La justicia italiana ha desestimado la causa abierta contra 21 cooperantes pertenecientes a tres ONG de salvamento marítimo acusadas de favorecer la inmigración irregular. Con un coste de tres millones de euros para las arcas estatales y siete años de proceso judicial, este caso se ha convertido en el más largo, costoso y extenso contra las ONG que actúan en el Mediterráneo en Italia. Para las organizaciones implicadas, ha sido un símbolo de los esfuerzos del Gobierno italiano por criminalizar las labores de rescate en el Mediterráneo.
Los cooperantes incriminados y ahora absueltos son cuatro tripulantes del barco Iuventa, de la ONG alemana Jugend Rettet, y otros 17 trabajadores humanitarios pertenecientes a Save the Children y Médicos sin Fronteras (MSF). Se enfrentaban a penas de hasta 20 años de prisión por, supuestamente, llegar a acuerdos con traficantes de seres humanos y actuar como taxis de migrantes. Sascha Girke, uno de los demandados del Iuventa, ha denunciado que a raíz de un proceso “defectuoso” e “impulsado por motivos políticos”, miles de personas han muerto en el Mediterráneo o han regresado a la fuerza a una Libia devastada por la guerra. “Nuestro caso sirve como un símbolo evidente de las estrategias que los gobiernos europeos están poniendo en marcha para evitar que las personas lleguen a un lugar seguro, lo que provoca y normaliza la muerte de miles”, ha lamentado.
La investigación fue iniciada a finales de 2016 por la Fiscalía de Trapani (Sicilia) a raíz de que las ONG fueran acusadas de favorecer la inmigración irregular durante tres operaciones de rescate diferentes. El Iuventa había rescatado desde 2016 a unas 14.000 personas hasta su incautación en agosto de 2017 en un puerto de la isla de Lampedusa, según la ONG Jugend Rettet. Además del buque, también fueron decomisados teléfonos y ordenadores de la organización que supuestamente demostrarían la relación de sus trabajadores con los traficantes, algo que siempre han negado categóricamente. “Han intentado empañar durante años la labor de los equipos humanitarios de búsqueda y salvamento. Pretendían alejar a los buques del mar y contrarrestar sus esfuerzos para salvar vidas. Ahora, estas acusaciones se han derrumbado”, ha declarado Christos Christou, presidente internacional de MSF.
Posteriormente, una investigación del diario italiano Domani reveló que el Ministerio del Interior italiano había ordenado investigar a las ONG a pesar de no disponer de pruebas concretas. Para ello, se habían colocado micrófonos ocultos a la tripulación y se habían infiltrado informantes en otros barcos de salvamento. Los jueces de Trapani encargados de la instrucción habían grabado en secreto las llamadas entre los cooperantes y distintos periodistas. En ese momento era ministro de Interior Marco Minniti, impulsor de un código de conducta para las ONG de salvamento marítimo que estas se negaban a firmar por restringir sus actividades y no respetar el derecho marítimo internacional, que prioriza la salvaguarda de las vidas humanas por encima de cualquier otra consideración. “Se trató de una gran acusación basada en conjeturas, escuchas telefónicas, declaraciones falsas y una interpretación deliberadamente distorsionada de los mecanismos de rescate para presentarlos como actos delictivos”, ha declarado MSF.
Después de cinco años de instrucción, las audiencias preliminares comenzaron en 2022 y en estos dos años se han escuchado más de 40 declaraciones. El pasado 28 de febrero, la Fiscalía pidió el sobreseimiento ante la falta de pruebas incriminatorias y el Ministerio de Interior italiano, como parte demandante, dijo que aceptaría la decisión del tribunal. Finalmente, este jueves un juez de Sicilia ha retirado todos los cargos contra los acusados.
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Paradigma de la criminalización de ONG
El caso Iuventa es considerado el paradigma de los intentos por frenar la labor de las ONG que trabajan en labores de salvamento marítimo humanitario y marcó el inicio de una campaña pública de difamación contra el rescate civil en el Mediterráneo. Considerado el mayor cementerio acuático del mundo, se estima que al menos 28.000 personas migrantes han muerto o desaparecido en la última década cuando intentaban alcanzar Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones.
En un comunicado, la tripulación del Iuventa ha recordado que las medidas represivas continúan en la actualidad, solo que ahora se centran en la obstrucción administrativa, como en el caso de las medidas antiinmigración aprobadas por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, “que confirma la persistencia del Estado italiano en el embargo del salvamento marítimo y su responsabilidad” en la muerte de miles de personas, sostiene la ONG.
Estas normas, aprobadas a finales de 2022, contemplan la asignación de puertos lejanos a los barcos para desembarcar a los supervivientes o la prohibición de realizar más de un rescate a la vez. Las ONG alertan de que son normas que impiden salvar vidas y que se suman a las políticas europeas de externalización de la gestión de fronteras a terceros países inseguros, como Libia o Túnez, con quien la UE e Italia han firmado distintos acuerdos para enviar de vuelta a migrantes interceptados en el mar.
Como resultado de la introducción de estas leyes represivas, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, hasta junio de 2023 los Estados de la UE pusieron en marcha al menos 63 causas judiciales o administrativas contra las ONG. Solo el año pasado, las autoridades italianas realizaron 21 detenciones de embarcaciones de rescate humanitario. Entre estas, el buque Geo Barents, de MSF, y el Open Arms, de la ONG española del mismo nombre, a las que se les ha prohibido en diversas ocasiones salir al mar durante periodos de hasta un mes y se les han impuesto multas de hasta 10.000 euros.
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