Advertencia de contenido: Este artículo discute temas sensibles, incluida la violencia sexual y otras formas de abuso.
“Los secuestros siempre fueron conocidos, pero no eran tan normales como ahora”, nos dijo un trabajador religioso sobre la realidad que vive la población migrante con la que trabaja. “Sacan a la gente de sus tiendas de campaña en la noche, se llevan a familias enteras”, añadió la directora de un grupo humanitario. “Todas las mujeres con las que trabajamos han sido violadas”, dijo una abogada que trabaja con personas solicitantes de asilo. “Las mujeres empiezan a tomar anticonceptivos antes del viaje porque saben que pueden ser violadas”, afirmó la directora de un albergue.
Estos son algunos de los detalles compartidos en entrevistas recientes por integrantes de organizaciones humanitarias que trabajan con personas migrantes y solicitantes de asilo a lo largo de la frontera entre Texas y Tamaulipas. Para las personas que intentan migrar a Estados Unidos desde la frontera sur de México, esta región, en la punta de Texas, es el camino más corto. De 2013 a 2022, de los nueve sectores en los que la Patrulla Fronteriza divide la frontera, el Valle del Río Bravo de Texas, que se encuentra al otro lado del Río Bravo de Tamaulipas, recibió a más personas migrantes que cualquier otro.
Para las personas migrantes, pasar por Tamaulipas significa enfrentarse a graves peligros. El estado tiene una fuerte influencia de grupos violentos del crimen organizado, que a veces trabajan en connivencia con autoridades. Tamaulipas es el único estado fronterizo mexicano, y uno de los seis estados mexicanos en general, al que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado una designación de “nivel cuatro – no viajar”, el mismo nivel asignado a países como Afganistán. El poder de los grupos delictivos en Tamaulipas está fragmentado: ningún grupo tiene el monopolio. El resultado es que los grupos se disputan violentamente el control de las fuentes de riqueza ilícitas y de las instituciones locales. Aunque la población mexicana también es objeto de innumerables delitos y actos de violencia —Tamaulipas es uno de los estados con más desapariciones del país—, es un estado particularmente peligroso para personas migrantes y solicitantes de asilo. Hace casi 14 años, en agosto de 2010, 72 personas migrantes fueron asesinadas por grupos criminales en San Fernando, Tamaulipas. Desde entonces se han encontrado decenas de fosas clandestinas en las que se cree que hay restos de personas migrantes.
Los grupos que dominan la actividad delictiva en Tamaulipas ganan millones de dólares anuales a través del tráfico transfronterizo de drogas, la trata de personas y el tráfico de personas migrantes. Esta última actividad ha experimentado un crecimiento significativo debido a las políticas fronterizas restrictivas de Estados Unidos, las cuales bloquean o devuelven al norte de México a un gran número de personas migrantes. Sin embargo, esta no es la única forma en que los grupos criminales buscan aprovecharse de las personas migrantes: también las secuestran de manera sistemática, les infligen daños físicos y psicológicos, y exigen rescates costosos a sus familiares.
La robusta industria del secuestro de personas migrantes en Tamaulipas ejerce control sobre el uso de todos los medios de transporte: autobuses, taxis, las aplicaciones para transporte e incluso aeropuertos, para aquellas personas migrantes que pueden volar en un intento de evitar el peligroso viaje terrestre. En Nuevo Laredo, los secuestros son tan prevalentes que se conocen informalmente como “pasar por la oficina de cobro”, según nos informó una investigadora local de migración. Aunque este problema no es nuevo, las personas entrevistadas en Tamaulipas nos informaron que ha alcanzado niveles extremos en los últimos meses. “Todos mis clientes han sido secuestrados”, dijo una abogada de asilo en Nuevo Laredo.
Metodología
Desde febrero a principios de marzo del 2024, integrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) entrevistaron a 15 personas investigadoras, trabajadoras humanitarias y personal de albergues en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, o en el lado estadounidense de la misma región fronteriza. Sus identidades se mantienen anónimas por motivos de seguridad.
Observamos tres tendencias alarmantes:
- Los secuestros y las extorsiones a personas migrantes han aumentado notablemente desde finales del 2023. Muchas personas describen este momento como el peor periodo de violencia que han visto, tanto en términos numéricos como en el nivel de brutalidad.
