La inmigración irregular también puede ser instrumentalizada contra los Estados. Así lo apunta uno de los tres informes elaborados recientemente por diferentes consejos del Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, que tocan puntualmente el fenómeno migratorio desde distintas perspectivas. Se trata, en concreto, de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, que alerta por primera vez del riesgo de que “actores estatales o no estatales” utilicen “olas incontroladas de inmigración irregular” por mar como parte de las denominadas “estrategias híbridas” (actuaciones que buscan desequilibrar las condiciones de seguridad de un estado sin superar el umbral de la agresión armada convencional) para explotar las vulnerabilidades de España. En 2023, llegaron a España 56.852 personas fuera de los puestos fronterizos habilitados, la segunda cifra más alta tras la de 2018. En su gran mayoría, un 99,2%, lo hicieron por vía marítima. España es, después de Italia, el segundo país europeo con más entradas irregulares y el segundo en el que el aumento de esta inmigración fue más acusado el año pasado.
El documento, que no cita a ningún país como posible promotor de estos intentos de desestabilización, recuerda que “España, en su condición de frontera exterior de la Unión Europea, se encuentra especialmente expuesta a flujos migratorios irregulares por vía marítima” y recalca que el Estrecho de Gibraltar, por su cercanía con África, “facilita determinadas amenazas a la Seguridad Nacional”. Entre estas, también sitúa “cualquier acto violento que atente contra infraestructuras [en este sentido, destaca las energéticas] y las líneas de comunicación marítima”, los “sabotajes y ciberataques contra buques (incluyendo su carga y pasajeros)” o “contaminaciones marinas provocadas”. Esta estrategia nacional sustituye a la primera, que se elaboró en 2013 durante el gobierno de Mariano Rajoy, y en la que solo se abordaba la cuestión de la inmigración irregular como un fenómeno delincuencial sin referencias a su posible instrumentalización dentro de “estrategias híbridas”, expresión que no cita.
Antes que este documento, ya habían salido a la luz otros dos elaborados por Seguridad Nacional en la misma fecha, el pasado 19 de marzo, que alertaban sobre el riesgo que representa para España la migración irregular, aunque con otros planteamientos. Ese día, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la Estrategia Nacional contra el Terrorismo en la que se destacaba sobre todo que la guerra en la Franja de Gaza supone “un riesgo real y directo” de aumento de la amenaza terrorista. Sobre la llegada irregular de extranjeros, el documento recogía que “la crisis multidimensional del Sahel afecta indefectiblemente a la estabilidad en la zona y, de manera directa, a los intereses nacionales de España, especialmente en lo que se refiere a la amenaza terrorista y al aumento de los flujos migratorios irregulares”. En este sentido, añadía que ese incremento de personas que intentar entrar en España de manera irregular “pueden ser aprovechados por elementos terroristas para dar cobertura a sus desplazamientos”, por lo que planteaba mejorar “los sistemas de control migratorio”.
Este temor estaba corroborado por investigaciones policiales previas. En el verano de 2021 la Guardia Civil detuvo en la localidad mallorquina de Llucmajor a un individuo de nacionalidad argelina al que las autoridades de su país acusaban de liderar desde Europa una organización dedicada al tráfico de seres humanos desde Argelia. Las autoridades españolas sospechaban que el arrestado pudo facilitar la entrada en la península tanto de un presunto yihadista detenido en Almería en abril del año anterior tras retornar de Siria, donde había combatido en las filas del autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), como de otros tres supuestos terroristas que cayeron en Barcelona a comienzos de 2021 cuando presuntamente iban rumbo a Francia para atentar. No obstante, fuentes de la lucha antiterrorista recalcan que, pese a estos casos, las vinculaciones del tráfico de seres humanos con el yihadismo son “puntuales” y fruto en ocasiones de la supuesta “afinidad” del cabecilla de la trama de inmigración con el ideario islamista violento.
También el 19 de marzo se publicó en la página web de Presidencia el Informe Anual de Seguridad Nacional, referido a 2023, en el que situaba el fenómeno migratorio como uno de las cinco principales amenazas para España. En concreto, la colocaba en tercer lugar con una “intensidad muy alta”, solo por detrás del riesgo que suponen las campañas de desinformación y la vulnerabilidad del ciberespacio, y por delante de la “tensión estratégica y regional” y el “terrorismo y radicalización violenta”. El documento detallaba que el año pasado “la presión migratoria provino principalmente de Marruecos, Senegal y Argelia, además de subsaharianos no identificados (probablemente de Malí, Guinea o Gambia)”. Y añadía que, “junto a oportunidades, los movimientos migratorios seguirán generando retos ―incluidos los de carácter securitario en sentido amplio― que hay que gestionar”. Por ello, abogaba por el control de estos flujos “en cooperación con los principales países de origen y tránsito” y destacaba la labor realizada por España en este sentido en diferentes ámbitos europeos.
Estos documentos son los primeros que elabora Seguridad Nacional después de que, hace cerca de tres años, el 17 de mayo de 2021, miles de inmigrantes irregulares, muchos de ellos menores de edad, entraran en Ceuta tras echarse al mar para sortear el espigón ante la pasividad de las autoridades marroquíes y provocaran una crisis migratoria sin precedentes entre Rabat y Madrid. Poco después de aquel suceso, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró un informe en el que enmarcaba aquella entrada masiva de dentro del “discurso agresivo” con el que Marruecos pretendía que España cambiara de posición en la cuestión del Sáhara Occidental, como finalmente ocurrió.
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El documento del servicio secreto español afirmaba que la policía marroquí recibió instrucciones desde Rabat “para que relajasen la vigilancia en la franja costera desde Larache a Saidía [más de 200 kilómetros]” y que las autoridades de los municipios de la zona “dieron instrucciones a los taxistas y dueños de medios de transporte de poner sus vehículos a disposición del traslado de inmigrantes subsaharianos para llevarlos a las cercanías de Ceuta”. A la vez, en el puesto fronterizo de El Tarajal desapareció la presencia policial marroquí, “lo que facilitó la entrada de decenas de inmigrantes de forma simultánea, sobre todo de jóvenes” aquellos días.
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