La Universidad de Harvard enfrenta una doble presión de la administración Trump: la congelación de 2.200 millones de dólares en fondos federales y la amenaza de perder su estatus de exención fiscal. Este conflicto, que trasciende lo político, marca un desafío histórico a la autonomía universitaria y pone en riesgo investigaciones científicas cruciales para salvar vidas.
La prestigiosa Universidad de Harvard se encuentra actualmente en un conflicto sin precedentes con la administración del presidente Donald Trump, una confrontación que trasciende lo político para convertirse en una amenaza directa para la investigación científica y la autonomía académica. Este enfrentamiento representa uno de los desafíos más significativos al principio de independencia universitaria en la historia reciente de Estados Unidos.
Trump ha amenazado con retirar a la Universidad de Harvard su estatus de exención fiscal, después de que la institución rechazara una serie de demandas de la administración, lo que llevó a la administración a congelar 2.200 millones de dólares en fondos federales para la universidad, así como 60 millones en contratos federales destinados a Harvard.
Alan Garber, presidente de la Universidad de Harvard, rechazó abiertamente las exigencias gubernamentales, que incluían cambios en su estructura de gobernanza, prácticas de contratación y la implementación de “auditorías ideológicas” a departamentos académicos, estudiantes y profesores.
En lugar de ceder, Garber defendió su posición argumentando que las demandas violan sus derechos constitucionales, específicamente los amparados por la Primera Enmienda. “Ni Harvard ni ninguna universidad privada puede permitir que el gobierno federal la controle”, declaró Garber, enfatizando que la universidad “no renunciará a su independencia ni a los derechos que le otorga la Constitución”.
Amenaza para la investigación científica
La congelación de fondos representa una amenaza existencial para numerosos proyectos científicos de vanguardia. La Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard es particularmente vulnerable, pues aproximadamente el 46% de su presupuesto total proviene de financiación federal para costos directos de investigación y apoyo a instalaciones.
Investigadores destacados ya han recibido órdenes de detener sus trabajos, incluyendo expertos en tuberculosis como Sarah Fortune. El impacto potencial es devastador para líneas de investigación en áreas críticas como cáncer, Alzheimer, VIH y salud ambiental. Como señaló el presidente Garber: “si se detiene esta financiación, se pondrán en riesgo descubrimientos científicos que salvan vidas y se frenará la innovación”.
Los estudiantes de posgrado, muchos de los cuales dependen de becas y estipendios provenientes de subvenciones federales, también enfrentan un futuro incierto. Algunas universidades ya han reducido la admisión de doctorandos e incluso rescindido ofertas previamente extendidas.
Dimensiones más amplias
Este enfrentamiento va más allá de Harvard. Universidades como Columbia, Cornell, Northwestern, Princeton y Brown también han sufrido congelaciones de fondos federales en lo que constituye una campaña sistemática contra instituciones de educación superior de élite.
Sesenta presidentes de colegios y universidades, tanto actuales como pasados, se han pronunciado contra estas pretensiones de la administración Trump, cuyas demandas consideran que “violan la libertad de todos los colegios y universidades de admitir estudiantes, contratar profesores y gobernarse a sí mismos de acuerdo con la ley, la Primera Enmienda, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles y los principios de larga data de la libertad académica”.
Esta confrontación entre la administración federal y las universidades plantea interrogantes fundamentales sobre la relación entre el gobierno federal y las instituciones académicas. Desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno ha apoyado financieramente a las universidades para impulsar la investigación médica y la innovación, creando una relación mutuamente beneficiosa, recuerda The New Yort Times. Esa relación se encuentra en un posible punto de inflexión.
Aunque Harvard cuenta con un fondo patrimonial de 53 mil millones de dólares (según informa The Atlantic) que le proporciona cierta protección financiera, muchos de estos fondos están restringidos para propósitos específicos. Además, la amenaza del presidente Trump de revocar el estatus de exención fiscal de Harvard podría tener consecuencias financieras adicionales significativas, ya que el estatus de exención fiscal permite a la universidad ahorrar entre el 15% y el 35% de sus ingresos imponibles y vender bonos que pagan intereses sin impuestos federales, según informa Realtor.
Futuro incierto
Se espera que la resistencia de Harvard provoque una nueva ola de rechazo por parte de las instituciones a las que la administración pretende cambiar, señala Politico. Sin embargo, no está claro si otras universidades seguirán su ejemplo.
La disputa plantea cuestiones fundamentales sobre los límites del poder gubernamental y la autonomía que históricamente ha posicionado a las universidades estadounidenses como destinos privilegiados para académicos de todo el mundo. Si Harvard prevalece, podría reafirmar los límites de la capacidad del gobierno federal para imponer términos ideológicos a las universidades mediante presión financiera.
Estamos ante un conflicto que podría redefinir la relación entre el gobierno federal y las instituciones académicas, con profundas implicaciones para el futuro de la investigación científica, la libertad académica y la posición de Estados Unidos como líder global en innovación y descubrimiento científico.
