La amenaza de Donald Trump de deportar a 11 millones de personas indocumentadas de Estados Unidos ha hecho saltar las alarmas del Gobierno mexicano y en concreto de los Estados del norte del país. Varias ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo o Reynosa resienten esa presión y trabajan a marchas forzadas desde hace semanas para ampliar su red de albergues con la que atender a los migrantes deportados. Sin embargo, los Estados del norte advierten de los obstáculos económicos y de infraestructura que enfrentan y han hecho un llamado al Gobierno de Claudia Sheinbaum para trabajar de manera conjunta.
La presidenta se reunió este lunes con su gabinete al completo para coordinar las acciones logísticas y legales que se llevarán a cabo en la frontera. Asimismo ha pedido a los gobernadores de los Estados y los cónsules en el país vecino que redoblen sus esfuerzos para dar apoyo a los mexicanos afectados por las deportaciones. “Estamos preparados para atender a nuestros connacionales con independencia de su estatus migratorio y en donde se encuentren”, señaló el secretario de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, desde la frontera de Sonora.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tijuana, en Baja California, aprobó por unanimidad una declaratoria de emergencia ante las posibles deportaciones masivas. El cabildo de la ciudad acordó durante una sesión extraordinaria prepararse de manera logística, material y normativa ante una posible contingencia. Las autoridades han acordado facultar a la Secretaría del Gobierno municipal y a las dependencias que así determinen el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la contratación de servicios públicos de internet, servicios jurídicos, administrativos y la adecuación de la infraestructura para mejorar los lugares a los que podrían llegar los migrantes.
Actualmente Tijuana cuenta con una red de 44 albergues, sin embargo, el Gobierno municipal busca adelantarse a las escenas vividas en 2018 y 2019, cuando la ciudad colapsó por la llegada de miles de personas que buscaban cruzar a Estados Unidos y se encontraron con la frontera cerrada. Las autoridades municipales han acordado realizar movimientos presupuestarios para crear una partida especial con el fin de atender las necesidades de la comunidad migrante y prevenir una posible contingencia en la ciudad.
Los albergues de Ciudad Juárez, en Chihuahua, también trabajan a marchas forzadas para abrir el mayor número de lugares ante la posible llegada de más personas. Actualmente la ciudad cuenta con 35 puntos para acoger a familias y personas que viajan solas. “La Casa del Migrante tiene una capacidad para 560 personas. Sin embargo, con otros espacios que tenemos en la Iglesia católica, hemos dado respuesta en ocasiones hasta 1.500 personas”, dijo el director de La Casa del Migrante, el sacerdote Francisco Bueno Guillén, a medios locales.
El secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas González, señaló la semana pasada que trabajan en coordinación con el Gobierno federal para ampliar la red de albergues. Actualmente existen nueve en tres ciudades fronterizas con una capacidad para unas 5.000 personas. El secretario de Gobierno declaró que se habilitarán nuevos espacios para dar cabida a otros 7.500 migrantes. “El gobierno de Tamaulipas ha habilitado albergues para ofrecer refugio a los migrantes que buscan regresar a su lugar de origen, pues la mayoría de los migrantes no buscan permanecer en la frontera, sino que su principal objetivo es regresar a sus comunidades en México”, señaló Villegas González.
La falta de recursos y de infraestructura no es algo que afecte solo del lado mexicano, el futuro Gobierno de Donald Trump también enfrentará dificultades legales, de recursos e infraestructura para llevar acabo sus planes de deportación masiva. El zar de la frontera, Tom Homan, encargado de llevar a cabo el plan de deportación, ha pedido a los legisladores republicanos que moderen sus expectativas debido a que existen recursos limitados para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los límites en el presupuesto representan una deportación más escalada que lo prometido por Trump durante la campaña electoral. Según la financiación disponible, el plan de Homan podría estar dirigido a entre uno y dos millones de personas para su expulsión inmediata.
