Luz verde. Y nunca mejor dicho. El Consejo de la Unión Europea ha materializado una de las grandes apuestas que aprobó la Eurocámara hace ahora, justo un mes. Una decisión histórica para atajar los daños contra el medioambiente. Se trata de la directiva que recibió el visto bueno del pleno del Parlamento Europeo que aumentará la lista de delitos medioambientales en territorio comunitario.
Es una cuestión que permitirá que en ese listado entren como delitos ambientales, también, el comercio ilegal de madera y el agotamiento de los recursos hídricos. También se establecerán una serie de medidas dirigidas a endurecer las sanciones a individuos y empresas.
La nueva directiva, que salió adelante el pasado con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones, contiene una lista actualizada de delitos penales que incluyen a los mencionados comercio ilegal de madera, agotamiento de los recursos hídricos, pero también infracciones graves de la legislación de la UE sobre sustancias químicas y la contaminación causada por barcos.
¿Qué novedades trae?: del “delito cualificado” a las multas millonarias a empresas
La nueva directiva incluye un “delito cualificado”, entendido como aquel que se comete intencionalmente y que causa bien la destrucción o bien un daño extenso y sustancial, de carácter irreversible o duradero, a un ecosistema de considerable tamaño o valor ambiental, a un hábitat natural dentro de una zona protegida, o a la calidad del aire, del suelo o del agua.
Estos supuestos serán comparables a un ecocidio y podrán ser sancionados con ocho años de prisión, una pena que se elevará a diez años en caso de que causen la muerte de una persona, mientras que el resto de infracciones llevarán aparejados hasta cinco años de cárcel.
Los delitos medioambientales cometidos por particulares y representantes de empresas se castigarán con penas de prisión dependiendo de la duración, la gravedad o la reversibilidad del daño. Además, se exigirá a los infractores que restablezcan el medio ambiente dañado y podrán enfrentar también multas.
En el caso de las empresas, las multas alcanzarán entre el 3% y el 5% de su facturación anual mundial o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito, y los Estados miembro podrán decidir si persiguen delitos penales que no tuvieron lugar en su territorio.