- Muchas autoridades mexicanas toleran o participan activamente en el secuestro de personas migrantes.
- Las políticas fronterizas de Estados Unidos siguen canalizando a las personas migrantes y solicitantes de asilo a través de Tamaulipas a tasas desproporcionadamente altas, a pesar de que las autoridades estadounidenses están conscientes del peligro extremo que corren las personas migrantes en esta región de la frontera.
1. Secuestro, violencia física y psicológica y extorsión: un negocio lucrativo
Todas las personas entrevistadas nos contaron que la mayoría, o la totalidad, de las personas a las que atendieron en el segundo semestre del año pasado y en este año habían sido secuestradas, agredidas, violadas, obligadas a trabajar para el cártel o habían sufrido otras formas de abuso. Las personas con las que hablamos nos dijeron en repetidas ocasiones que casi no quedan espacios seguros para las personas migrantes en Tamaulipas, y que la situación está empeorando.
Secuestro y extorsión
Los grupos de crimen organizado llevan a cabo una vigilancia constante, con ojos y oídos en todo su territorio, lo que dificulta que las personas migrantes puedan pasar sin ser identificadas en cualquier parte de Tamaulipas. Las personas entrevistadas describieron cómo los grupos delictivos sacan a la fuerza a personas de sus tiendas de campaña en campamentos al aire libre, se llevan a camiones enteros de personas migrantes, esperan en terminales de transporte para buscar a personas sin identificación mexicana y hasta colaboran con servicios de transporte o autoridades mexicanas para que dejen a las personas migrantes en sus “casas de seguridad”.
Una voluntaria humanitaria compartió la historia de una mujer guatemalteca que intentó huir a Estados Unidos para evitar el reclutamiento forzado de su hija de 8 años para trabajo sexual. Intentó acceder al puerto de entrada —el lugar oficial para pedir asilo en la frontera estadounidense— mientras seguía recibiendo amenazas, pero le negaron el acceso. Cuando iba de regreso del puente, fue secuestrada. Las personas migrantes “no pueden estar solas en Reynosa”, nos dijo la voluntaria.
El secuestro, a menudo acompañado de una violencia física y psicológica brutal, busca obligar a las familias de las víctimas a pagar cuotas de extorsión. Los grupos criminales suelen manipular el precio del rescate dependiendo del país de origen de la víctima y de sus vínculos con personas en Estados Unidos. Utilizan la violencia para adquirir esta información, así como otros datos personales que podrían utilizar para seguir amenazando a las víctimas tras su liberación.
Los perpetradores cobran los rescates en dólares, normalmente enviados por familiares en Estados Unidos. La necesidad de salvar a sus seres queridos obliga a muchas personas a endeudarse severamente o incluso a perderlo todo. Un miembro de un colectivo humanitario relató que conoció a personas que vendieron su casa para sacar a sus familiares de las manos del cártel. Muchas veces, la persona extorsionada está indocumentada en Estados Unidos y teme pedir ayuda a las autoridades estadounidenses.
Cuando las víctimas consiguen pagar los rescates y logran ser liberadas, es normal que sus agresores las dejen en la puerta de algún albergue para personas migrantes. Esto genera una sensación perpetua de inseguridad tanto para el equipo del albergue como para las personas migrantes. La inseguridad ha obligado a algunos albergues a cerrar sus puertas: en Nuevo Laredo, se han cerrado todos los albergues porque “miembros del crimen organizado amenazan y perpetran actos de violencia contra el personal de los albergues y las personas migrantes.”
Violencia sexual en cautiverio
Varias personas entrevistadas destacaron la creciente brutalidad de los abusos que sufren las víctimas de secuestro. Muchas personas describieron los horrores particulares que sufren las mujeres, como agresiones sexuales, violaciones y abuso sexual en grupo delante de sus hijos y parejas, aunque también se inflige violencia sexual a hombres y niñez migrante. En Reynosa y Matamoros, Médicos Sin Fronteras reportó un aumento del 70 por ciento en las consultas por violencia sexual con personas migrantes en los últimos tres meses de 2023, y 28 casos solamente en enero del 2024: estos son más casos que en cualquier mes del 2023.
