La Audiencia de Madrid ha rechazado el recurso que interpuesto la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Madrileña, contra su auto de procesamiento por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. El abogado Gabriel Rodríguez Ramos acudió al tribunal de apelación señalando la necesidad de practicar más prueba de descargo, pero los magistrados le responden que éstas no son “ni necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación”, y ratifican la decisión de sentarle en el banquillo.
En todo caso, y al no tratarse de recursos de carácter suspensivo, el procedimiento siguió su curso y el pasado mes de septiembre la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que había asumido provisionalmente la causa al jubilarse Iglesias, dictó la apertura de juicio oral contra el empresario por cuatro delitos. A los dos fraudes contra Hacienda y la falsedad contable incorpora ahora el de organización criminal. Contra esta segunda resolución no cabe recurso, así que tras despejarse la incógnita de los reparos puestos al auto de procesamiento la celebración de un juicio contra el empresario por fraude a Hacienda ya es firme.
En el auto en el que proponía que el empresario fuera juzgado, y que ahora se confirma, la jueza incidía en que Alberto González Amador habría actuado siendo “conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria” y agrega que también encuentra indicios suficientes para procesar a sus socios por la facturación falsa empleada para perpetrar los delitos.
La defensa propuso unas testificales para confrontar estas conclusiones, pero la Audiencia las rechaza porque pretenden completar de forma extemporánea un informe tributario. Igualmente, alega al silencio de González Amador cuando ha sido llamado a declarar en este procedimiento.
La causa comenzó a investigarse en marzo de 2024, cuando la Fiscalía de Madrid denunció al empresario por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil en relación con la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL. Le atribuía indiciariamente un fraude de 350.951 euros en relación con el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 a través de un entramado de facturaciones falsas y sociedades interpuestas. La filtración de uno de los correos que la defensa del empresario intercambió con el primer fiscal del caso buscando un acuerdo de conformidad ha terminado sentando al fiscal general del Estado en un juicio ante el Tribunal Supremo por revelación de secretos.
Suscríbete para seguir leyendo
