La imagen de Kilmar Ábrego García, encerrado en una prisión salvadoreña conocida por su dureza, se ha convertido en el símbolo de una política migratoria cada vez más cuestionada. Su caso —una deportación errónea ejecutada por la administración Trump pese a una orden judicial en su contra— ha desatado un conflicto entre poderes en Estados Unidos y pone el foco sobre una alianza internacional que preocupa a los defensores de derechos humanos.
Ábrego García, de 29 años, estaba protegido por una orden judicial que impedía su deportación, dictada en 2019 por el riesgo que corría si era enviado de regreso a El Salvador. Sin embargo, el 15 de marzo fue expulsado junto con más de 250 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, y encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
Washington reconoció más tarde que su deportación fue un “error administrativo”, pero al mismo tiempo acusó a Ábrego, sin pruebas, de pertenecer a la pandilla MS-13, considerada organización terrorista por el gobierno estadounidense.
Durante una audiencia judicial el martes en Maryland, la jueza Paula Xinis reprendió duramente al gobierno. “Hasta la fecha no se ha hecho nada”, dijo, según reportó The New York Times. El diario también citó a la magistrada afirmando que el error cometido había expuesto a Ábrego a un daño que “conmociona la conciencia”.
Pese a los fallos de tres cortes, incluida la Corte Suprema, que ordenan “facilitar” su retorno, la administración Trump ha adoptado una postura pasiva, alegando que lo recibirán “si se presenta en la frontera”, pero sin tomar acciones concretas para su liberación. La jueza Xinis ha autorizado a los abogados del migrante a deponer a funcionarios del gobierno y a solicitar documentos sobre su detención.
Bukele y Trump: alianza sin frenos
La reunión entre Donald Trump y Nayib Bukele en la Casa Blanca esta semana sirvió para reforzar una cooperación que va más allá de lo diplomático. Durante el encuentro, Trump expresó su deseo de enviar incluso a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a cárceles salvadoreñas, como el Cecot. “Me encantaría hacerlo”, dijo en una entrevista con Fox News.
Bukele, por su parte, se desmarcó del caso de Ábrego alegando que “no tiene el poder” de enviarlo de vuelta a Estados Unidos. Sin embargo, durante la misma visita anunció con entusiasmo que El Salvador se integraría al programa Global Entry para facilitar la entrada de sus ciudadanos con visa a EE. UU.
El respaldo mutuo fue explícito. “Nos están ayudando. Se lo agradecemos”, afirmó Trump, mientras Bukele respondía: “Tenemos muchas ganas de ayudar”.
Para activistas como Juan Pappier, de Human Rights Watch, lo que está ocurriendo en El Salvador es la creación de “un Guantánamo en esteroides (…) un agujero negro donde no haya protección de la ley para las personas que se encuentren allí”, según declaró a AFP.
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El Cecot, una cárcel para los deportados
El Cecot, considerado el penal más grande de Latinoamérica, fue diseñado para albergar a pandilleros salvadoreños. Sin embargo, hoy también retiene a cientos de migrantes deportados desde EE. UU., incluidos venezolanos y salvadoreños, en condiciones de aislamiento y sin visitas, de acuerdo con reportes de AFP y testimonios recogidos por HRW.
“Washington está enviando migrantes a El Salvador solo por andar manchados (tatuados)”, dijo Ricardo Rosales, un transportista salvadoreño, a AFP. El caso de Andry Hernández Romero, detenido supuestamente por tener tatuajes que lo vincularían al grupo Tren de Aragua, fue citado por su madre, quien aseguró que su hijo “está injustamente preso”.
Expertos señalan que esa banda no utiliza tatuajes como método de identificación, y HRW advierte que estas detenciones son “totalmente arbitrarias y potencialmente indefinidas”.
Una estrategia totalitaria
La administración Trump ha justificado estas acciones apelando a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma histórica que solo había sido usada durante guerras, y con ella ha financiado los vuelos que llevaron a cientos de migrantes al Cecot. Según AFP, solo el primer grupo costó seis millones de dólares.
El caso de Ábrego García, sin embargo, amenaza con convertirse en una bomba jurídica. Un tribunal de apelaciones ya comparó su expulsión con un “secuestro oficial” y alertó que permitir estas acciones abre “una vía de ilegalidad perfecta que los tribunales no pueden tolerar”, según reportó The New York Times.
En medio de este escenario, las organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos insisten en que la justicia debe prevalecer. Jennifer Vásquez Sura, esposa de Ábrego, fue clara al exigir: “No dejaré de luchar hasta verlo con vida”.
Con información de AFP
