La migración está en el “ojo del huracán” de la relación entre México y Estados Unidos, como quedó de manifiesto en la entrevista que AMLO le concedió en días pasados a la cadena CBS, donde la conductora del programa “60 minutos”, Sharyn Alfonsi, señaló que (parafraseando), con la inmigración en el primer plano de la campaña presidencial de Estados Unidos, México ha surgido como un factor clave con el potencial de influir en las elecciones en ese país, por lo que la Casa Blanca ha buscado intensamente preservar la cooperación del presidente López Obrador.
La gestión de la migración se ha convertido en una de las cuestiones más apremiantes de la relación binacional. Para EU, México se ha convertido en un factor de “descompresión” de las crisis fronterizas que se han presentado, tanto en la administración del presidente Donald Trump, como ahora en la de Joe Biden.
Actualmente, según el Departamento de Estado de EU, el gobierno mexicano ha agregado cientos de puntos de control de inmigración, ha reforzado la seguridad a lo largo de las rutas de tren utilizadas por los migrantes para viajar al norte y ha multiplicado por diez el personal encargado de hacer cumplir la ley. También, según ese reporte, México está deteniendo a más inmigrantes que en cualquier otro momento de la historia del país. Y la administración Biden está presionando para que México aumente las deportaciones (de ahí los acuerdos de estos días del gobierno mexicano con Venezuela, Ecuador y Colombia para buscar repatriar a los migrantes a sus lugares de origen).
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Pese a todos los esfuerzos, la migración desordenada e ilegal sigue creciendo. La SRE en México ha señalado que la estrategia del gobierno “contempla todas las fases del ciclo migratorio pues, al ser México país de origen, tránsito, destino y retorno, la prioridad es atender a las personas mexicanas en el exterior, así como a las extranjeras que pasan por territorio nacional”.
Sin embargo, a pesar de las intenciones, pareciera que los migrantes siguen siendo, más que sujetos de derechos, “objetos transaccionales” en un juego de culpas entre políticos de todos los países involucrados, donde son tratados como moneda de cambio entre intereses económicos, políticos y electorales, que relegan consideraciones humanitarias y que no han generado políticas viables que atiendan las causas de fondo.
Así, la situación de los migrantes acaba siempre quedando en el limbo (“al borde, en circunstancias extremas, o al límite”), como lo evidencian eventos de esta última semana: el colapso del puente de Baltimore, la actual caravana “Viacrucis Migrante”, la Ley SB4 y los reclamos del colectivo “Ángeles Mensajeros”, que pide justicia por los 40 migrantes que murieron hace un año en un incendio mientras estaban encerrados en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en México (su titular, Francisco Garduño, sigue sin rendir cuentas).
Los migrantes en, y hacia EU, forman parte de los millones de personas que, en el mundo, por diversas razones (pobreza, violencia, desigualdad o el cambio climático), cada año abandonan sus países de origen para buscar mejores condiciones de vida en otros lugares. Pero en este caso, su situación lejos de mejorar, cada vez parece complicarse más.
Baltimore
El derrumbe del puente Francis Scott Key puso la atención mundial en Baltimore, que cuenta con una numerosa población inmigrante latina. De parte de los políticos que en el Congreso de EU tratan cuestiones de la migración en EU no hubo ninguna deferencia especial a los seis migrantes que perdieron la vida en este accidente, en reconocimiento a la importante contribución de su trabajo a la economía de ese país. Se considera que la reconstrucción del puente puede tardar varios años y seguramente los trabajos de más alto riesgo serán adjudicados a los migrantes.
En un artículo de NBC News se señaló que “el colapso del puente de Baltimore llama la atención sobre la creciente fuerza laboral latina y los riesgos que enfrentan… aproximadamente un tercio de los trabajadores de la construcción del país son hispanos, y un mayor número de ellos están expuestos a peligros, que amenazan sus vidas”. Los trabajadores que fallecieron en el puente colapsado eran originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y México, “lo que ilustra los peligros que enfrentan los trabajadores hispanos”, cuyos intereses siguen estando subrepresentados.
Ley SB4
La Ley SB4, que autoriza la detención y deportación de migrantes “sospechosos” de ingreso ilegal a Texas, se discute dentro de un debate en EU que cuestiona competencias entre la autoridad federal y la soberanía estatal. Se ha convertido también en el epicentro de un juego de poder donde la política migratoria pasa a ser más que materia de derechos, en especial humanos, un asunto de votos electorales.
Esta ley se presentó en 2017 bajo la administración de Trump por el gobernador Greg Abbott para tratar temas de las ciudades santuario en Texas, y ahora en diciembre de 2023, con Biden, su enfoque es la penalización del ingreso irregular. Por el momento se encuentra suspendida por los tribunales de EU que consideraron, entre otros elementos, el “amicus curiae” (amigos de la corte) que mandó México, citando que “hay un alto riesgo de que la implementación de la ley SB4 pueda ocasionar fricciones internacionales; México ya se ha inconformado y podrían frustrarse esfuerzos bilaterales…”. La situación de los migrantes pende de un hilo.
Caravana “Viacrucis Migrante”
Esta Semana Santa casi 3 mil migrantes de países de Centro, Sudamérica y el Caribe iniciaron una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas, en lo que llamaron “Viacrucis Migrante”. Portan una gran cruz con la exigencia de que el gobierno les permita el tránsito libre por el país, del sur hacia EU. Los acompaña el sacerdote Heyman Vázquez, quien ha dicho que “quienes salen de sus países huyen de la violencia y buscan mejores oportunidades y bienestar para sus familias, van en busca de un sueño americano que, a veces, se les convierte en viacrucis”. Invitan a reflexionar si el término “compasión” se puede conjugar con el de la “razón” para atender las causas de la migración y a los migrantes.
En una entrevista en días pasados, también para “60 minutos”, el presidente de la Reserva Federal de EU, Jerome Powell, manejó la tesis que el gobierno mexicano debiera secundar: la estabilidad laboral y económica de EU depende en gran medida de un sistema de inmigración robusto y funcional. Y es que en el mejor interés de todos habría de llegarse a acuerdos que reconozcan derechos (seguridad, orden, igualdad, libertad, justicia), por encima de intereses políticos y electorales.
Así las cosas, será todo un reto para la nueva administración que se constituirá en México este 2024, enfrentar de manera constructiva y humanitaria el muy complejo fenómeno migratorio que ha sido una constante de la agenda binacional entre México y EU.
La gestión no es unidimensional, pero lo cierto es que no debe normalizarse la discriminación y criminalización sistemática de los migrantes. Deben atenderse las causas de fondo y buscarse un equilibrio entre el reconocimiento de fronteras y movilidad, la integración, el orden y derechos.
