Intentar dar sentido a la política estadounidense hacia Cuba es como intentar dar sentido a una obra en el teatro del absurdo. Las justificaciones ofrecidas por los defensores de la política no tienen sentido, y cuando tratan de explicarlas, suenan como personajes de una obra de Ionesco. Las recientes propuestas legislativas de los miembros cubanoamericanos de la Cámara de Representantes son un buen ejemplo.
El representante Mario Díaz-Balart (republicano de Florida), presidente del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Exteriores, y la representante María Elvira Salazar (republicana de Florida), presidenta del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, propusieron recientemente nuevas sanciones de bloqueo, sobre la infundada designación de Cuba como patrocinador del terrorismo internacional, bloqueando la ayuda al sector privado cubano porque alegan que no existe y castigan a los países que acogen misiones médicas cubanas por practicar la «esclavitud moderna». Las dos últimas propuestas se convirtieron en ley, en la ley general de apropiaciones aprobada el mes pasado para evitar un cierre del gobierno.
Cuba figura en la lista de países terroristas del Departamento de Estado, a pesar de que el último Informe por Países sobre Terrorismo del Departamento no presenta evidencias de que La Habana participe en terrorismo internacional. En él se cita la acogida por parte de Cuba de fugitivos estadounidenses que cometieron delitos por motivos políticos en Estados Unidos hace más de 40 años. Mientras tanto, Estados Unidos albergó durante años a conocidos exiliados cubanos como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, culpables de innumerables atentados terroristas contra Cuba, entre ellos el atentado con bomba en un vuelo de una aerolínea cubana, en el que murieron las 73 personas que viajaban a bordo, y el atentado con bomba contra hoteles turísticos de La Habana.
Estados Unidos albergó durante años a conocidos exiliados cubanos como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, culpables de innumerables atentados terroristas contra Cuba.
A principios de la administración Biden, la Casa Blanca dijo que estaba «comprometida con revisar cuidadosamente» la designación de Cuba, y en octubre de 2022, el Secretario de Estado, Antony Blinken, dijo al Presidente de Colombia, Gustavo Petro: «Continuaremos, según sea necesario, revisándolos para ver si Cuba sigue mereciendo esa designación». Pero solo cinco meses después, dijo al Congreso: «No tenemos previsto eliminarlos de la lista». El Subsecretario de Estado Adjunto, Eric Jacobstein, dijo a un grupo de legisladores demócratas que, contrario a lo que se les había dicho anteriormente, no se estaba revisando la designación de Cuba.
Al preguntársele en una rueda de prensa en 2023 por qué Cuba seguía en la lista de países terroristas, un portavoz del Departamento de Estado respondió que se debía al «largo historial de atroces abusos de los derechos humanos, supresión de la prensa libre y supresión de la sociedad civil», —algo que no tiene nada que ver con el terrorismo internacional—. El funcionario también reconoció, ajeno a la ironía, que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba mantienen conversaciones regulares de cooperación antiterrorista bajo los auspicios de un acuerdo de aplicación de ley concluido durante la administración Obama.
El año pasado, Díaz-Balart se unió a Salazar para patrocinar un proyecto de ley que impidiera a la administración Biden retirar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que Cuba se convierta en una democracia multipartidista. Aunque es poco probable que el proyecto se convierta en ley con este Congreso, su desprecio por los criterios estatutarios para designar a un país como patrocinador del terrorismo recuerda a la declaración de Humpty Dumpty en Alicia en el País de las Maravillas: «Cuando uso una palabra, significa justo lo que yo decido que signifique».
Díaz-Balart tuvo más suerte con la ley de apropiaciones. Cuando el Congreso no consigue aprobar los 12 proyectos de ley que financian el gobierno, recurre a créditos rápidos, que agrupan todos los proyectos inacabados en un solo proyecto de ley que debe aprobarse para evitar el cierre del gobierno. Todo tipo de medidas dudosas se cuelan en estos créditos porque no hay tiempo para filtrarlas todas. Como presidente del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Exteriores, Díaz-Balart estaba perfectamente posicionado para insertar nuevas sanciones contra Cuba en la ley.
La ley de apropiaciones prohíbe a la administración Biden apoyar al emergente sector privado cubano, de unas 10.000 nuevas empresas, a pesar de que la promoción de la empresa privada ha sido la política de EE.UU. bajo los presidentes Obama, Trump y Biden. Salazar califica al sector privado de «mito» porque algunas de las empresas son propiedad de familiares de funcionarios del gobierno, aunque la gran mayoría no lo son. Hace un año, Díaz-Balart obligó a la administración Biden a abandonar sus planes de ayudar al sector privado amenazando con bloquear la ayuda a Ucrania. Su lenguaje para las asignaciones, que ahora es ley, bloquea la financiación estadounidense para «la promoción de negocios, la reforma económica, [o] el espíritu empresarial» en Cuba.
