Abogados de inmigración advierten nueva decisión de la Corte Suprema pondra fin a la ciudadanía automática para los hijos de padres indocumentados nacidos en EE.UU.
BEAUMONT, Texas — Mientras la nación celebra el Día de la Independencia, los abogados de inmigración están planteando preocupaciones urgentes sobre una reciente decisión de la Corte Suprema que podría afectar significativamente a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en EE.UU. de padres no ciudadanos.
El viernes pasado, la Corte Suprema decidió limitar la autoridad de los jueces federales para dictar sentencias a escala nacional.
La decisión se deriva de un caso centrado en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a cambiar la interpretación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, un derecho actualmente protegido por la Constitución de Estados Unidos.
“Hemos visto a un grupo de jueces de izquierda radical tratar de anular efectivamente los poderes legítimos del presidente para impedir que el pueblo estadounidense obtenga las políticas por las que votó en números récord”, dijo el presidente Donald Trump tras la decisión del tribunal.
El veredicto de la Corte Suprema, publicado el 27 de junio, restringe ahora a los jueces federales la posibilidad de bloquear leyes a escala nacional. En su lugar, sus decisiones solo pueden aplicarse a los individuos directamente implicados en un caso que le llegue al juece.
«Lo que esta decisión parece significar es limitar a los jueces a sólo poder conceder alivio a los demandantes o los individuos en un caso ante ellos, en lugar de permitir básicamente que sea a nivel nacional»”, dijo Kristy Wendler, propietaria y socia del Wendler Law Group.
La orden ejecutiva, firmada por Trump en enero, entrará en vigor el 27 de julio, 30 días después de la decisión. La orden negaría la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo de inmigrantes indocumentados, sino también de inmigrantes que están legalmente en el país con un estatus temporal.
Wendler dijo que el plazo de 30 días da tiempo a los tribunales menores y a las partes implicadas para determinar sus próximos pasos. Sin embargo, los expertos legales advierten de que esta orden podría obligar a las familias inmigrantes a presentar individualmente recursos legales o a intentar unirse a demandas colectivas, batallas costosas que muchas familias quizá no puedan pagar.
Según un ciudadano estadounidense anónimo nacido de padres inmigrantes, el coste de navegar por el sistema ya es elevado y podría ser todavía más caro con la nueva política.
La fuente compartió que pudo ayudar a su padre a obtener la ciudadanía, pero a su familia le costó entre 10.000 y 15.000 dólares sólo completar el proceso.
Con la orden ejecutiva en vigor, dijo que las familias podrían enfrentarse a cargas financieras aún mayores, no sólo pagando por el proceso de ciudadanía en sí, sino también por los gastos legales adicionales necesarios sólo para que su caso sea escuchado por un juez federal.
“En cuanto a la comunidad inmigrante que vive en estados rojos, no se expongan a riesgos innecesarios si saben que están a punto de tener un hijo y creen que ese hijo no va a nacer ciudadano”, advirtió la fuente.
La misma persona hizo énfasis en el impacto más generalizado sobre las familias inmigrantes. “¿Por qué tienen que sufrir los niños por una decisión que quiere tomar esta administración? Va a ser mucho más difícil para esas familias conseguir el acceso necesario a la educación, la atención sanitaria y cualquier otra necesidad que puedan necesitar.”
El temor va más allá del estatus migratorio. Algunas familias inmigrantes, incluso las que tienen la ciudadanía estadounidense, se sienten ahora inseguras bajo la actual administración.
“Incluso como ciudadano estadounidense, no me siento seguro al 100%”, dijo la fuente. “Siempre tomo mis propias medidas de precaución para asegurarme de que todo va bien. ¿Tengo toda mi documentación? Que no debería. No es necesario. Mi Real ID debería ser suficiente”.
Wendler dijo que estas preocupaciones son cada vez más comunes.
“Ya sabes, desde que tenemos una nueva administración, he tenido un número de personas que dicen, ya no salgo de mi casa”, dijo Wendler. “Algunos se van a trabajar y vuelven a casa. Otros, ya sabes, tal vez su pareja es el ciudadano de EE.UU. que trabaja, y dicen, ya sabes, yo simplemente ya no salgo de mi casa bajo esta administración “.
Wendler animó firmemente a cualquiera que pueda verse afectado a buscar asesoramiento legal inmediato.
«Creo que todo el mundo tiene que buscar asesoramiento legal, porque a veces hay opciones de las que simplemente no son conscientes», dijo, haciendo énfasis en que el privilegio abogado-cliente protegerá a aquellos que busquen ayuda.
Aunque el alcance total de cómo se aplicará la orden ejecutiva sigue siendo poco claro, los abogados dicen que el impacto potencial en las familias inmigrantes podría ser grave y duradero. Muchas familias se enfrentan ahora a la urgente necesidad de comprender sus derechos y opciones legales antes de que la política entre en vigor a finales de este mes.
