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La ONU recuerda a los Estados su obligación de proteger a los

Autor: Noticias ONU

El compromiso proactivo de todos los Estados es primordial para crear condiciones que garanticen el respeto de los principios de derechos humanos, incluido la prohibición de la devolución y la prevención de daños graves u otros riesgos.

Salvar vidas y prevenir muertes de migrantes en el mar es una obligación de los Estados, ha recordado este miércoles un grupo de agencias de la ONU, que ha destacado que esa obligación va incluso más allá de su rescate.

Los miembros del Grupo Interinstitucional sobre la Protección de los Refugiados y los Migrantes* indicaron que los afectados pueden desembarcar en lugares donde no se contemplen las garantías necesarias para proteger su vida, su seguridad y otros derechos humanos, como el de asilo, o para evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes o la detención arbitraria.

La Organización Internacional para las Migraciones señala que el derecho internacional exige que toda persona rescatada en el mar sea rápidamente desembarcada y entregada a un “lugar seguro”.

Las directrices sobre el trato de las personas rescatadas en el mar de la Organización Marítima Internacional definen este concepto “como el sitio en el que se considera que las operaciones de rescate han terminado; donde la seguridad de la vida de los supervivientes ya no está amenazada y donde pueden satisfacerse sus necesidades humanas básicas (como la alimentación, el alojamiento y las necesidades médicas), teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada persona”.

Por ello, los miembros del Grupo subrayaron que salvar vidas y prevenir muertes y lesiones en los mares debe seguir siendo la prioridad colectiva de los Estados y que el derecho marítimo exige rescatar y asistir a las personas que se encuentren en situación de peligro en el mar.

“El compromiso proactivo de todos los Estados es primordial para crear condiciones que garanticen el respeto de los principios de derechos humanos, incluido el acceso a los procedimientos pertinentes, la prohibición de la devolución y la prevención de daños graves u otros riesgos”, afirmaron.

Con ello se garantiza “que las personas rescatadas en el mar, incluso en alta mar, sean desembarcadas rápidamente en un lugar seguro y reciban un trato seguro y humano, independientemente de su situación jurídica y de conformidad con el derecho del mar y otras obligaciones del derecho internacional”.

Al mismo tiempo, si bien reconoce que el Estado responsable de la Región de Búsqueda y Salvamento en la que se recuperó a las personas rescatadas es el principal responsable de proporcionar un “lugar seguro”, este concepto debe interpretarse en función del derecho internacional.

De este modo, el rescate de migrantes y refugiados en el mar “debe tener en cuenta las normas internacionales de derechos humanos y de refugiados, así como las normas de derecho penal transnacional a la hora de identificar y decidir dónde pueden ser desembarcados”.

Un grupo de migrantes que sobrevivió al vuelco de una embarcación de contrabandistas en el Golfo de Adén fue trasladado a tierra en Obock, en Djibouti.

OIM/Olivia Headon

Un grupo de migrantes que sobrevivió al vuelco de una embarcación de contrabandistas en el Golfo de Adén fue trasladado a tierra en Obock, en Djibouti.

Las peticiones del Grupo a los Estados

En su llamamiento, el Grupo Interinstitucional sobre la Protección de los Refugiados y los Migrantes hace una serie de peticiones como:

  • Analizar la necesidad de seguir desarrollando, de acuerdo con el derecho internacional, el requisito de entregar a las personas recuperadas en el mar a un lugar seguro
  • Redoblar los esfuerzos para fortalecer la cooperación internacional y multilateral para desarticular las redes criminales organizadas que facilitan la migración irregular
  • Investigar y perseguir de forma eficaz los abusos cometidos contra migrantes víctimas de tráfico ilícito, incluyendo los países de tránsito y de destino, procesando los delitos relativos a las formas más graves de tráfico ilícito
  • Crear las condiciones adecuadas que permitan el respeto de los derechos humanos de las personas rescatadas en el mar en sus territorios, incluyendo, la exclusión de persecución, tortura, trato cruel, inhumano o degradante, detención arbitraria, tráfico de personas la violencia y la explotación sexual, la esclavitud, la extorsión, el trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso y otros malos tratos, protegiendo al mismo tiempo los derechos y el interés superior de los niños, incluidos los menores no acompañados, y garantizando el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos la salud, la vivienda, la alimentación, el agua y el trabajo digno; de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional
  • Garantizar que los Estados que forman parte de una Región de Búsqueda y Salvamento cumplen el derecho marítimo, del derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos, así como de las normas de derecho penal transnacional, al identificar un lugar seguro para el desembarco de las personas rescatadas en el mar
  • Prestar especial atención en la recuperación de los cadáveres, así como a los esfuerzos encaminados a determinar su identidad, proporcionar a sus familias respuestas sobre su suerte y paradero y evitar que se conviertan en personas desaparecidas
  • Adoptar medidas para evitar la separación de las familias durante las operaciones de rescate en el mar y los procedimientos de desembarco, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos
  • Garantizar la rápida identificación de todas las personas en situación de vulnerabilidad, en particular de los niños, y a que adopten procedimientos de desembarco que tengan en cuenta a los menores. En el caso de los niños no acompañados se debe priorizar de inmediato la localización y la reunificación de la familia
  • Trabajar conjuntamente para encontrar soluciones a largo plazo compatibles con el derecho internacional para los refugiados y migrantes rescatados tras el desembarco.

* El Grupo Interinstitucional sobre la Protección de los Refugiados y los Migrantes está integrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes.

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