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Informes sobre dinero de cárteles en la política de México sacuden relaciones con Estados Unidos

Autor: Rafael BernalThe Hill

Las relaciones entre Estados Unidos y México se vieron sacudidas el miércoles por informes de una investigación de la Agencia Antidrogas (DEA) sobre las conexiones del dinero del narcotráfico con la campaña de 2006 del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Tres informes distintos, publicados en ProPublica, InSight Crime y Deutsche Welle (DW), ampliaron acusaciones anteriores de que los asesores de López Obrador recibieron millones de dólares de los cárteles de la droga en 2006 a cambio de una promesa de aplicación laxa de la ley si llegaba al poder.

López Obrador arremetió el miércoles y jueves contra los informes, alegando una conspiración mediática liderada por el Departamento de Estado en su contra.

“En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Estado y las agencias tienen mucha influencia en la gestión de los medios, y aquí también, pero no hay pruebas. Son viles calumniadores, aunque se les premia como buenos periodistas”, dijo a los periodistas en su conferencia de prensa diaria el miércoles.

Los informes sacaron a la superficie viejos agravios que López Obrador tiene contra sus rivales políticos y Estados Unidos en un momento en que el presidente Biden ha estado cortejando activamente al irascible presidente mexicano para que coopere en la aplicación de la ley migratoria.

El informe de DW alega que López Obrador hizo una llamada de agradecimiento a Edgar Valdez Villarreal, un ciudadano estadounidense conocido como “La Barbie” que en ese momento dirigía la Organización Beltrán Leyva, por facilitar entre $2 y 4 millones para su campaña.

La Organización Beltrán Leyva en ese momento estaba aliada con el Cartel de Sinaloa bajo un grupo paraguas llamado “La Federación”.

ProPublica e InSight Crime informaron que la DEA nunca estableció si el entonces candidato López Obrador conocía el plan.

Pero los tres informes, elaborados independientemente uno del otro, transmitieron esencialmente la misma historia: que agentes de la DEA llevaron a cabo una investigación que colocó al antiguo colaborador de López Obrador, Nicolás Mollinedo, en el centro del plan para recibir contribuciones de campaña de La Barbie.

Las investigaciones fueron supervisadas por el Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC), donde funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) y la DEA dirigen operaciones políticamente sensibles.

En 2012, poco después de que López Obrador perdiera su segunda elección presidencial ante el expresidente Enrique Peña Nieto, la SARC cerró la investigación de Mollinedo.

Se consideró que el gobierno de Peña Nieto aceptaba menos la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México que el del ex presidente Felipe Calderón, en virtud del cual los dos países firmaron la Iniciativa Mérida para combatir conjuntamente el narcotráfico.

Esa actitud, según los informes, hizo que los funcionarios estadounidenses fueran menos optimistas a la hora de iniciar una investigación vinculada a López Obrador, una figura política importante en México.

“En el siglo XXI, uno esperaría que lo que habíamos estado construyendo -a partir de 2006, pero principalmente después de los ataques terroristas contra Estados Unidos en 2001, que fue, creo, el gran momento de transición en los sectores de seguridad e inteligencia- relación entre México y Estados Unidos: ese es el tipo de relación que necesitamos hoy”, dijo Arturo Sarukhán, quien se desempeñó como asesor de campaña de asuntos exteriores de Calderón en 2006 y embajador de México en Estados Unidos de 2007 a 2013.

Pero tras los recientes informes, López Obrador criticó una mayor cooperación en materia de seguridad, dando a entender que Genaro García Luna, el ahora condenado ex alto funcionario de seguridad de Calderón, dirigió el gobierno mexicano durante el mandato de Calderón.

“Sobre la DEA y otras agencias que se involucran [in Mexican politics] , claro que se involucran, y más cuando se les permite, como pasó precisamente durante el gobierno de -no sé si decir Calderón o García Luna-. “Entonces, entraron al país e hicieron lo que quisieron. Entonces eso ya no pasa y eso los tiene enojados”, dijo López Obrador el miércoles.