La ley de apropiaciones prohíbe a la administración Biden apoyar al sector privado cubano a pesar de que la promoción de la empresa privada ha sido la política de EE.UU.
Otra disposición de la ley de apropiaciones castigaría a los países que pagan a Cuba por prestar servicios médicos, alegando que tales contratos constituyen «esclavitud moderna». Desde la década de 1960, Cuba ha enviado a unos 400.000 profesionales de la medicina a prestar servicio en 164 países, pero en las dos últimas décadas los contratos de servicios médicos se han convertido en una importante fuente de ingresos en divisas.
En 2006, el presidente George W. Bush comenzó a ofrecer entrada en Estados Unidos y una vía rápida hacia la ciudadanía para tentar a los médicos cubanos que prestaban servicio en el extranjero, para que desertaran. Algunos de los que desertaron criticaron la presión que se ejercía sobre ellos para que prestaran servicio en el extranjero, las duras y restrictivas condiciones de trabajo y el porcentaje de los honorarios del contrato que recibían. Por el contrario, los médicos que prestan servicio en los programas afirman que se ofrecieron voluntarios porque los salarios son significativamente superiores a los que percibían en Cuba y por el deseo de ayudar a las personas necesitadas.
Durante la administración Obama, personal médico estadounidense y cubano trabajaron juntos en Haití tras el terremoto de 2010 y en África occidental luchando contra el brote del virus del Ébola. El presidente Obama, en su discurso de 2016 al pueblo cubano, elogió el internacionalismo médico de Cuba, diciendo: «Nadie debería negar el servicio que miles de médicos cubanos han prestado a los pobres y a los que sufren». Pero los republicanos cubanoamericanos sí lo niegan.
Durante la administración Obama, personal médico estadounidense y cubano trabajaron juntos en Haití tras el terremoto de 2010 y en África occidental.
La versión original de la asignación para operaciones exteriores que salió del subcomité de Díaz-Balart y fue aprobada por la Cámara habría cortado la ayuda estadounidense a la Organización Panamericana de la Salud y a todos los países y organizaciones internacionales que tienen contratos médicos con Cuba. Esas disposiciones no se incluyeron en la legislación general final. Pero el proyecto de ley aprobado deniega la entrada a Estados Unidos y amenaza con sanciones económicas a «funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos» cuyos gobiernos tengan contratos de servicios médicos con Cuba.
Cuba tiene personal médico sirviendo en el extranjero en docenas de países, incluyendo México, Italia, Qatar, Jamaica, varios estados pequeños del Caribe e Irlanda del Norte. ¿Resulta realmente de interés nacional para Estados Unidos prohibir la entrada en el país a sus funcionarios gubernamentales? ¿Sobreviviría a tal prohibición la indispensable cooperación de México en materia de migración y narcotráfico? Afortunadamente, durante las negociaciones sobre el proyecto de ley general final, prevaleció la cabeza fría y estas sanciones quedaron sujetas a una exención presidencial. Pero siguen siendo la ley del país, con Washington arrogándose una vez más el derecho a sancionar a otros países por sus relaciones con Cuba, como si ni su soberanía ni la de Cuba contaran para nada en Washington.
Ese es el final absurdo de la política estadounidense hacia Cuba. No es solo que gran parte de ella se base en premisas falsas y hechos distorsionados. Es que un pequeño grupo de legisladores cubanoamericanos conservadores, obsesionados con reducir a Cuba a la penuria, han podido dictar políticas que perjudican intereses estadounidenses más amplios en América Latina, Europa y el Sur Global. Se salen con la suya porque ningún asunto es más importante para ellos que Cuba, y Cuba no es lo suficientemente importante para Biden como para que les haga frente.
Un pequeño grupo de legisladores cubanoamericanos conservadores, obsesionados con reducir a Cuba a la penuria, han podido dictar políticas que perjudican intereses estadounidenses.
Estas políticas no salen gratis. Como el agua que gotea sobre una piedra, erosionan gradualmente la buena voluntad de otros países, disminuyendo el «poder blando» de Washington. La crónica de la acumulación de daños es la votación anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución de Cuba que condena el embargo estadounidense. Cuando la resolución se presentó por primera vez en 1992, se aprobó con 59 países a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Rumanía) y una mayoría de 71 abstenciones. El año pasado, 187 países votaron a favor de la resolución. Ucrania se abstuvo y solo Israel se unió a Estados Unidos en el voto negativo.
Cuando los patriotas estadounidenses declararon su independencia de la corona británica, detallaron sus razones en la Declaración de Independencia por un «decente respeto a las opiniones de la humanidad». Ese respeto no es una virtud que los responsables políticos de Washington deban abandonar solo porque Estados Unidos se haya convertido en una superpotencia.
Publicado originalmente en Responsible Statecraft. Traducido al español, con autorización de su autor, para ser publicado en La Joven Cuba.
