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Juez da luz verde a demanda de grupo antiinmigrante que alega “daños al medio ambiente”

Autor: Univision

Un grupo que se opone a la política migratoria del gobierno de Joe Biden y pide reducir la inmigración indocumentada, se anotó una importante victoria luego que un juez federal de Washington DC permitiera una demanda que alega “daños al medio ambiente” causados por el tráfico de personas sin papeles a través de la frontera.

El juez federal Trevor McFadden, de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia (DC), dijo en un fallo de 29 páginas – emitido la semana pasada- que la demanda interpuesta por la Coalición para la Reforma de la Inmigración de Massachusetts (MCIR-) contra tres agencias federales puede proceder, menos en dos de sus partes.

Un grupo pide al tribunal que limite drásticamente la inmigración indocumentada y alega que el gobierno violó la ley ambiental cuando detuvo la construcción del muro ordenado por el expresidente Donald Trump.

También argumenta que otras medidas que se han venido implementando para eliminar la anterior política también causan daños al medio ambiente.

Desde enero de 2021 Biden, por medio de órdenes ejecutivas y memorandos, ha ido deshaciendo la cuestionada política de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, enfocada en el endurecimiento de las políticas contra la inmigración indocumentada y severas restricciones a la inmigración legal, entre ellas el asilo.

En el dictamen, McFadden señala que la MCIR “cuestiona” las políticas de inmigración de la Administración Biden por motivos ambientales. Y sostiene que tres departamentos “no han cumplido con la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), que exige que las agencias federales realicen un análisis de impacto ambiental antes de tomar ciertas medidas”.

Según la coalición, “el desprecio de la NEPA por parte de las agencias causó daños ambientales”. Y, a su vez, las agencias gubernamentales “se mueven para desestimar todos los reclamos por falta de jurisdicción sobre la materia y por no presentar un reclamo”.

El tribunal dijo que en esta etapa inicial de la demanda “se declara competente”. Pero desestimó dos reclamos: que el Manual de Instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) viola la NEPA y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) (Cargo I) y que la Administración Biden debería haber preparado un análisis ambiental “programático” de sus acciones relacionadas con la inmigración (Cargo XI) .

“Las reclamaciones restantes de la demanda “sobreviven”, indicó McFadden.

El Centro de Estudios de Inmigración (CIS) dijo que el dictamen del tribunal federal de distrito de DC “puede proceder contra la Administración Biden por no realizar un análisis ambiental bajo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) de sus principales políticas de inmigración que han aumentado enormemente la cantidad de personas que cruzan la frontera ilegalmente”.

El CIS agrega que ya había presentado una queja contra el DHS, el Departamento de Estado (DOS) y el Departamento de Justicia (DOJ) a nombre del MCIR sobre este tema.

La demanda enmendada de CIS “alegaba que el hecho de que la Administración Biden no realizara ningún análisis ambiental antes de implementar las políticas de inmigración que han creado la crisis en la frontera, incluida la terminación del Programa Permanecer en México (MP), también conocida como ‘Quédate en México’, y la “pausa” de la construcción del muro fronterizo, violó la NEPA, que requiere que las agencias lleven a cabo análisis ambientales y solicitar la opinión del público antes de llevar a cabo políticas que ‘impacten significativamente en el medio ambiente humano’”.

“Las políticas implementadas unilateralmente por la Administración Biden, que han alentado a más de 1 millón de ciudadanos extranjeros a ingresar y establecerse en Estados Unidos, son el tipo de acción por excelencia a la que NEPA -una ley aprobada por una preocupación por el crecimiento de la población- debería aplicarse”, dijo Julie Axelrod, directora de litigios del CIS.

“El Centro espera litigar si la Administración Biden violó la NEPA cuando tomó las medidas que han creado la actual crisis fronteriza”, agregó.

El dictamen pronunciado por McFadden respalda el argumento del CIS, de que la ley NEPA requiere que las agencias realicen un análisis de impacto ambiental antes de emprender “acciones federales importantes que afecten significativamente la calidad del medio ambiente humano”.

Agrega que las disposiciones legales vigentes requieren forzosamente “que las agencias analicen detenidamente las consecuencias ambientales de sus acciones, y que los análisis deben ser compartidos con el público “para que las personas potencialmente afectadas puedan comentar”.

El MCIR, organización que se opone a la política migratoria de Biden, es un grupo no partidista cuyos miembros tienen intereses tanto profesionales como recreativos en la calidad del medio ambiente.

En defensa de sus argumentos, señala que la inmigración masiva ha tenido “efectos netamente negativos en [el] medio ambiente” y exige que la ley NEPA “debe aplicarse a cualquier política gubernamental”, sobre todo aquellas que “inducen el crecimiento de la población”.

El tribunal federal de distrito de DC señala además que los demandantes no están impugnando la autoridad del DHS ni su discrecionalidad para implementar la política migratoria, sino que desafía “la forma en el departamento adoptó sus políticas generales de cumplimiento” en el procesamiento de extranjeros que llegan a la frontera.

“El Tribunal debe aceptar las alegaciones fácticas de la Coalición como verdaderas y determina que presenta un reclamo de reparación que es plausible a primera vista”, señala.

En resumen, dice el fallo, “la Corte tiene jurisdicción sobre todos menos dos de los reclamos de la Coalición”. Y “presume que las alegaciones generales abarcan los hechos específicos que son necesarios para respaldar la reclamación”.

Sin embargo, el juez indica que en ¡una audiencia a ser determinada, “la Coalición debe ofrecer evidencia admisible que establezca afirmativamente su legitimación para proceder y su derecho a vindicación sobre el fondo” de la acusación.

La coalición demandante dice en su página digital que busca “reducir drásticamente la inmigración” por razones ambientales. Y que tanto el DHS como el DOS y el DOJ “deberían haber realizado un análisis de impacto ambiental antes de implementar los cambios de inmigración del presidente Biden, como llos exigidos por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).

“Cuando el gobierno federal toma la decisión de crear el crecimiento de la población a través de la inmigración, toma una decisión que produce consecuencias ambientales significativas y previsibles”, agrega.

La política migratoria de Biden se basa en deshacer la mayor cantidad posible de órdenes ejecutivas y memorandos emitidos durante el gobierno de Trump (unos 400) para recuperar, señala la Casa Blanca, la fortaleza del debido proceso migratorio aprobado por el Congreso. Y dar a los inmigrantes un trato digno, justo y humano.

La coalición alega que este afán el gobierno no consideró la NEPA en cada parte del proceso de desmantelamiento de la política migratoria del exmandatario.

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