El Ministerio de Consumo ha publicado el borrador de la ley que regulará el uso de “loot boxes” en los videojuegos y establece una verificación de edad para su uso que obligará a dar el DNI

Jugar a determinados videojuegos será muy diferente en España tras la aprobación de la ley que regula el uso de Mecanismos Aleatorios de Recompensa (MAR), más conocidos como loot boxes o cajas de botín, asociados a productos de software interactivo de ocio y cuyo borrador ha publicado el Ministerio de Consumo. La nueva ley prohibirá a los menores de edad el uso de estos mecanismos dentro de un videojuego cuando su activación cueste dinero u otros objetos virtuales adquiridos con dinero directa o indirectamente, como pueden ser NFT o criptomonedas. En consecuencia, en este tipo de productos los jugadores deberán acreditar su mayoría de edad mediante DNI o identificación biométrica. Las restricciones no afectan a las cajas de botín que pueden conseguirse por otros medios en el videojuego y no requieran un intercambio de tipo económico, como es el caso de la acumulación de horas de juego.

España se convierte así en el primer país en regular el uso de este tipo de productos comerciales que forman parte de los sistemas de monetización de muchos videojuegos. Una “loot box” o caja de botín añade contenidos extra a un videojuego (dependiendo del título, puede ser el aspecto de un personaje, un arma u otro objeto, un jugador en un videojuego deportivo, una habilidad o monedas virtuales para adquirir más contenido entre muchas otras opciones) que el jugador adquiere sin saber realmente qué va a encontrar. De ahí la asimilación que el Ministerio de Consumo hace entre los Mecanismos Aleatorios de Recompensa y los juegos de azar que han motivado esta ley que, aunque no los pone al mismo nivel, sí considera su peligrosidad en el caso de uso por menores de edad.

El anteproyecto obliga a los desarrolladores y a las webs y plataformas de intercambio de este tipo de productos externas al propio videojuego a introducir mecanismos que permitan comprobar la edad del jugador a través de una verificación documental o biométrica. Los primeros también deberán dar la opción al jugador mayor de 18 años a limitar el gasto estableciendo límites de tiempo e importe para sesiones de juego o de forma completa a través de un sistema de autoexclusión. Además, los videojuegos deberán indicar las posibilidades reales que tiene un usuario de conseguir un determinado premio en una caja de botín.

Estos productos deberán informar a sus usuarios de “los riesgos derivados de la práctica irreflexiva o compulsiva en la activación de mecanismos aleatorios de recompensa integrados”, así como de la existencia de los mecanismos de autoexclusión, el modo de funcionamiento de los MAR, la prohibición de ser utilizados por menores de edad y los mecanismos de control parental que pueden utilizarse.

La ley también establece límites a la publicidad de este tipo de productos que no podrá tener lugar de forma física o presencial, a través de cartelería exterior o medios impresos, ni en webs que no tengan relación con los videojuegos. En radio y televisión estará limitada a la franja horaria entre la una y las cinco de la madrugada.

El régimen sancionador incluido prevé infracciones leves de hasta 25.000 euros, graves que alcanzarán hasta los 200.000 euros y muy graves con un coste de hasta 3 millones de euros y el cierre del medio por el que se activen los MAR en casos como permitir el uso de los MAR a menores de edad o no establecer un sistema de verificación de edad, entre otros.

Este anteproyecto de ley se encuentra ahora en fase de audiencia pública en la que ciudadanos, organizaciones y asociaciones pueden hacen llegar al Ministerio sus opiniones sobre la norma hasta el próximo 23 de julio. Una vez aprobado en el Consejo de Ministros, comenzará su tramitación en las Cortes Generales.

Sobre este anteproyecto, Alberto Garzón, ministro de Consumo, señalaba recientemente que “un sistema tan particular como el de las loot boxes que hoy analizamos es donde se han introducido características muy similares a las de los juegos de azar tradicionales. Comparten la aleatoriedad o el azar en el resultado, que cuesta dinero activar el mecanismo y que el premio tiene un valor evaluable”. También defendió que la futura ley “permitirá divertirse y que eso sea compatible con la preservación y maximización de la salud de todos los consumidores y, en particular, de los más vulnerables”.