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La deportación expedita del gobierno de Trump puso en la mira a indocumentados con o sin antecedentes criminales, advierten abogados

Autor: Univision

Los temores en la comunidad inmigrante indocumentada se incrementan cada vez que el gobierno del presidente Donald Trump anuncia la publicación o implementación de una nueva política, todo ello en el marco de su denominada ‘tolerancia cero’.

La última corresponde a una regla publicada en julio del año pasado y que se encontraba en suspenso, debido a una disputa jurídica que en septiembre zanjó la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (DC) y que entró en vigor la semana pasada.

Se trata de las deportaciones aceleradas o expeditas (lo que en inglés se conoce como expedital removal) que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) lleva a cabo a nivel nacional y que antes solo se efectuaban dentro de las primeras 100 millas de la frontera. Esa política afecta ahora a cualquier indocumentado que lleva menos de dos años en el país, un período mucho más amplio al de menos de 14 días que aplicaba anteriormente.

Si bien ICE sostiene que acelerar las deportaciones ayudará a evitar que “los delincuentes peligrosos entren en las comunidades”, abogados advierten que la estrategia no solo apunta a quienes hayan cometido una falta, sino a “cualquiera que sea detenido” por los agentes federales y no logre probar que lleva tiempo en el país y carece de antecedentes criminales.

“Es mucho más severa de lo que se imagina”

“ICE alega que el uso de la deportación acelerada ayudará a evitar que los delincuentes peligrosos entren en las comunidades para reincidir potencialmente. Pero esto no es cierto”, dice Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

A diferencia de lo ejecutado por el gobierno de Barack Obama (2009-2017), “que en realidad apuntó a los criminales para su expulsión, el gobierno de Trump tiene su cuchillo afilado contra todos los indocumentados y muchos que están legales”, agrega. “La razón que usa esta administración para expandir la deportación acelerada es una excusa falsa”, advierte Sánchez-Roig, quien durante 15 años fungió como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia durante los gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

La nueva política determina que si un extranjero ha vivido indocumentado en el país durante menos de dos años y no fue admitido legalmente, queda sujeto a ser deportado de manera acelerada. “Y es el inmigrante quien tiene la obligación de demostrar que no es sujeto a este proceso. Esta carga no es fácil”, dice Sánchez-Roig.

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El alcance y los efectos de las regulaciones contenidas en la política hará que miles de inmigrantes sean expulsados casi sin opciones de batallar por sus derechos de permanencia en Estados Unidos, explica. Incluso “personas que creen que siguen siendo elegibles para presentarse ante un juez a defender sus casos o que simplemente pueden reabrir una de estas órdenes. La deportación acelerada es mucho más severa de lo que se imagina la mayoría de los inmigrantes e incluso abogados”, explica.

La deportación acelerada “puede ser una herramienta buena, eficiente y necesaria si el gobierno la implementa apropiadamente”, dice. Pero “eso significa que el gobierno tiene que seguir y cumplir con todos los requisitos del proceso antes de emitir una orden de deportación acelerada”, un paso que nadie es capaz de garantizar, acota.

“Todos tienen derechos”

Para Nelson Castillo, un doctor en la ley de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California, “uno espera que el oficial de inmigración conozca la ley y actúe dentro de lo que esta le permite y no por el color de la piel o la fisonomía de la persona que arresta. Que no lo haga solo por el color de su piel o porque piense que se trata de un indocumentado”, precisa.

“Todos tenemos derechos”, agrega. “Lo importante es que las personas conozcan, sepan sus derechos y los ejerzan. Por ejemplo, que pidan hablar con un su abogado o el cónsul de su país, o que mantengan silencio. Cada caso es único y esto da cabida para que una persona se prepare”, recomienda.

