Por Ken Dilanian – NBC News
En una directiva que pasó desapercibida en su primer día en el cargo, la fiscal general Pam Bondi ordenó detener una iniciativa encaminada a aplicar la ley federal de hace años que buscaba combatir las campañas secretas de influencia de China, Rusia y otros adversarios que intentan ganarse favores y sembrar el caos en la política estadounidense.
Oculta en la cuarta página de uno de los 14 memorandos de política emitidos por Bondi el miércoles, la orden disuelve el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera del FBI y reduce la aplicación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, a pesar de los años de advertencias de las agencias de inteligencia estadounidenses de que las operaciones de influencia extranjera maligna que implican desinformación son una amenaza creciente y peligrosa.
“Para liberar recursos y poder abordar prioridades más urgentes, y poner fin a los riesgos de una mayor militarización y abusos de la discreción fiscal, se disolverá el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera”, afirmó la orden.
También establece que los cargos penales por violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, en inglés), que exige que las personas se registren cuando hagan cabildeo en nombre de una nación extranjera, “se limitarán a casos de presunta conducta similar al espionaje más tradicional por parte de actores gubernamentales extranjeros”. La orden añade que los fiscales del Departamento de Justicia “”e centrarán en la aplicación civil, las iniciativas reguladoras y la orientación pública».
Una directiva separada de Bondi también disolvió los esfuerzos para confiscar los activos de los oligarcas rusos, incluyendo el Grupo de Trabajo Klepto Capture y la Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia.
La orden indica que el personal que trabajaba en esos proyectos será reasignado para perseguir a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales transnacionales. Los casos de decomiso ya en curso seguirán adelante, indicaron las autoridades.
Tres escuadrones de unos 50 agentes del FBI y personal de apoyo del grupo de trabajo sobre influencia extranjera están buscando ahora otras asignaciones, afirmó a NBC News un funcionario del FBI con conocimiento del tema.
Un portavoz del Departamento de Justicia aseguró que Bondi estaba de viaje este jueves y que la orden habla por sí sola.
Creado bajo Trump
Creado en 2017 en la Administración Trump, el grupo de trabajo del FBI y sus esfuerzos para denunciar la desinformación extranjera fueron anunciados con una ovación por el entonces fiscal general adjunto Rod Rosenstein en un discurso en una conferencia sobre seguridad nacional.
“El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si los gobiernos extranjeros los están atacando con propaganda”, indicó Rosenstein en ese momento.
Exfuncionarios del Departamento de Justicia y del FBI que trabajaron en seguridad nacional expresaron su sorpresa por la orden de esta semana.
“Es asombroso”, declaró Frank Figliuzzi, exjefe de contrainteligencia del FBI y colaborador de NBC News. “Ahora es un campo libre para los servicios de inteligencia extranjeros que buscan influencia”.
David Laufman, quien dirigió la sección de contrainteligencia del Departamento de Justicia en la Administración Obama, dijo que la orden “plantea serias dudas sobre el compromiso de la nueva fiscal general con la aplicación de la ley penal cuando sea apropiado […], así como su compromiso general de combatir las operaciones de influencia extranjera maligna en Estados Unidos”.
El primer director del FBI nombrado por Trump, Christopher Wray, advirtió durante mucho tiempo sobre los peligros de las campañas encubiertas de influencia extranjera, al argumentar que a menudo estaban diseñadas para profundizar las divisiones políticas estadounidenses.
“El Gobierno chino está involucrado en una amplia y diversa campaña de robo e influencia maligna, y puede llevar a cabo esa campaña con una eficiencia autoritaria”, aseguró Wray en 2021.
El año pasado, fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI expusieron un supuesto plan en el que medios de comunicación respaldados por Rusia canalizaron 10 millones de dólares a una empresa de medios conservadora de Estados Unidos que contrató a destacados influencers de derechas.
Aunque están relacionados, los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a la influencia extranjera y enjuiciar las violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros han provocado la ira del presidente Trump y de los republicanos por diferentes razones.
La ley exigía a las personas “involucradas en actividades políticas” que “hicieran pública periódicamente su relación con el ente extranjero”.