Un grupo de personas entrevistadas explicó que, una vez en cautiverio, quienes no puedan pagar el rescate se enfrentan a condiciones parecidas a la esclavitud, forzados a trabajar para el crimen organizado. Nos hablaron de madres obligadas a ejercer trabajo sexual para proteger a sus infantes, de personas obligadas a ser intérpretes para otras víctimas de secuestro, y de personas forzadas a ser testigos de violencia física extrema durante un secuestro y a limpiar las habitaciones donde sucedieron dichos actos. Algunas personas son puestas en libertad condicional y forzadas a informar sobre otras personas migrantes dentro de los albergues; en estos casos, el grupo criminal mantiene a un ser querido bajo cautiverio como un “depósito”.
Algunas víctimas se quedan en cautiverio por meses, aunque la duración suele ser menor. Es extremadamente raro que las autoridades mexicanas rescaten a las personas secuestradas o que lleven a los perpetradores ante la justicia.
2. Las autoridades mexicanas “sirven de adorno o bien participan, el uno o el otro”
Cita de un voluntario humanitario del Valle del Río Bravo
Las personas entrevistadas compartieron testimonios de abusos, detención y extorsión de personas migrantes y solicitantes de asilo por parte de las autoridades mexicanas, incluidos varios ejemplos en los que las autoridades entregaron a personas migrantes a grupos del crimen organizado o hicieron la vista gorda ante secuestros y asaltos públicos cometidos a plena luz del día.
Nuestras entrevistas arrojaron varias historias de personas migrantes “vendidas” a los carteles por las autoridades mexicanas, en su mayoría integrantes de la policía estatal. En una de ellas, un grupo de personas solicitantes de asilo, que habían sido rechazadas en un puerto de entrada, se encontraban en una casa controlada por sus coyotes mientras se preparaban para cruzar el río hacia Estados Unidos. Oficiales de la policía estatal de Tamaulipas llegaron a la casa, les advirtieron que sus coyotes iban a volver para atacarlas y les ofrecieron protección. En lugar de protegerlas, los oficiales las entregaron directamente a un cartel, dejándolas en una de sus casas de seguridad.
La connivencia con el crimen organizado también se produce por omisión, cuando las autoridades no reaccionan ante los secuestros de personas migrantes o no los investigan, a veces a pesar de haber recibido llamadas de ayuda. Nos contaron acerca de una situación en donde las autoridades estatales y federales mexicanas se negaron a actuar en un caso de secuestro, a pesar de que personal humanitario envió las coordenadas exactas del lugar donde estaba retenida la víctima.
Las autoridades migratorias mexicanas practican el ¨metering¨ o control de aforo
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México controlan el acceso a los puertos de entrada a Estados Unidos desde el lado mexicano. Sólo permiten que una o dos docenas de personas solicitantes de asilo sin cita se acerquen a los puertos de entrada al día, dando prioridad a las personas migrantes en situación de mayor vulnerabilidad que vayan acompañadas por una organización humanitaria local. También se reportan casos en los que los y las agentes del INM solicitan un pago a cambio del acceso (un problema públicamente denunciado desde hace tiempo).
Algunas personas asesoras legales de asilo señalaron casos en los que el INM pedía a las personas migrantes que recitaran un código proporcionado por el crimen organizado, para comprobar que habían “pagado el paso”.
En la frontera estadounidense, la práctica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de controlar la cantidad de personas que se pueden acercar para pedir asilo se llama metering, y un tribunal federal ha declarado que viola la ley estadounidense. Las autoridades mexicanas en Tamaulipas están llevando a cabo el equivalente de una versión subcontratada del metering, una práctica doblemente preocupante dadas las acusaciones de connivencia entre dichas autoridades y el crimen organizado.
3. La política fronteriza de EE.UU: fuente de ganancias para el crimen organizado y una pesadilla para las personas solicitantes de asilo
El marco legal estadounidense ofrece pocas opciones para una persona o familia que huye de su país de origen y espera solicitar asilo en Estados Unidos,. Las personas solicitantes de asilo pueden:
- Conseguir una cita en un puerto de entrada utilizando la aplicación CBP One, con todos los obstáculos tecnológicos que ello conlleva. Esto requiere estar en la Ciudad de México o más al norte y esperar hasta seis meses para una cita.
- Acercarse a un puerto de entrada para pedir asilo sin cita— esto si logran pasar por las autoridades migratorias mexicanas—.
