara Galarraga Gortazar
Zona de la selva del Amazonas deforestada para plantar soja cerca de Porto Velho (Brasil), en 2019.
Zona de la selva del Amazonas deforestada para plantar soja cerca de Porto Velho (Brasil), en 2019.VICTOR MORIYAMA / New York Times / ContactoPhoto / NYT

Representantes de varias comunidades indígenas amazónicas han presentado este miércoles una demanda en Saint-Étienne, en el sur de Francia, contra el gigante francés de supermercados y minoristas grupo Casino, al que acusan de no haber impedido, a través de sus filiales en Brasil y Colombia, la deforestación de sus tierras y violaciones de derechos humanos.

La acción, apoyada por varias ONG internacionales, se basa en la ley de “diligencia debida” aprobada en Francia en 2017. Esta normativa —usada ahora por primera vez contra una cadena de supermercados— obliga a las empresas de más de 5.000 empleados a garantizar que “tanto sus filiales como las subcontratas” no causan “violaciones graves contra los derechos humanos y libertades fundamentales, contra la salud y seguridad de las personas, así como contra el medio ambiente en toda su esfera de influencia”.

Según los demandantes, el grupo Casino, cuyas filiales sudamericanas Pão de Açúcar en Brasil y grupo Éxito en Colombia suponen el 47% de sus ingresos anuales, “ha fracasado a la hora de revisar sus políticas de vigilancia y actuación para garantizar que en toda su cadena de suministro no se produce ninguna violación de derechos humanos o medioambiental”.

Uno de los principales motivos, afirman, es que Casino sigue comprando productos al gigante mundial cárnico JBS, acusado por varias ONG de adquirir sus productos de ganaderías vinculadas a prácticas de deforestación y hasta de trabajo esclavo. Entre la documentación recopilada por la organización Center for Climate Crime Analysis (CCCA) para la demanda, se sostiene que el grupo Casino “adquirió regularmente carne de tres mataderos pertenecientes a JBS, cuya carne proveía de 592 proveedores responsables de la deforestación de al menos 50.000 hectáreas entre 2008 y 2020, cinco veces el tamaño de París”. Además, los demandantes aseguran aportar pruebas de “violaciones de derechos” de los indígenas. Entre otros, señalan, “tierra de propiedad ancestral de la comunidad de Uru Eu Wau Wau, ubicada en el estado de Rondônia en Brasil, fue invadida y explotada por granjas de ganado que suministran carne de vaca al supermercado Pão de Açúcar, filial del grupo Casino en Brasil”.

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“La demanda de carne vacuna por parte de Casino y Pão de Açúcar trae deforestación y acaparamiento de tierras, violencia, y el asesinato de líderes indígenas cuando optan por resistir”, explicó Luis Eloy Terena, del pueblo Terena brasileño y asesor legal de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), una de las demandantes. “Los indígenas están siendo huérfanos en sus propios territorios”, denunció en rueda de prensa telemática.

En un correo electrónico, un portavoz del grupo Casino rechazó pronunciarse sobre “un procedimiento en curso”, pero afirmó que su filial brasileña “despliega una política sistemática y rigurosa de control del origen de la carne bovina proporcionada por sus proveedores”. Frente a las acusaciones de ONG como la francesa Envol Vert, que este miércoles afirmó que solo en 2020 lograron identificar “54 productos vendidos en Pão de Açúcar vinculados con la deforestación”, el Grupo Casino sostiene que “lucha activamente, y desde hace años, contra la deforestación vinculada a la ganadería bovina en Brasil y Colombia”.

Si la demanda es aceptada por el tribunal de Saint-Étienne, donde tiene su sede el grupo Casino, el caso podría llegar a juicio como pronto en un año. Según explicó el abogado Sebastien Mabile, de Seattle Avocats, lo que buscan con este proceso es que la compañía “adopte un nuevo plan con medidas aptas para frenar la deforestación en el aprovisionamiento de carne bovina en la Amazonia”. Además, los demandantes piden “reparación de perjuicios sufridos” por más de tres millones de euros para las comunidades indígenas representadas y 10.000 euros para cada asociación demandante en materia de “perjuicio moral”.

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Al coincidir la llegada al poder en Brasil de Jair Bolsonaro, un presidente nada preocupado por las cuestiones ambientales, con una mayor conciencia del cambio climático como amenaza mundial, ha aumentado el escrutinio internacional por la deforestación de la Amazonia y las cadenas de producción de las empresas que nutren de esa región. Esa atención se concentra en Amazonia, que se extiende por nueve países, sobre todo Brasil. La mayor selva tropical del mundo perdió 11,088 km² en territorio brasileño, un 9,5% más que el año anterior, según el último balance anual difundido el pasado noviembre. El sistemático debilitamiento de las estructuras de fiscalización ambiental por parte de Bolsonaro ha convertido a Brasil en un villano a ojos de buena parte del mundo y en blanco de las críticas directas del presidente francés, François Macron.

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