Después de la Segunda Guerra Mundial, con una Europa devastada y sin recursos y con una Unión Soviética en auge, se acordó una decisión política histórica: la instauración del Estado del Bienestar, que daba acceso a toda la ciudadanía a la sanidad, educación y protección social, todo ello procurado por el sector público, es decir, gratuito en el momento de acceder al derecho correspondiente.
Los resultados fueron excelentes para la población europea. Pero la codicia del capitalismo no tiene límites. Así que, aprovechando el declive soviético, se genera el neoliberalismo, un eufemismo que encubre la avidez de los más ricos por aumentar sus ganancias, que concibe la vida como un comercio universal, forma extrema de la sociedad de mercado. Estas ideas son lideradas por los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Este proceso da lugar a la globalización como instrumento para facilitar las transacciones comerciales y la externalización del trabajo a los lugares con menor defensa social, además de otros perjuicios, como la devastación ecológica debida al abuso de la naturaleza.
Rápidamente, este sistema se fija en el ‘pastel’ que representa el Estado del Bienestar, que comprende sectores de gran interés para el negocio privado. Así comienzan las privatizaciones del sector público. Para ello, se necesita la complicidad de los gobiernos correspondientes y, en España, encontraron complicidad absoluta en los gobiernos del PP y ambivalencia en casi todos los demás.
En Andalucía, la situación de deterioro progresivo de la sanidad pública se inicia con los cuantiosos recortes ocurridos desde 2010, y se profundiza con la privatización de la misma, un proceso claramente propiciado y acentuado desde la entrada de los gobiernos de Moreno Bonilla.
Según el informe de 2023 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la sanidad pública de las CCAA, Andalucía ocupa el último lugar en el conjunto de parámetros sanitarios esenciales
No tenemos que extendernos demasiado para transmitir que, en Andalucía, se está desmantelando la sanidad pública para favorecer al sector privado. La atención primaria saturada (10,44 días de demora media; datos CIS 2023), las inaceptables listas de esperas para otras atenciones sanitarias (12% de andaluces en esas listas), con el incumplimiento creciente de la norma de garantía de plazos, la degradación y cansancio de las plantillas estructurales con contratos inestables que llevan al exilio a numerosos profesionales andaluces, la supresión de la exclusividad y la compatibilización del trabajo médico tanto en la pública como en la privada de los cargos intermedios, los gastos desorbitados en medicamentos (1.266 millones de euros más en 2023 que en 2018, tras la eliminación de la subasta) y otros productos sanitarios, el porcentaje cada vez mayor de los presupuestos sanitarios andaluces directamente destinados al sector privado, etc. Todo esto ocurre cuando, según el informe de 2023 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la sanidad pública de las CCAA, Andalucía ocupa el último lugar en el conjunto de parámetros sanitarios esenciales.
Estas medidas políticas están provocando el desmantelamiento de la sanidad Pública, lo que sirve de cobertura para “hacer necesaria” la derivación de fondos públicos a los centros de medicina privada, que vienen a “resolver el problema”, ya que los centros públicos no son suficiente. Es pertinente señalar que la evidencia científica recogida en un amplio meta-análisis reciente de la actividad de múltiples hospitales demuestra que los centros privados muestran menor calidad en los cuidados sanitarios. Marea Blanca ha propuesto que, si los fondos derivados al sector privado se emplearan en los hospitales públicos mediante, por ejemplo, la creación de un turno de tarde con contratos nuevos y estables en 20 centros, se obtendrían mejores resultados sobre las listas de espera y se ahorrarían fondos.
Pero los promotores y facilitadores del sector privado del Gobierno andaluz no descansan. Son profesionales muy bien formados y se dedican a ello a fondo, siguiendo un claro programa de implementación de toda clase de medidas complementarias que beneficien al sector. Así, han apoyado la apertura de facultades de Medicina privadas, incluso en contra de la opinión de todos los rectores de las universidades andaluzas, introducido a corporaciones privadas en los patronatos de las fundaciones de investigación de los hospitales públicos y externalizado a una empresa privada la gestión de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
La movilización de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios es la única fórmula para oponerse a los planes de deterioro de la sanidad pública y la derivación de fondos al sector privado y para conseguir la recuperación del sector público andaluz
La última de estas medidas es el intento de modificación del decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formación sanitaria especializada en ciencias de la salud en el sistema sanitario público de Andalucía, incluida en el denominado ‘decretazo’ (Decreto-ley 3/2024). En la modificación propuesta por el Gobierno se eliminan términos como “servicio sanitario público andaluz” y “centro sanitario”, todo ello encaminado a dar entrada al poder de los centros de medicina privada en la organización y gestión de la formación MIR.
La movilización de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios es la única fórmula para oponerse a los planes de deterioro de la sanidad pública y la derivación de fondos al sector privado y para conseguir la recuperación del sector público andaluz, que es el único que procura el derecho a la salud de todos los ciudadanos por igual. Por eso y por otras muchas razones, recordamos hemos convocado manifestaciones en todas las capitales de provincias andaluzas este domingo 7 de abril, a las 12 horas. Pedimos a la población andaluza que exprese su descontento participando en las mismas.