- Intentar cruzar entre puertos oficiales, lo que en Tamaulipas requiere pagar la cuota del crimen organizado, atravesar el río y entregarse a la Patrulla Fronteriza, un método que constituye un delito menor según la legislación estadounidense y que puede limitar la capacidad de solicitar asilo. A pesar de los riesgos, muchas personas lo consideran su única opción, especialmente cuando huyen de amenazas inminentes.
Las personas solicitantes de asilo que tienen citas de CBP One en Tamaulipas se arriesgan al secuestro y la violencia si esperan cerca de la frontera. Por esta razón, muchas personas escogen esperar más al sur del país, por ejemplo en la Ciudad de México, la ciudad más alejada de la frontera donde funciona la aplicación y donde los riesgos son menores. Luego, viajan a la región fronteriza uno o dos días antes de sus citas. Nos dijeron, sin embargo, que esta estrategia frecuentemente fracasa, porque los grupos de crimen organizado —que a menudo opera con el conocimiento o la connivencia de las autoridades y los conductores de transporte— esperan en las estaciones de autobuses y aeropuertos de Tamaulipas a las personas con cita.
Muchas personas solicitantes de asilo faltan a sus citas con las autoridades estadounidenses por haber sido secuestradas en México. Es poco probable que sea una coincidencia que la tasa de citas no asistidas en Nuevo Laredo sea especialmente alta: una persona investigadora de la migración nos informó que aproximadamente el 65 por ciento de las personas llegan a sus citas. Las que no llegan pierden su oportunidad. Salvo intervención excepcional de las autoridades, CBP One obliga a la persona solicitante de asilo a reiniciar todo el proceso de solicitud de cita, el cual dura meses. Esto acaba siendo otro incentivo para cruzar el río y entregarse a la Patrulla Fronteriza.
Las autoridades estadounidenses saben que esto está pasando, pero nada cambia
Es bien sabido que el crimen organizado adapta sus estrategias en función de los cambios en las políticas migratorias estadounidenses: la regla es que las restricciones fronterizas significan incrementos en la violencia y más ganancias para el crimen organizado, ya que las actividades de tráfico de personas migrantes y el secuestro se vuelven más lucrativas. Esto ha sido más que evidente en los altos niveles de ataques contra personas migrantes bajo las políticas estadounidenses del Título 42 y de “Quédate en México“. Desde que se introdujo CBP One, las personas entrevistadas de la región fronteriza han registrado más casos de secuestro y de extorsión sin secuestro usando tácticas de violencia e intimidación.
Los peligros de viajar por Tamaulipas no son ningún secreto. Sin embargo, el 43 por ciento de las citas diarias que la CBP ofrece en toda la frontera (630 de 1,450) son para puertos de entrada en Tamaulipas. Dado que Laredo es el puerto más transitado de la frontera, y McAllen y Brownsville son comercialmente importantes, la CBP concentra más personal e infraestructura en estas áreas. La renuencia de la CBP a reubicar recursos para responder a la demanda de asilo contribuye a perpetuar esta crisis.
Asimismo, Tamaulipas ocupa continuamente el primer o segundo lugar en estados fronterizos mexicanos donde las personas migrantes mexicanas son deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En enero de 2024, la agencia deportó a más de 3,600 personas al estado, más de 100 al día, una práctica preocupante que WOLA ha denunciado desde hace más de una década. El ICE suele deportar a personas mexicanas a Tamaulipas porque es el segmento de la frontera más cercano al este de Estados Unidos, donde la agencia constantemente detiene a personas migrantes.
Las autoridades de la CBP saben que Tamaulipas es notorio por secuestros, violaciones y otras agresiones brutales contra personas migrantes, y que los secuestradores les esperan descaradamente a metros de los puentes fronterizos. Sin embargo, la agencia no ha ajustado sus políticas o prácticas para evitar dichos perjuicios.
Conclusión: “Nadie se merece esto”
Cita de una investigadora de migración
La persecución de personas migrantes en las ciudades del norte de México no es un fenómeno nuevo. Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas WOLA, lo han abordado durante muchos años, incluso antes de que existieran políticas como la de “Quédate en México”. En Tamaulipas, la brutalidad y la frecuencia de los abusos son especialmente intolerables y están aumentando, lo que exige una acción inmediata de los gobiernos estadounidense y mexicano.