La política de deportación acelerada fue creada por el Congreso en 1996 durante el gobierno de Bill Clinton. “Se refiere a la autoridad legal otorgada incluso a agentes de inmigración de bajo nivel para ordenar la deportación de algunos ciudadanos no estadounidenses sin ninguna de las protecciones del debido proceso otorgadas a la mayoría de las otras personas, como el derecho a un abogado y a una audiencia ante un juez”, explica el Consejo Americano de Inmigración (AIC).

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Tal como se encuentra ahora, los agentes de inmigración “pueden ordenar sumariamente la expulsión de casi cualquier extranjero que llegue a la frontera sin los documentos adecuados”, añade el AIC. Además, los inmigrantes indocumentados que han estado en Estados Unidos menos de dos años desde que ingresaron sin inspección están sujetos a una expulsión acelerada si un agente de inmigración los encuentra en cualquier parte del territorio.

“Uno de los principales problemas es que el oficial de inmigración que toma la decisión tiene virtualmente una autoridad sin control. Cuando un funcionario de inmigración se encuentra con alguien que cree que puede estar sujeto a una expulsión acelerada, la carga de la prueba recae en el individuo para demostrar lo contrario”, detalla.

El punto es que no solo los indocumentados con antecedentes corren riesgo, reitera Sánchez-Roig. “El proceso de deportación acelerada puede llevar a que las personas sean expulsadas injustamente”. Y explica que los no ciudadanos con reclamos viables de alivio de deportación “también se ven privados de la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración”, un problema que no aclara la nueva política.

“Se ven agravados por la expansión que está implementando el gobierno”, situación que crea “la gran posibilidad de que la deportación acelerada se use tanto contra ciudadanos como en no ciudadanos y esto llevará a miles de deportaciones adicionales sin el debido proceso”, teme Sánchez-Roig.

Fuera de jurisdicción

El examen o la revisión de las deportaciones aceleradas por los tribunales federales es limitada, “porque esta instancia carece de jurisdicción para examinar estas deportaciones en la mayoría de los casos”, dice la abogada.

“En mi experiencia, sin embargo, he encontrado violaciones significativas de las regulaciones y procedimientos en la emisión de órdenes de deportación aceleradas. Bajo este proceso, los no ciudadanos son deportados en un solo día sin una audiencia en la corte de inmigración u otra comparecencia ante un juez”, explica.

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Añade que los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) “conducen exclusivamente el proceso que generalmente se completa en un par de horas”. De hecho, la semana pasada la Patrulla Fronteriza reconoció que puede hacerlo en 120 minutos. Ello “no brinda oportunidad para que el extranjero recopile pruebas o consulte con un abogado”, explica.

“En la mayoría de los casos, el no ciudadano no tiene derecho a apelar. Y aquellos que hayan sido sometidos a deportación acelerada son detenidos hasta que sean expulsados formalmente. Al final, es muy probable que un agente de inmigración sin experiencia ni conocimientos legales opere como fiscal, juez y verdugo”, agrega.

“Todos están en riesgo”

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que, si bien los indocumentados no comprenden la totalidad del alcance de esta última política, saben que se trata de una situación seria.

“Hay mucho temor en muchas personas por muchas razones”, dice Emma Lozano, directora general de la organización Familias Latinas Unidas en Chicago, Illinois. “Muchos están siendo buscados en este momento, y otros que no los buscan saben que si los arrestan los van a deportar”, detalla.

La activista dice, además, que en la lista de deportables no solo hay indocumentados que llevan menos de dos años en el país o hayan cometido crímenes, sino también “personas que tenían fecha de salida y no lo hicieron, y otros que no llegaron a corte por miedo a ser separados de sus familias. Todos están en riesgo”, dice.

Pero los abogados entrevistados por Univision Noticias recuerdan que, a partir del 25 de enero de 2017, cuando el presidente Trump firmó la orden ejecutiva sobre las ‘jurisdicciones santuario’, decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

“Criminalizó la permanencia no autorizada”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Este gobierno ve a cualquier extranjero indocumentado como un criminal y busca expulsarlo cuanto antes del país”, concluyó.

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