Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, Donald Trump ha implementado una agresiva política migratoria cumpliendo con sus promesas de campaña de expulsar a la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados del país.
El mandatario estadounidense confirió autoridad a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para realizar redadas en escuelas, hospitales e iglesias para detener a migrantes ilegales y deportarlos a sus países de origen.
Sin embargo, estas medidas han causado opiniones divididas entre los 50 estados que conforman a la Unión Americana y algunas entidades han mostrado mayor apoyo que otras.
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Es el caso de Texas y Florida, dos estados que han jugado un rol clave en la estrategia migratoria de Donald Trump respaldando las acciones del presidente y endureciendo sus propias políticas, además de colaborar con las autoridades federales, de acuerdo con un reporte del medio El Cronista.
Texas ha destinado 3 mil millones de dólares de su presupuesto para la aplicación de leyes migratorias que incluyen el despliegue de policía estatal y la Guardia Nacional en la frontera con México buscando así fortalecer la vigilancia y una mejor capacidad de respuesta.
Incluso desde antes del regreso de Trump a la presidencia, el gobernador Greg Abbott implementó la operación Lone Star en el 2021, como una herramienta clave en la detención de migrantes, permitiendo que miles de personas sean procesadas y transferidas a las autoridades correspondientes para su deportación.

Frontera entre México y Estados Unidos
Gregory Bull / Ap-LaPresse
El estado también aprobó una ley en el 2017 que obliga a las instituciones locales y estatales a cooperar con las autoridades federales de migración. Recientemente aprobó otra legislación conocida como SB4 que busca castigar como un delito estatal la entrada ilegal al estado, aunque ha enfrentado retos legales para su aplicación.
Estas políticas han generado un impacto significativo en la comunidad inmigrante ilegal en su territorio que se calcula en 1.6 millones de personas, según datos del antes citado medio.
Florida
En cuanto a Florida, el gobernador Ron DeSantis ha mostrado su apoyo a las políticas migratorias de Trump e impulsado propuestas que sancionan a instituciones que no participen en el planeamiento de las deportaciones.
Florida, al igual que Texas, también aprobó una legislación que castiga como delito estatal la entrada ilegal al estado.

Frontera entre México y Estados Unidos
Gregory Bull / Ap-LaPresse
También se amplió un programa que facilita el transporte de inmigrantes detenidos hacia centros de deportación o a sus países de origen, una propuesta que ha servido para disuadir a quienes intentan ingresar ilegalmente al estado.
Entre sus políticas que han causado controversia se encuentran la eliminación de matrículas estatales para estudiantes indocumentados y el aumento en las penas por fraude electoral cometidos por extranjeros. Florida también tiene en sus planes imponer un sistema de verificación electrónica de remesas que podría causar limitaciones a la transferencia de dinero que realizan los inmigrantes a sus países de origen.
Actualmente, Florida tiene una población estimada de 1.2 millones de inmigrantes ilegales en su territorio.