Donald Trump podría activar una ley de más de dos siglos de antigüedad que permitiría el uso de tropas en suelo estadounidense para contener la migración. Aunque las cifras de cruces ilegales disminuyeron drásticamente desde su asunción en enero pasado, el presidente dejó la puerta abierta a una escalada inédita en su política fronteriza con la posible utilización de la Ley de Insurrección.
El 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional en la frontera sur. En ese mismo decreto, solicitó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que elaboraran un informe conjunto en un plazo de 90 días sobre la situación en la frontera con México. El encargo incluía una sugerencia clave: recomendar si debía invocarse la Ley de Insurrección de 1807.
Desde entonces, el gobierno movilizó tropas al sur del país norteamericano, reforzó el sistema de vigilancia y autorizó al Pentágono a tomar el control de una franja de tierra de unos 18 metros de ancho a lo largo de gran parte del límite con México. Ese espacio se convirtió en una suerte de puesto militar, donde soldados participan activamente en tareas de patrullaje y búsqueda de personas que ingresan de forma ilegal.
El plazo de 90 días venció este domingo, pero aún no se conoce la recomendación final del informe. No obstante, la expectativa crece a la par de las preocupaciones entre especialistas legales y expertos en relaciones cívico militar, según explicaron desde The Washington Post.
La Ley de Insurrección fue promulgada en 1807 y otorga al presidente poderes excepcionales para intervenir con fuerzas militares cuando se declare una rebelión o cuando la ley y el orden hayan colapsado. En la práctica, suspende temporalmente el Acta Posse Comitatus, que impide el uso de militares en tareas policiales dentro del territorio.
La ley podría:
Rosa Brooks, profesora de derecho en la Universidad de Georgetown, le explicó a The Washington Post que esta ley se pensó para “situaciones de crisis extremas” y que utilizarla en el actual contexto “sería verdaderamente sin precedentes y alarmante”.
Asimismo, advirtió que los militares no están entrenados para tareas de seguridad ciudadana y que su involucramiento podría ser peligroso para la democracia y para la propia institución castrense.
El uso de la Ley de Insurrección no es nuevo en la agenda de Trump. Durante su primer mandato, tras las protestas por el asesinato de George Floyd, el presidente intentó activar esta norma para sofocar manifestaciones en varias ciudades. El entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, se opuso públicamente y luego fue despedido.
Ahora, con nuevas figuras en el Pentágono, la pregunta sobre la invocación vuelve a surgir. En su audiencia de confirmación, el actual jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, afirmó que no obedecería una orden inconstitucional. “No espero que eso ocurra”, añadió, en relación con una eventual presencia de la Ley de Insurrección.
Según la profesora Laura Dickinson, de la Universidad George Washington, la Ley de Insurrección se utilizó unas 30 veces en la historia, casi siempre a pedido de los gobernadores estatales. El último caso fue en 1992, cuando el presidente George H.W. Bush la activó tras una solicitud del mandatario de California, Pete Wilson, en medio de los disturbios por la golpiza policial a Rodney King.
En ese entonces, los saqueos y los incendios habían devastado parte de Los Ángeles y más de 60 personas habían muerto. En contraste, hoy no hay manifestaciones masivas ni situaciones de violencia en el sur de Estados Unidos. Por lo tanto, Dickinson señaló que podría tratarse de un gesto radical, sin precedentes, si Trump decidiera activar la ley sin una justificación tangible.
Una alternativa sería invocar la norma, pero no desplegar tropas de inmediato, como hizo Ronald Reagan en 1987 durante un motín carcelario en Atlanta. En esa ocasión, se enviaron asesores militares para ayudar al FBI, pero las fuerzas no ingresaron al penal y la revuelta concluyó sin una operación militar.
