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Opositores llaman a la unidad ante amenazado futuro de primarias en VenezuelaLas primarias de la oposición están previstas para el 22 de octubre, pero enfrentan un pedido en la justicia para prohibirlas, sin contar que muchos de los participantes están inhabilitados a ejercer cargos públicos, como María Corina Machado, Freddy Superlano y el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, que se abstuvo de participar en el debate.
El organismo hemisférico condenó las acciones de Nicolás Maduro para restringir libertad política.
La CIDH menciona de manera específica el caso de la candidata opositora María Corina Machado y su inhabilitación de 15 años corroborada el pasado 30 de junio por la Contraloría General.
El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, así como permitir el ejercicio de la protesta.
A esta inhabilitación, sostuvo, la Comisión se suman otras de reconocidos dirigentes opositores que aspiran a la Presidencia de la República, como Henrique Capriles y Freddy Superlano.
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Este tipo de inhabilitaciones, afirma el ente, no son nuevas en Venezuela.
En el 2021, en el marco de las elecciones de autoridades regionales y municipales, el Consejo Nacional Electoral rechazó 27 candidaturas debido a inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República.
Dicha decisión, afirman, impactó desproporcionadamente a los partidos políticos disidentes del gobierno, como es el caso del Partido Comunista de Venezuela, con 15 inhabilitaciones, y los partidos de oposición reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que recibieron al menos tres inhabilitaciones.
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“La CIDH recuerda que el Estado de Venezuela fue condenado internacionalmente en el caso López Mendoza por este tipo de sanciones. Al respecto, reitera que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuesta mediante una condena en el marco de un proceso penal”, continúa el comunicado.
Por otra parte, la Comisión registró con especial preocupación la detención arbitraria de tres sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales.
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Según lo informado por organizaciones de la sociedad civil, en lo que va del año, más de 20 personas trabajadoras fueron detenidas en circunstancias parecidas, siendo sometidas a regímenes de presentación periódica ante tribunales y en algunos casos imputados por delitos como “instigación al odio”.
Machado es la favorita en las encuestas.
Las inhabilitaciones administrativas de personas candidatas opositoras y la detención arbitraria de sindicalistas, dice el organismo, “no son hechos aislados” y resultan “de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país”.
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La Comisión Interamericana recuerda que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos.
Es urgente que el Estado de Venezuela adopte un compromiso genuino con la democracia y el Estado de derecho, levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política en condiciones de igualdad¨.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergm68
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