Las actuales políticas fronterizas entre Estados Unidos y México —que limitan drásticamente el acceso a los puertos de entrada, obligan a las personas solicitantes de asilo a esperar muchos meses en México y a su vez expulsan a las personas migrantes a ciudades fronterizas de alto riesgo como las aquí analizadas— no sólo omiten reconocer la victimización sistemática de las personas migrantes por parte del crimen organizado: la facilitan. Si restringir el derecho a solicitar asilo ya es en sí intolerable cuando miles de familias e individuos están huyendo para salvar sus vidas, es aún más inaceptable a la luz de los peligros extremos a los que se enfrentan las personas migrantes en el lado mexicano de la frontera.
Por lo tanto, la medida más importante que puede adoptar el gobierno estadounidense para abordar esta crisis humanitaria es permitir un acceso rápido al sistema de asilo y evitar el confinamiento o la devolución de las personas migrantes a zonas fronterizas peligrosas. Adaptarse al aumento de personas solicitantes de asilo de forma ordenada y segura no significa cerrar el acceso al asilo, sino aumentar la capacidad de procesamiento en los puertos de entrada y mejorar la gestión y adjudicación de los casos de asilo. México, por su parte, debe dejar de ser cómplice de las políticas fronterizas estadounidenses que restrinjan indebidamente el derecho a solicitar asilo en la frontera.
Recomendaciones para los gobiernos de EE.UU. y México
A corto plazo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la CBP deberían:
- Aumentar el número total de citas disponibles por medio de CBP One, centrándose en zonas menos peligrosas de la frontera entre EE.UU. y México. En una audiencia celebrada el 21 de marzo en la Cámara de Representantes de EE.UU., un alto funcionario de la CBP afirmó: “no pretendemos ampliar el número de citas” en la frontera. Es urgente que la agencia reconsidere esta postura.
- Procesar inmediatamente a las personas solicitantes de asilo que se presenten en un puerto de entrada tras haber faltado a su cita por haber sido secuestradas o victimizadas en camino a la misma.
- Trabajar con las autoridades mexicanas para garantizar que, en lugar de asumir un papel de ¨metering¨ en los puertos de entrada, garanticen que las personas migrantes y solicitantes de asilo puedan acercarse a los puertos de forma segura.
- Garantizar que las deportaciones de EE.UU. a México tengan en cuenta la situación de seguridad, para evitar poner a las personas deportadas en situaciones peligrosas o a merced de los carteles. Alinear plenamente todas las políticas y prácticas con el principio de no devolución (non-refoulement), una garantía de derechos humanos en la normatividad estadounidense e internacional que prohíbe enviar a las personas a situaciones en las que es probable que se enfrenten a la muerte, la tortura o la persecución.
Por su parte, las autoridades mexicanas deberían:
- Prevenir los patrones de secuestro sistemático a personas migrantes, incluyendo a través de la presencia de cuerpos de seguridad en zonas de alto riesgo (que a menudo son lugares específicos y conocidos, como las terminales de autobuses).
- Responder rápidamente a todo reporte de secuestro.
- Investigar y judicializar a los perpetradores de secuestro. Esto incluye, en su caso, sancionar a los integrantes de las fuerzas de seguridad, agentes de migración y otros agentes del Estado por colusión con el crimen organizado en casos de secuestro y por otros abusos contra personas migrantes.
Por último, dada la naturaleza transnacional de estos delitos, que incluyen a víctimas en ambos lados de la frontera, la cooperación México-Estados Unidos debe priorizar urgentemente responder eficazmente ante los secuestros de personas migrantes e investigar a las personas responsables. WOLA y organizaciones contrapartes han destacado anteriormente que es esencial que la colaboración bilateral y el financiamiento destinado a enfrentar el crimen transfronterizo prioricen este tema, como uno de los fenómenos más violentos que afectan a las personas en la región fronteriza. El Congreso de Estados Unidos reconoció la importancia del tema, al proporcionar fondos en el presupuesto del año fiscal 2023 para una persona Asesora Jurídica Residente en la Embajada de Estados Unidos en México, cuya función incluiría abordar “casos de secuestros de personas migrantes y, en particular, casos en los que se exigen pagos de extorsión a familiares en Estados Unidos.” Ambos gobiernos deben garantizar que las personas que denuncien los secuestros de personas migrantes puedan dirigirse a las autoridades para reportar dichos delitos, independientemente de su situación migratoria.
