La batalla legal por el retorno de Kilmar Abrego García, el salvadoreño que el Gobierno estadounidense deportó por error a El Salvador el mes pasado, no termina. La jueza federal que preside el caso dijo este martes que la Administración de Donald Trump no ha tomado ningún paso para facilitar el regreso de Abrego García. Esto a pesar de que tanto la corte de distrito de Maryland como el Tribunal Supremo han exigido que se garantice su liberación de la megaprisión en El Salvador, donde permanece detenido, y su devolución a Estados Unidos.
“Hasta la fecha, lo que demuestra el expediente es que no se ha hecho nada. Nada”, señaló Paula Xinis, jueza de distrito de Maryland, en la audiencia de este martes. Como consecuencia, Xinis dijo que exigirá a la Administración Trump que proporcione información y pruebas sobre lo que ha hecho —o no ha hecho— para liberar a Abrego García. La magistrada añadió que también requerirá que varios altos funcionarios del Gobierno declaren para explicar los avances que se vayan haciendo en el caso.
El proceso de presentación de pruebas y deposiciones se llevará a cabo en un periodo acelerado de dos semanas porque, según la jueza, el reloj sigue corriendo. Cada día que pasa “es un día de más daños irreparables” para Abrego García y su familia, sostuvo Xinis. “Vamos a movernos. No habrá tolerancia para juegos ni grandilocuencias”, advirtió al Gobierno.
Por ahora, la magistrada, nombrada por el expresidente Barack Obama, dijo que no acusará al Gobierno de desacato al tribunal, pero no descarta esa posibilidad en el futuro.
Por su parte, Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, aseguró que el Gobierno ha cumplido las órdenes de la jueza. El letrado dijo que la Administración interpretó que la orden de Xinis de “facilitar” el regreso de Abrego García significaba que debían eliminar cualquier barrera estadounidense a su regreso a Estados Unidos. Según Ensign, ya lo han hecho y “si Abrego García se presenta en un puerto de entrada”, facilitarán su ingreso a Estados Unidos.
Xinis sostuvo que esa interpretación del significado de “facilitar” es contraria “al sentido llano de la palabra”. “La conclusión es que era una directiva muy simple”, insistió la jueza sobre el fallo que emitió el viernes pasado en el que le exigía al Gobierno explicar como devolvería a Abrego García. “Mi pregunta”, continuó la jueza, “es ¿qué han hecho? No he obtenido nada. No he obtenido ninguna respuesta real, ni ninguna razón legítima”.
La audiencia se produjo un día después de que el presidente Trump dijera en una conferencia de prensa en el Despacho Oval que no podía hacer nada para liberar a Abrego García. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sentado junto a Trump, dijo que no tenía intención de liberar al hombre, a quien tildó de “terrorista”. También se da unas horas después de que varios congresistas demócratas aseguraran que viajarán a El Salvador para presionar por la liberación de Abrego García.
El Gobierno estadounidense sostiene que Abrego García es miembro de la banda criminal salvadoreña MS-13 y afirma que no tienen autoridad para liberarlo porque está encarcelado en un país extranjero. Sin embargo, sus abogados y familia niegan que el hombre de 29 años —residente del Estado de Maryland, padre de tres niños y esposo de una ciudadana estadounidense— tenga ningún vínculo con la pandilla, que fue designada como una organización terrorista por Trump.
Abrego García fue deportado a mediados de marzo a El Salvador junto a otros 23 salvadoreños y 238 venezolanos. Todos fueron enviados a la Cecot, la infame cárcel de máxima seguridad construida por Bukele, donde se han registrado numerosas denuncias de malas condiciones, malos tratos y violaciones de derechos humanos. Para llevar a cabo las expulsiones, la Casa Blanca argumentó que todos los trasladados a la megaprisión tenían vínculos con la banda criminal venezolana Tren de Aragua o con la MS-13 e hizo uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia y siempre en contextos de guerra.
Posteriormente se reveló que la gran mayoría de estos hombres, incluyendo a Abrego García, carecían de cualquier antecedente penal cuando fueron deportados sin orden judicial. En el caso de Abrego García, el hombre contaba con una orden judicial de 2019 que le prohibía ser enviado de vuelta a El Salvador porque podría ser objeto de persecución.