El Departamento de Justicia ha procesado tanto a demócratas como a republicanos en virtud de la ley de cabildeo extranjero.
Tres juicios recientes llevados a cabo durante la Administración Biden involucraron a políticos demócratas —contra el alcalde de Nueva York Eric Adams; Henry Cuéllar, representante demócrata por Texas, y Robert Menéndez, ex senador demócrata por Nueva Jersey, quien fue declarado culpable y sentenciado a ocho años de prisión— que enfrentaban cargos por actuar de manera corrupta en nombre de organizaciones en Turquía, México y Egipto y no registrarse como agente extranjero.
Adams y Cuéllar, quienes están a la espera de juicio, han negado los cargos.
El escepticismo republicano sobre los procesamientos penales de la FARA se remonta a los primeros días de la primera Administración Trump, cuando su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, se vio envuelto en una investigación penal y finalmente admitió haber mentido sobre su trabajo para el Gobierno turco.
El entonces director de campaña de Trump, Paul Manafort, también se declaró culpable de violaciones de la FARA relacionadas con Ucrania. Ambos hombres fueron indultados más tarde por Trump.
El Departamento de Justicia ha seguido llevando a cabo procesos judiciales por violaciones de la FARA, incluidos algunos contra personas vinculadas a Trump.
El mes pasado, Bob Livingston, ex presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, publicó un artículo de opinión en The Wall Street Journal en el que describía el angustioso proceso de ser objeto de una investigación de la FARA que finalmente no dio lugar a cargos.
Los republicanos también han expresado su indignación por el hecho de que Hunter Biden nunca fuera acusado de violaciones de la FARA a pesar de no haberse registrado nunca como agente extranjero durante su lucrativo trabajo en nombre de gobiernos extranjeros. Sus abogados sostuvieron que no estaba ejerciendo presión y que no estaba obligado a registrarse, algo que los republicanos cuestionan.
Debate sobre la desinformación extranjera
Trump y algunos de sus aliados han restado importancia durante mucho tiempo o han hecho declaraciones falsas sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, que fue documentada por el fiscal especial Robert Mueller y un informe bipartidista del Comité de Inteligencia del Senado.
Los aliados de Trump se opusieron con amargura al esfuerzo del grupo de trabajo sobre influencia extranjera del FBI para alertar a las empresas de redes sociales sobre la desinformación en sus plataformas, un aspecto clave del trabajo del FBI en esta área.
Esa disputa llegó a un punto crítico en 2023, cuando un juez federal de Missouri dictaminó que el FBI y otras agencias gubernamentales habían estado violando la Primera Enmienda al señalar la influencia extranjera y la desinformación a las empresas de redes sociales e instarlas a eliminarla.
A raíz de esa sentencia, el grupo de trabajo dejó de informar a las empresas de redes sociales sobre las campañas de influencia extranjera en sus plataformas. La Corte Suprema rechazó posteriormente esa opinión al anular la sentencia del juez de Missouri, y se reanudaron las sesiones informativas.
Hunter Biden también aparece en esta disputa: los republicanos se quejan de que el FBI dio la impresión a las empresas de redes sociales de que las historias sobre la computadora portátil de Biden durante la campaña de 2020 podrían haber sido producto de una operación de influencia extranjera rusa, cuando algunos en el FBI sabían que el ordenador existía.
Andrew Bakaj, abogado y exoficial de inteligencia estadounidense que representó al denunciante que informó sobre el intento de Trump de solicitar ayuda a Ucrania para influir en las elecciones estadounidenses de 2020, acusó a Trump de abrir la puerta a que países extranjeros ayuden en futuras campañas suyas o de su partido.
“Los votantes y los legisladores de ambos lados del pasillo deben defender nuestra democracia cuando uno de los lados desmantela unilateralmente al equipo encargado de prevenir que eso suceda”, declaró Bakaj. “Cegar a nuestras fuerzas del orden ante estas amenazas es una invitación abierta a las potencias extranjeras para que ayuden al presidente y a sus aliados a ganar futuras elecciones”.
