La preocupación del Gobierno por la inmigración irregular se ha incrementado de tal forma en los últimos tiempos que ya no sólo aparece incluida como el tercer mayor riesgo para el país según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional. Además, esta problemática ocupa un extenso e importante apartado en la recién renovada Estrategia Nacional de Seguridad Marítima.
Según el documento elaborado por Moncloa, España se encuentra en una situación geográfica en la que resulta vulnerable a “amenazas híbridas” dedicadas a favorecer “olas incontroladas de inmigración irregular”.
Estas amenazas “provocadas” provendrían, aunque no se hace mención expresa a ello, de países vecinos como Marruecos. El régimen de Mohamed VI ya ha utilizado esta problemática en otras ocasiones como elemento de presión contra España y, por extensión, contra Europa.
Se pudo comprobar en mayo de 2021 tras la acogida de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, uno de los principales adversarios políticos de la monarquía alauí.
Después de que el espionaje marroquí conociera la decisión del Gobierno de atender a Ghali en un hospital español, 10.000 inmigrantes lograron cruzar la frontera y entraron en Ceuta en apenas 24 horas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a calificar la situación como “inaceptable”.
Sin embargo, al año siguiente, en una decisión histórica, polémica y sin precedente alguno, el Gobierno terminó cediendo y aceptando la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Qué son las amenazas híbridas
Marruecos es uno de los países de nuestro entorno que más y mejor explotan el uso de las amenazas híbridas, según fuentes de inteligencia consultadas por EL ESPAÑOL.
Las amenazas híbridas son, según el informe de Moncloa, aquellas que “bordean o tensionan los límites de nuestra legislación nacional, así como los tratados en los que España es parte y otros acuerdos y regulaciones marítimas mediante acciones en zona gris que buscan desequilibrar las condiciones de seguridad, sin llegar a superar el umbral de la agresión armada convencional, con la consiguiente repercusión en la prosperidad y bienestar de los ciudadanos”.
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En este tipo de estrategias se engloban actuaciones coordinadas y sincronizadas, “dirigidas a explotar las vulnerabilidades de los Estados y sus instituciones mediante acciones que tienden a fomentar la desestabilización política de las instituciones nacionales e internacionales”.
Marruecos combina a la perfección esta clase de actuaciones. Sin ir más lejos, aislando constantemente a Ceuta y Melilla, presionando a España con ambas ciudades autónomas y también utilizando la inmigración en su favor. También con movimientos de sus tropas como los que ha anunciado esta semana ante la costa de las islas Canarias, tras la petición de la abogada general del TJUE de anular el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos debido a la situación del Sáhara Occidental.
Un barco de la Marina Real de Marruecos realizando labores de guardacostas. Europa Press
Precisamente, la intensidad de los flujos migratorios irregulares en España a lo largo del año 2023 ha sido motivo de especial atención para el Gobierno. En total, se registró un aumento del 95% de llegadas a España respecto al año anterior (56.039 migrantes irregulares), siendo la ruta hacia las islas Canarias la de mayor intensidad.
Las cifras evidencian que 2023 fue uno de los dos peores años en esta materia de las últimas dos décadas. El otro fue 2018, también con Pedro Sánchez en el palacio de la Moncloa.
Durante 2023 la mayor parte de la presión migratoria provino principalmente de Marruecos, Senegal y Argelia, señala el informe, pese a ser tres países con los que España se esfuerza en mantener unas relaciones amistosas.
Además, llegaron subsaharianos no identificados (probablemente de Mali, Guinea o Gambia).
Esta problemática se percibe como la tercera que más riesgo entraña para la seguridad nacional del país. Solo en octubre, el mes con mayor número de llegadas irregulares por vía marítima a España, un total de 17.328 inmigrantes alcanzaron territorio español, la mayor parte de ellos llegados a las islas Canarias procedentes del Sahel.
La situación geográfica de España y la extensión de su costa favorecen la aparición de “amenazas” para la seguridad de la nación, como pueden ser el narcotráfico o la inmigración irregular por vía marítima. Por eso, 10 años después de su primera versión, la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Marítima insiste en esta realidad como un factor clave a tener en cuenta en el control de las aguas que rodean España.
Drones para controlar la costa
Para potenciar la protección del litoral ante la amenaza migratoria, el documento elaborado por el Gobierno ve necesario reforzar las capacidades en las funciones de seguridad marítima, actividades aduaneras y control de contrabando, así como en policía marítima y control de la inmigración irregular, definidas en el documento presentado en el Consejo de Seguridad Nacional.
La Estrategia de Seguridad Marítima recomienda la “modernización de la flota y los sistemas de vigilancia costera y en puerto con nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial”.
También se prevén medidas para hacer frente a la “utilización delictiva de vehículos submarinos, semisumergibles o artefactos tripulados de forma remota”.
“Asimismo”, prosigue, “se incorporarán unidades de vehículos aéreos tripulados de forma remota (drones) que contribuirán a estas funciones clave para el ejercicio de la acción del Estado en la mar. Se fomentará la eficiencia mediante la exploración de procesos de adquisición y/u operación interdepartamental”.