García Luna fue condenado en 2023 por recibir sobornos y utilizar su cargo para ayudar al Cartel de Sinaloa, en un caso que su abogado describió como “construido sobre las espaldas de algunos de los criminales más notorios y despiadados que testificaron en este tribunal”.

López Obrador y funcionarios de su administración celebraron la condena de García Luna, presentándola como una prueba de que Calderón, el archienemigo de López Obrador, era corrupto.

Días antes de los tres informes sobre la campaña de 2006, el fiscal general mexicano revivió un viejo caso, el asesinato del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994, nombrando a un agente de seguridad que entonces estaba bajo el mando de García Luna como presunto segundo tirador.

Sarukhán calificó las nuevas revelaciones del fiscal general como “una operación de humo y espejos” para distraer la atención de las historias, todas las cuales habían solicitado comentarios de la oficina de López Obrador en varias ocasiones.

“Si quieres una prueba irrefutable, para mí esa es una prueba irrefutable. Dice que al menos el gobierno mexicano y la oficina del presidente estaban muy preocupados y muy incómodos por la información que publicaron estos tres medios”, dijo Sarukhán.

La administración Biden se ha abstenido de abordar las acusaciones directamente, pero una persona familiarizada con la situación restó importancia a la investigación, diciendo que “la actividad de investigación estuvo limitada en el tiempo, restringida en alcance únicamente a la actividad criminal relacionada con las drogas, detectada en el país y concluyó.”

En otras palabras, los funcionarios estadounidenses en México y los funcionarios mexicanos fueron informados de la investigación antes de que fuera cerrada.

Oficialmente, el Departamento de Justicia promocionó su cooperación policial con México.

“El Departamento de Justicia respeta plenamente la soberanía de México y estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga responsables de tanta muerte y destrucción en nuestros dos países. Es nuestra práctica estándar no comentar sobre la existencia de cualquier actividad de investigación en particular. Seguimos constantemente estrictos protocolos internos y supervisión para manejar todas las investigaciones internacionales sensibles”, dijo un portavoz a The Hill.
López Obrador se quejó el jueves de que el hecho de que la administración Biden pasara página no fue suficiente, ya que los informes procedían de varios funcionarios estadounidenses.

“Esa es una pregunta informal, eso no lo acepto. Lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, Tienen que disculparse”, dijo a los periodistas.

Aunque López Obrador dijo que las acusaciones contenidas en los informes son falsas y equivalen a difamación, y calificó a Tim Golden de ProPublica como “un mercenario al servicio de la DEA”, se negó a pedir cargos contra los medios o los reporteros involucrados.

“Es un peón, un mercenario del periodismo, como existen en México, existen en Estados Unidos y en todo el mundo, pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA [by itself] , en abstracto”. ¿Qué, no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia?”

Esas acusaciones y la posición de López Obrador de que los informes fueron de alguna manera diseñados por el gobierno de Estados Unidos podrían amenazar la cooperación bilateral, en medio de crecientes preocupaciones demócratas sobre el papel de la migración en las elecciones presidenciales de 2024.

“Ellos lo saben”, dijo López Obrador sobre los funcionarios de la administración Biden.

“El presidente Biden debería saber esto porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando de lucha contra las drogas, si ellos o una institución suya está filtrando información y haciéndome daño? A mí no, a lo que represento”, dijo.

México, al igual que Estados Unidos, se enfrenta a una elección presidencial este año, y aunque López Obrador no puede postularse para la reelección, está presionando para que su sucesora elegida, la ex alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, gane en junio.

La oponente de Sheinbaum, la candidata opositora Xóchitl Gálvez, tomó la palabra de López Obrador el miércoles.

Gálvez llamó a Golden un “periodista muy prestigioso”, pero dijo que López Obrador debería abrir una denuncia penal en Estados Unidos si cree que los informes son difamatorios.

“Es una acusación muy grave contra el jefe del Estado mexicano”, dijo. “Está obligado a presentar una denuncia penal ante Estados Unidos, porque están acusando al jefe del Estado mexicano”.

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