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La república del odio: fanatismo y racismo en Irán

Autor: Gabriel Vilanova

Tras la revolución islámica de finales de la década de 1970, Irán se ha convertido en uno de los peores lugares del mundo para las minorías religiosas, étnicas, lingüísticas o nacionales. No es que antes de la revolución fuese un paraíso, pero entonces la práctica de determinadas religiones y la pertenencia a determinados grupos étnicos no eran la base para conseguir determinados privilegios, o para ser privados de determinados derechos. Inmediatamente después de la revolución los patrones religiosos, étnicos, nacionales o lingüísticos pasaron a ser las bases de la discriminación para todo aquel que no perteneciese a la mayoría dominante.

La constitución iraní reconoce a las tres religiones abrahámicas: cristianismo, judaísmo e islam, pero la violación de los derechos de los sunitas, cristianos, judíos bahaíes, derviches y otras minorías religiosas es constante. Muy poco después del triunfo de la revolución fue ejecutado Habib Elqanian, un hombre de negocios y filántropo judío, acusado de ser un “espía sionista”, “un corrupto sobre la Tierra”, y de “tener contactos con Israel”. Su ejecución, y la subsiguiente confiscación de todos su bienes y de los de todos los miembros de su familia, provocaron el inmediato éxodo de unas comunidades judías que llevaban siglos viviendo en el país.

También los cristianos y los zoroastristas están siendo perseguidos en los últimos 40 años. Es verdad que la práctica de sus religiones está permitida, pero ni pueden hacerla a la luz pública ni predicarla de ninguna manera. Además en muchos casos las leyes islámicas violan los derechos de esas minorías, como en el caso de los testimonios judiciales y los pagos por la venganza de sangre. En el código penal islámico la pena por asesinato, si la víctima es un musulmán, es la pena de muerte, mientras que si la víctima no es musulmana basta con el pago de la venganza de sangre. De la misma forma el testimonio de un no musulmán en contra de un musulmán carece de validez. Podríamos añadir otros hechos, como por ejemplo que los cristianos y judíos no pueden formar parte del ejército ni ocupar cargos políticos o ser funcionarios.

Según diferentes informes, entre 2000 y 2020 miles de conversos al cristianismo han sido arrestados en Irán y forzados a vivir en el aislamiento total. En Irán, al igual que otros países musulmanes, hacer apostasía del islam y convertirse a otra religión, o pasar a ser ateo, se castiga con la confiscación de todos los bienes, la pena de muerte y el divorcio obligado entre los esposos. Y de la misma forma que en Arabia Saudí la mayoría sunita persigue a la minoría chiita, en Irán ocurre lo contrario, a pesar de que se hable de la convivencia entre estas dos ramas del islam. Los sunitas, por ejemplo, no pueden tener mezquitas en Teherán, y en muchas provincias están totalmente marginados y carecen de derecho a voto en las elecciones regionales y municipales. La minoría religiosa más perseguida de todas es la bahaí, porque es considerada como una herejía y no como una religión, y a pesar del pequeño número de sus fieles hay cientos de ellos detenidos. Su religión está prohibida, sus hijos no tienen derecho a la educación y sus miembros son acusados de crímenes tales como “constituir una amenaza a la seguridad nacional”.

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A pesar del grado elevadísimo de pobreza, de la peligrosidad social y el incremento de los delitos, el régimen cree que el principal problema de seguridad es el que provocan los activistas por los derechos civiles y por los derechos de las mujeres. Miles de militantes de ambos sexos están en prisión por defender estos derechos, o por luchar en contra de la obligación de llevar el velo para las mujeres. Irán es uno de los países del mundo con más ejecuciones capitales, pena utilizada normalmente contra las minorías de todo tipo. Se niega el derecho a los grupos lingüísticos minoritarios a educar a sus hijos en su propia lengua, y profesores de kurdo son continuamente enviados a prisión. Este fue el caso de Zahra Mohammadi, una maestra de 28 años que enseñaba su lengua materna en una remota aldea, por lo que fue acusada de “formar un grupo contra la seguridad nacional” y condenada a 5 años de cárcel.

