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Lisie Burgos presentó un proyecto que pretendía imponer 99 años de cárcel a las mujeres que se realizaran un aborto

Autor: Leysa Caro Gonzalez
La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos.
La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos. (Ramón “Tonito” Zayas)

La portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara, la representante Lisie Burgos, presentó ayer, sábado, una medida legislativa –que horas después retiró– para castigar con una pena fija de 99 años a aquellas mujeres que se realicen o consientan un aborto.

El Proyecto de la Cámara 1407 –que presentó a 24 horas de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara el caso Roe vs. Wade que dio paso a la protección del derecho al aborto– disponía, además, una pena de tres a ocho años a las mujeres que procuraran terminar su embarazo ingiriendo alguna droga o sustancia y de 99 años si, en efecto, el feto moría.

La medida, que provocó la indignación de diversos sectores y activistas de los derechos humanos, fue retirada ayer, sábado, último día para la aprobación de medidas durante esta sesión ordinaria.

Burgos proponía enmendar los Artículos 98, 99 y 100 del Código Penal “para especificar cómo se aplicarán las excepciones que indica la ley y de esa manera proteger la vida del bebé y de la mujer embarazada que es coaccionada a abortar”, sostuvo la portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara.

Las únicas excepciones para no imponer las penas antes mencionadas eran cuando el aborto fuera la única alternativa para salvar la vida de la persona gestante debido a complicaciones físicas acaecidas durante el embarazo o condiciones físicas preexistentes, y cuando esta padezca de alguna enfermedad mental. Ambas instancias tenían que ser certificadas por profesionales de la salud.

El Supremo federal anunció el viernes la derogación del reconocimiento constitucional del derecho al aborto, que había sido garantizado desde 1973 en la nación estadounidense. La determinación estuvo basada en el argumento de que no es un derecho constitucional –a nivel federal– y deben ser los funcionarios electos de los gobiernos estatales los que decidan ese asunto.

A nivel local, además de la Constitución de Puerto Rico, prevalece la normativa del caso de Pueblo vs. Duarte (1980), que reconoció el derecho de las mujeres a abortar como una garantía protegida por el derecho a la intimidad.

“En el aborto, quien sale perdiendo es la mujer. Los beneficiados son la industria abortista; los hombres agresores e irresponsables que no se quieren hacer cargo de la criatura que engendran y los pedófilos que quedan impunes. Con esta legislación cerramos las puertas a esas industrias que se aprovechan del sufrimiento y vulnerabilidad de la mujer embarazada”, argumentaba la legisladora en unas expresiones escritas que envió anunciando la radicación del proyecto ya retirado.

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