Los demócratas de California planean tomar fuertes medidas contra las ciudades que bloqueen las clínicas de aborto

EN RESUMEN:

Los demócratas de California han aprobado dos docenas de leyes para proteger el acceso al aborto desde que la Corte Suprema revocó en 2021 el caso Roe vs. Wade. Hay nuevos proyectos de ley sobre la mesa.

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Mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para asumir el cargo, los demócratas de California están desarrollando nuevos planes para fortalecer las protecciones  contra el aborto en el estado.

El Fiscal General Rob Bonta anunció hoy dos propuestas legislativas destinadas a salvaguardar el aborto con medicamentos y hacer cumplir la Ley de privacidad reproductiva del estado, que garantiza que las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre la atención reproductiva sin interferencia del gobierno. 

De aprobarse ambos proyectos de ley, se sumarían a más de dos docenas de otras leyes destinadas a hacer de California un “refugio seguro” en materia de salud reproductiva desde que la decisión Dobbs de la Corte Suprema hace tres años eliminó las protecciones federales al aborto.

La medida se produce mientras los legisladores se reúnen durante una sesión legislativa especial para “proteger de Trump” las políticas del estado. El gobernador Gavin Newsom convocó la sesión para solicitar dinero adicional para que el Departamento de Justicia del estado demande a la administración Trump por una variedad de políticas que podrían ser impugnadas por un gobierno federal conservador, incluidos los programas climáticos y la atención de la salud reproductiva.

“En California no vamos a dar marcha atrás. Estamos absolutamente comprometidos a garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la libertad reproductiva”, afirmó Bonta durante una conferencia de prensa el lunes. El Departamento de Justicia del estado patrocina ambas medidas.

Trump dijo anteriormente que dejará que los estados decidan sobre el aborto, pero se atribuye el mérito de haber anulado las protecciones federales al aborto. La Corte Suprema, con tres jueces conservadores designados por Trump, eliminó en 2022 las antiguas protecciones constitucionales del caso Roe v. Wade para el aborto. 

La asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, demócrata de Orinda, es autora de un proyecto de ley que permitiría a la oficina del fiscal general multar a las ciudades y otros gobiernos locales que interfieran con el acceso al aborto bajo la Ley de Privacidad Reproductiva.

La propuesta surge de las recientes medidas adoptadas por varias ciudades para restringir la apertura de nuevas clínicas de aborto. A principios de este año, la oficina de Bonta llegó a un acuerdo con la ciudad de Beverly Hills , que, según los investigadores del Departamento de Justicia, impidió de manera inapropiada la apertura de una clínica de aborto. Planned Parenthood también está en medio de una demanda contra la ciudad de Fontana por acusaciones de que los funcionarios están impidiendo ilegalmente que la organización abra una nueva clínica. 

“Lo que sabemos es que nuestras leyes son tan buenas como los mecanismos que las hacen cumplir, y por eso hoy estamos anunciando mejores medidas para asegurarnos de que esas ciudades no se interpongan en el camino de la apertura de esas clínicas”, dijo Bauer-Kahan. 

El Consejo Familiar de California, que se opone al aborto, dijo en una declaración en noviembre que el acuerdo de Beverly Hills tendrá un efecto paralizador sobre la autonomía local.

“La batalla en Beverly Hills resalta la importancia de la vigilancia y la defensa frente a la implacable legislación pro aborto”, afirma el comunicado.

Maggy Krell, una asambleísta recientemente elegida por Sacramento, redactará un segundo proyecto de ley para proteger el aborto con medicamentos. Krell, ex abogada de Planned Parenthood y ex fiscal general adjunta que se centró en casos de tráfico sexual, dijo que el proyecto de ley tiene como objetivo proteger la cadena de suministro de píldoras abortivas.

“Tenemos un gobierno federal entrante que es hostil a los derechos de las mujeres. Tenemos un Departamento de Justicia entrante que tal vez ni siquiera defienda la aprobación de la FDA de medicamentos abortivos. Tenemos una Corte Suprema de los Estados Unidos que ha anulado los intereses de libertad personal de las mujeres para controlar sus propios cuerpos… Eso es a lo que nos enfrentamos”, dijo Krell. “Pero California ha hecho mucho para estar preparada para esto”.

En su segundo mandato, muchos defensores del aborto temen que Trump reviva la llamada “ley zombie” del siglo XIX, conocida como Ley Comstock, que prohíbe el envío por correo de equipos y herramientas utilizados para el aborto y otros cuidados relacionados con el embarazo, lo que podría afectar a las píldoras abortivas.

Bonta dijo que uno de los proyectos de ley recientemente presentados protegerá a los fabricantes, distribuidores y proveedores de atención médica de píldoras abortivas de responsabilidad civil o penal cuando “transporten, distribuyan o administren medicamentos legalmente” en California.

Sin embargo, Bonta fue cauto a la hora de revelar demasiados detalles, diciendo que “lo que finalmente incluirá dependerá de lo que haga la administración Trump” y que no quería “telegrafiar” la estrategia defensiva de California a la administración conservadora. La medida es actualmente un proyecto de ley provisional, o un sustituto para una legislación. 

“Les diré que tenemos un plan. Tenemos un plan que es tanto legislativo como de litigio. Creemos que es un plan muy eficaz y, si tuviéramos que desenvolverlo y revelarlo, estaríamos listos desde el primer día”, dijo Bonta.

Esta nota se realizó con el respaldo de la California Health Care Foundation (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención que necesitan, cuando la necesitan y a un precio que puedan pagar. Visite www.chcf.org para obtener más información.

• Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CalMatters.