Al fanatismo religioso debemos sumar la discriminación contra todos los grupos de refugiados. La mayor parte de ellos son afganos, que abandonaron su país durante la invasión soviética en los años 1980 y bajo el régimen talibán de los 1990. Su inmensa mayoría son inmigrantes indocumentados que en las dos últimas décadas han llegado a Irán en busca de trabajo. Carecen de derechos, pero eso también le pasa a los inmigrantes legalizados, que consiguen llegar a Irán para escapar del paro crónico de su país de origen. Todos ellos sufren un doble racismo: el legal, regulado por las leyes, y el social, que está difundido entre todos los niveles sociales de Irán. Por el primero de ellos son gravados con impuestos muy elevados y castigados a no tener acceso a los servicios públicos. Pero el racismo social es muchísimo peor, porque se vive día a día. Es por él por lo que se niega a los niños el derecho a la educación, posible solo si los niños afganos pueden asistir a alguna de las escuelas financiadas por la ONU. Y si, a pesar de todo, algunos estudiantes consiguen acceder a la universidad, será a costa de pagar unas tasas de matrícula más elevadas que sus compañeros.

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Los afganos que viven en Irán están acostumbrados al insulto de “sucios afganos” y a verse discriminados en el día a día. Este es el caso de Maryam (nombre ficticio), refugiada de 36 años: mi tío acabó un grado en una universidad iraní. Cuando fue a pedir el título le dijeron que solo se lo darían si cursase un máster. Así lo hizo, pero entonces le negaron los dos títulos. Le dijeron que se los darían si pasaba a cooperar con el servicio de inteligencia para espiar a grupos de afganos. Mi tío tuvo que dejarlo todo y emigrar a Europa ilegalmente. Vive en un campo de refugiados (entrevista online 1 junio, 2021).

Los legisladores iraníes han presentado un proyecto de ley que permite a la policía de fronteras disparar sin previo aviso a vehículos sospechosos de transportar inmigrantes ilegales afganos, así como detenerlos y multarlos. Esa misma ley castigaría a quien les ayude a entrar, los aloje o les dé un empleo. Paralelamente otra ley prohíbe el trasplante de órganos de iraníes a afganos, aunque haya consentimiento; y también está prohibido que los afganos estudien carreras relacionadas con las TIC, la ingeniería petroquímica, la física nuclear, seguridad de la red informática… Y de la misma manera no pueden vivir en determinadas provincias ni entrar en algunos parques públicos.

Según ACNUR en Irán viven unos 3,5 millones de refugiados afganos, entre legales e ilegales, pero su situación no tiene nada que ver con lo que normalmente entendemos como refugiado, aunque algunos vivan allí desde hace más de cuarenta años. Irán no cumple su compromiso con el convenio internacional sobre refugiados de 1951, y una consecuencia de ello, por ejemplo es su negativa a escolarizar a los niños hijos de afganos sin documentación. Ni siquiera si son hijos de afgano e iraní se les da ningún documento de identidad, así que no tienen derecho a la educación y están bajo la constante amenaza de deportación. La policía de fronteras ha matado inmigrantes en varias ocasiones en los últimos 10 años, pero cuando se descubre algún caso, como en mayo de 2020, se defiende argumentando que el país no puede recibirlos por la pobreza causada por las sanciones impuestas por la ONU y los EEUU desde hace 40 años. El tratamiento que se da a los refugiados no solo está impulsado por la xenofobia, sino por un nítido y claro racismo, ya que solo se le da a los afganos y no a los chinos, japoneses y ciudadanos de los países europeos.

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El régimen iraní obtiene confesiones bajo tortura y las retransmite de forma solemne, como en el caso del periodista Rohullah Zam, director de Amad News, que había solicitado asilo político en Francia. Cuando decidió viajar a Irak fue secuestrado y extraditado a Irán, donde fue ejecutado en diciembre de 2020. En la entrevista televisada, que era un auténtico interrogatorio, a Zam le preguntaron qué castigo prefería: “la ejecución, como dije al primcipio”. Es una buena muestra de cómo el régimen iraní como la URSS de Stalin y otros estados totalitarios, tortura y consigue anular a sus víctimas, hasta llegar a hacerles creer que de verdad merecen ser ejecutadas.

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