Uno de los mayores desafíos de los países desarrollados consiste en financiar la salud de sus poblaciones. El avance de las tecnologías médicas, incluyendo fármacos, dispositivos o procedimientos para el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, sumado a la prolongación de la vida y las prácticas “defensivas” de los profesionales (responsabilidad médica), impulsa un gasto en salud cada vez mayor, superior al crecimiento de las economías. Ninguno ha encontrado la solución perfecta y la carga sobre los presupuestos nacionales se hace cada vez más pesada.
Un solo país creyó haber logrado la solución perfecta para esos dilemas insolubles en el mundo desarrollado. Es la Argentina, el país mágico donde todo es gratis cuando el gobierno busca votos y se vuelve caro cuando “se acabó lo que se daba”. Durante el kirchnerismo, en lugar de encarar el problema sumando y restando, con lápiz afilado y el ceño fruncido, como lo hace el resto de la humanidad, se le dio una “solución política”. Es decir, sin costo aparente, creando distorsiones que ahora estallan a través de aumentos inexplicables en las cuotas de la salud privada. De la misma forma en que fueron casi gratuitas las tarifas de energía y del transporte urbano hasta que llegó la motosierra. Solo que las “prepagas”, a diferencia de las generadoras y los colectivos, no recibieron subsidio alguno y debieron sobrevivir cortando por lo más fino.
“Cortar por lo más fino” significó que durante veinte años deterioraron sus finanzas y las de los prestadores, quienes debieron relegar inversiones, atrasar salarios del personal y congelar honorarios de los médicos: por eso muchos renunciaron o piden “copagos” para atender a los afiliados.
A través de una sucesión de leyes y de sentencias judiciales, se obligó a las “prepagas”, al igual que a las obras sociales, a financiar tratamientos y medicamentos de altos costos, sin incrementos de cuotas para compensarlos. Quienes ahora –con razón– se sorprenden por los aumentos no saben que las facturas contienen una carga enorme de gastos “solidarios” que la política y los tribunales les han impuesto y que ahora impactan con fuerza en la cifra final. Como ocurre con la nafta, la luz y tantas otras cosas cuyos valores están distorsionados por “impuestos invisibles” que deberían reducirse para mejorar la vida de la gente.
Un poco de historia. En 1996 se obligó a las obras sociales a cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO), que prevé el tratamiento del cáncer, enfermedades cardiovasculares y renales, de patologías mentales; acceso a prótesis, a remedios para diabetes y atención domiciliaria, entre otros. El mismo año, por otra ley, ese PMO fue impuesto también a las prepagas, que, desde los años 80 hasta ese momento, eran absolutamente privadas y funcionaban bien, en función de un equilibrio entre sus diferentes planes y las distintas cuotas acordadas con sus afiliados.
Varios legisladores encontraron en esa varita mágica “la razón de sus vidas” impulsando leyes que ampliaron el PMO a instancias de asociaciones de pacientes y de reclamos sociales, para obligar a las prepagas y a las obras sociales a cubrir, sin aumentar sus cuotas, distintos problemas graves de salud. Se sancionaron leyes para tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de personas con SIDA, por uso de estupefacientes o por trastornos alimentarios u ostomizadas. También, para la epilepsia, la hipoacusia o las enfermedades poco frecuentes o “raras”; la fertilización asistida, la pubertad precoz y la salud sexual (anticonceptivos hormonales).
El derecho constitucional a la salud implica una obligación del Estado y no de las prepagas, ajenas al organigrama público y distantes del Tesoro nacional
Sin embargo, el mayor descontrol de costos surgió con las discapacidades, que fueron objeto de protección amplísima mediante una ley de 2006 que –completando la de 1981– obliga a cubrir toda clase de prestaciones ajenas al sistema de salud, como colegios, transporte y hogares para adultos. Las discapacidades conforman un amplísimo abanico de limitaciones físicas, sensoriales, mentales e intelectuales cuya atención crece en forma exponencial y ahora implica una parte sustancial de los gastos de las prepagas. Para usar una metáfora: es como si el gobierno, para paliar el problema del hambre o de la falta de viviendas, hubiese obligado a los restaurantes a alimentar a los hambrientos y a los hoteles a abrir sus cuartos a los sin techo, sin cobrarles a ellos ni tampoco al Estado.
En 2011 el kirchnerismo dio el golpe final a la medicina prepaga cuando la inflación comenzó a degradar los ingresos de la población, convirtiéndola en servicio público para fijar así sus cuotas por debajo del avance de los precios. De ese modo, le quitó su naturaleza contractual y le impuso obligaciones extraordinarias, como la afiliación sin períodos de carencia, con preexistencias o con edad superior a 65 años, sin poder ofrecer distintos planes, para distintas edades, con distintos precios, como funcionaban en la Argentina desde que aparecieron, hace 50 años.
Puede juzgarse que son avances sociales propios de un Estado moderno, pero su financiación correspondería al presupuesto nacional, como en el resto del planeta, y no a las empresas particulares, que no tienen forma de absorberlos, ni siquiera aumentando las cuotas de forma desmesurada. De más está decir que ello requiere una economía vigorosa y competitiva y no la decadente que dejó el gobierno saliente en 2023.
Otra avalancha de gastos sin control y desconocidos para el público surgió de los tribunales. A diferencia de aquellas leyes especiales, que tratan patologías que afectan a grupos de personas, los jueces comenzaron a ordenar coberturas “caso por caso”, en función de reclamos individuales que se plantean en estrados de todo el país.
Nuestra Constitución garantiza el derecho a la salud (artículo 42), previendo el recurso de amparo para asegurar su efectividad, en consonancia con el Pacto de San José de Costa Rica. Sobre la base de ello, los magistrados mandan realizar tratamientos o proporcionar medicamentos a las obras sociales y prepagas cuando algún médico (a quien no conocen) lo prescribe. Sin dictamen de un organismo oficial ni evidencia científica definitoria ni, mucho menos, un análisis de costo-efectividad de lo que disponen. Ignoran así que el derecho constitucional a la salud implica una obligación del Estado y no de las prepagas, ajenas al organigrama público y distantes del Tesoro nacional.
Las acciones de amparo por temas de salud se cuentan de a miles y aumentan en forma geométrica por efecto de los precedentes judiciales. Ya hay una próspera “industria del juicio” que, como en materia laboral, se publicita en los medios. Las demandas reclaman prácticas fuera del PMO; prestadores fuera de cartilla o del exterior; medicamentos no aprobados por la Anmat o que no existen en el país. Se ordenan remedios, elementos o prácticas costosísimas, desconociendo los jueces su real efectividad y sin recibir evidencia posterior del beneficio en la salud del paciente.
Ante la situación dramática planteada por los aumentos de las prepagas, el Estado podría hacerles reducir sus cuotas a la mitad eliminando los costos ocultos impuestos por el PMO y las leyes especiales, con una desregulación impostergable para aliviar los bolsillos de las familias. Ninguno de esos derechos se suprimiría, pero su satisfacción quedaría a cargo de toda la población y no solamente de los afiliados a las prepagas. Pues sin duda corresponde al Tesoro nacional financiar el costo de esas leyes con partidas presupuestarias, utilizando la amplia capacidad instalada de prestadores públicos y privados que existen en el país y en el exterior, retribuyéndoles por ello. La situación de las obras sociales es semejante, pero requiere de otras soluciones, dada su diferente estructura de ingresos.
LA NACION
