La incertidumbre electoral en Estados Unidos, que podría llevar de nuevo al poder a Donald Trump, y la demanda energética imparable de los países emergentes ensombrecen las negociaciones climáticas, a menos de tres meses de la COP29.
La gran conferencia climática de Bakú (COP29) de este noviembre arrancará el 11 de noviembre, solo seis días después de que los votantes hayan decidido entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris.
El tema esencial de las negociaciones es lograr un aumento sustancial de la ayuda que los países emisores más ricos deben destinar a los países más pobres.
Cuando era presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo de París, el principal acuerdo de la ONU para combatir el calentamiento global.
“Todos están a la espera de quién sale elegido”, dijo Mohamed Adow, activista y director del grupo de investigación Power Shift Africa.
“Las decisiones reales… solo comenzarán a surgir después de las elecciones en Estados Unidos”, añadió Li Shuo, experto en diplomacia climática en el Asia Society Policy Institute, con sede en Washington.
Pero más allá de las elecciones estadounidenses, el monto de la financiación de la lucha contra el cambio climático es astronómico, del orden de los trillones de dólares, y los países continúan sopesando el coste de lanzarse a fondo en esa transición energética, la más importante desde que la humanidad empezó a utilizar los combustibles de origen fósil.
– Una negociación dolorosamente lenta –
Los meses previos a la COP29 han sido dolorosamente lentos incluso para los estándares de la diplomacia climática global, dicen los participantes.
A solo dos meses de distancia, ni siquiera hay una definición acordada de “financiamiento climático”, y mucho menos cuánto se debe pagar, qué países deben recibirlo y cómo, y quién debe ser responsable de ello.
Los donantes ricos, históricamente obligados a pagar, como Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, no han presentado una cifra, sino que presionan para que China y otras grandes economías emergentes también contribuyan.
“Los gobiernos se están reteniendo, y están tratando de cubrir sus apuestas. Muchos de ellos no tienen un motivo lo suficientemente fuerte para actuar”, dijo Tom Evans, asesor de políticas del centro de análisis E3G.
Algunos países en desarrollo están exigiendo más de un billón de dólares anuales, un aumento de diez veces sobre las promesas existentes, que solo muy recientemente fueron cumplidas (100.000 millones de dólares anuales).
Además, los países emergentes no quieren renunciar claramente a la rápida fuente de crecimiento que suponen el petróleo, el gas y (en menor medida) el carbón, un éxito probado históricamente.
En la última COP celebrada en Dubái el año pasado, las partes negociadoras acordaron trabajar en pos de “una transición justa, ordenada y equitativa hacia la eliminación de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos”.
Pero en las negociaciones actuales en el seno del G20, bajo presidencia brasileña, el compromiso explícito brilla por su ausencia.
“Un comunicado del G20 sin siquiera mencionar la transición fuera de las energías fósiles … por parte de las 20 economías más poderosas del planeta, crearía un precedente preocupante”, señaló Maria Victoria Emanuelli, de 350.org.
Los países del G20 reconocen que representan en torno a 4/5 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las inversiones energéticas en todo el mundo superarán los 3 billones de dólares en 2024, de los cuales 2 billones serán en el sector de energías limpias, según cálculos de la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Pero los países emergentes y en desarrollo (sin contar China) solo contribuirán en un 15% a esos dos billones, “mucho menos de lo que se necesita para igualar la creciente demanda en esos países”, explicó el informe, publicado en junio.
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